España

Buenos Aires demanda a Metro de Madrid por 14 millones de euros por la venta de trenes con amianto

La compañía de metro porteña, Subte, pide que se declaren nulos los contratos y solicita una indemnización por daños y perjuicios

Buenos Aires demanda a Metro de Madrid por 14 millones de euros por la venta de trenes con amianto
Buenos Aires demanda a Metro de Madrid por 14 millones de euros por la venta de trenes con amianto Europa Press

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado una demanda en la Justicia española contra Metro de Madrid por ocultar que los 36 vagones que les vendieron en 2011 y 2012 por 5.064.000 euros, contenían amianto. 

La empresa municipal que tiene a su cargo la red de metros porteña pide que se declaren nulos los contratos, alegando que la comercialización de equipos con esta sustancia estaba prohibida, según ha adelantado ‘eldiario.es’. En la demanda, Subterráneos Buenos Aires (Sbase) acusa a Metro de Madrid de "omitir en todo momento y pese a tener conocimiento de ello, la comunicación de la presencia de amianto en los vagones objeto de la venta" y reclama una compensación de 14.978.395,9 euros "con sus intereses" por daños y perjuicios a la red municipal de metro de la capital española. Ya hay 11 trabajadores argentinos enfermos como consecuencia de la intoxicación con esta esta sustancia cancerígena.

Metro Madrid era consciente de la venta de trenes con amianto

En febrero de 2018 las autoridades de Buenos Aires supieron que los trenes que Metro de Madrid les vendió en 2011 tenían este material cancerígeno, algo que de lo que era plenamente consciente la empresa madrileña. Antes de esta venta, ocho años antes, lo reconocieron en un escrito que Metro de Madrid envió a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – dependiente del Ministerio de Empleo-.

"Cuando se compraron estos vagones estaba prohibido el uso de cualquier producto con amianto. La compra fue de buena fe y se supone que se respetan las leyes internacionales", han explicado fuentes del departamento de Desarrollo Urbano de la Capital. En julio de 2013 se pusieron en funcionamiento los vagones, que se retiraron de la circulación en 2018.

Una ley española prohibía desde 2001 vender productos que tuvieran amianto

En 2008, Metro de Madrid comenzó a negociar con Argentina la venta de 36 vagones de metro. En aquella época, Manuel Lamela era el Consejero de Transportes. La operación, finalmente, se cerró años después. Fue en 2011 cuando Metro de Madrid vendió esos vagones – se enviaron por barco desde Bilbao-. Todos los coches que se vendieron a Argentina pertenecían al modelo CAF 5000 1ª serie, trenes que Buenos Aires ha retirado “como medida preventiva”, tal y como informó ‘El Mundo’.

El presidente de la empresa estatal Subterráneos Buenos Aires, Eduardo de Montmollín, reconoció la semana pasada en una entrevista con CNN que en los planos de las piezas de los trenes adquiridos se especificaba que tenían esa sustancia que ya estaba prohibida. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano de la ciudad defienden que "el Metro de Madrid tendría que haber retirado esas piezas [con absesto] para poder vender los trenes e informar fehacientemente al comprador. Si hubieran hecho esto, la compra no se hacía". "El manual de instrucciones no tiene validez legal", agregan.

El escándalo de la presencia de amianto salpicó de lleno a Metro de Madrid. Esta compañía se saltó la Ley al vender a Buenos Aires trenes con amianto. Desde 2001, una orden ministerial del Gobierno de Aznar prohíbe expresamente la comercialización de cualquier producto que tenga amianto. En 2003, es decir, ocho años antes de la venta de los vagones a Buenos Aires, Metro de Madrid reconoció ante el Ministerio de Empleo que los modelos que acabaron en Argentina tenían amianto, según publica 'Cadena Ser'. Este es uno de los motivos que alegan los abogados contratados por Subte para reclamar una indemnización millonaria.

Subte encargó la ofensiva judicial al despacho de abogados DRL, cuyos socio es Luis García del Río que, entre otros cargos, trabajó en la Dirección de los Servicios Jurídicos de la entidad pública Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento.

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