Un Poder Judicial en funciones prepara el fichaje de 25 altos cargos

Un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones prepara el fichaje de 25 jueces para altos cargos que se repartirán entre las presidencias de varias Salas del Tribunal Supremo y de los Superiores de Justicia de tres comunidades autónomas. La decisión tiene lugar después de que a principios de año se paralizara el nombramiento de otra tanda de cargos en aras de "la confianza de una pronta renovación de la institución", en referencia a la actualización del órgano de gobierno de los jueces, que aún se mantiene intacto.

Desde diciembre de 2018 está pendiente la renovación de 20 vocales: 11 miembros propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU y uno por el PNV. A ellos se suma el presidente Carlos Lesmes, considerado del ala conservadora. Este reparto deriva en una correlación de fuerzas que no refleja el actual arco parlamentario, a cargo de acordar la ejecutiva del Poder Judicial. De ahí el bloqueo en la negociación entre el Gobierno -interesado en avanzar- y el PP -que ha mostrado su negativa-. Ante la falta de acción de los partidos, los propios magistrados han movido ficha. 

El Poder Judicial ya advirtió en enero que pondría en marcha los nombramientos "si en un tiempo prudencial no se constataban avances" en las negociaciones entre los partidos políticos para renovar la directiva de los magistrados. Hace 19 meses que el Consejo, de mayoría conservadora, entró en funciones. Su presidente, Carlos Lesmes, ha admitido en varias ocasiones que este retraso "constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones" que, de prolongarse, "puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces".

Mayoría con dos votos en contra

Según ha comunicado la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, el acuerdo para elevar las bases de los 25 nuevos nombramientos al Pleno del CGPJ ha sido aprobado por mayoría. Figuran dos votos en contra, el de los vocales Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Ambos han anunciado que formularán un voto particular del que hasta ahora no han trascendido detalles. 

Entre los 25 cargos judiciales a renovar figura la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que quedará vacante el próximo 2 de septiembre, cuando vence el mandato de cinco años del magistrado Luis María Díez-Picazo. Se prevén, también, cambios en las jefaturas de las Salas de lo Contecioso de los TSJ de Asturias y Navarra.

Tal y como ya advirtió el Poder Judicial en el primer documento del plan de choque para la reactivación de la judicatura, una "buena parte" de las medidas adoptadas para combatir la covid-19" generarán "controversias de múltiple índole y, muy probablemente, centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos". Según datos del Ministerio de Justicia, se baraja que el incremento de nuevos asuntos sea del "35% para 2020 y el 125% en 2021" en el ámbito contencioso-administrativo.

Las Salas de lo Social y de lo Militar del Supremo también quedarán vacantes por la jubilación de los magistrados Jesús Gullón y Ángel Calderón el próximo junio. A esta lista se suma la plaza vacante que el juez José Manuel López García de la Serrana -miembro de la Sala de lo Social- dejó en febrero tras su fallecimiento. 

Renovación en TSJ y Audiencias

Asimismo, se prevé la renovación de las presidencias de los tribunales superiores de Justicia de Cantabria, Baleares y País Vasco. Los dos primeros casos responden a la finalización del mandato; el tercero obedece a la jubilación del magistrado titular el próximo 21 de junio. A ello se añaden las convocatorias para las Salas de lo Social de los Superiores de siete comunidades autónomas y las presidencias de nueve Audiencias Provinciales.

Tras el movimiento de ficha anunciado esta semana, el Pleno deberá estudiar dichas bases. De aprobarlas, la Comisión Permanente procederá a anunciar en el Boletín Oficial del Estado cada una de las convocatorias. Se prevé que todas estas diligencias se realicen una vez se levante la suspensión de plazos administrativos dictados durante el estado de alarma.