Juicio tarjetas black

Condenas ejemplares para Blesa y Rato por las black: 6 y 4 años y medio de prisión

Condenas ejemplares por las tarjetas black. Seis años de prisión por la implantación de los plásticos opacos para Miguel Blesa y cuatro años y medio de prisión para su sucesor al frente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. La ponencia de la sentencia de 259 folios ha correspondido a la magistrada Teresa Palacios.

La Audiencia Nacional ha condenado a los 65 acusados de las tarjetas black a penas que oscilan entre los 3 meses y los 6 años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida, para los ex consejeros y ex directivos de Caja Madrid y Bankia. Las penas más elevadas se imponen al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (6 años) y al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato que resulta condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Son las penas que solicitaba el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón.

A los dos se les considera autores del citado delito y al resto de acusados colaboradores del mismo. En el caso del ex director general de medios de Cala Madrid, Ildelfonso Sanchez Barcoj, el tribunal le considera colaborador y también cómplice de la mecánica desarrollada por lo que la Sala le condena a dos años y seis meses de cárcel.

En una sentencia de 259 folios, la Sección Cuarta de la Sala Penal se remonta al año 1988, para explicar que durante la presidencia ejecutiva de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid se acordó dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta VISA que vendría a complementar las dietas que ya recibían. Con esa tarjeta se habilitaba disponer dentro de un límite de dinero, como compensación de los esfuerzos y dedicación a la entidad madrileña. Posteriormente en el año 1995, con la incorporación de nuevos consejeros el presidente Jaime Terceiro informó de que esas tarjetas VISA eran exclusivamente para gastos de representación, en el desempeño de su función de consejeros.

Tarjetas al margen de los contratos

La sentencia relata cómo una vez que el acusado Miguel Blesa se colocó al frente de la entidad, por su condición de presidente ejecutivo recibió dos tarjetas de crédito, una de empresa para gastos de representación, y otra también corporativa que se atribuyó a sí mismo, "al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento, con el uso que le dio del caudal de Caja Madrid".

Y él, como presidente, "propició" que a los miembros del Consejo de Administración y a los integrantes de la Comisión de Control, se les facilitase una tarjeta Visa de empresa sin justificación del gasto, "viabilizando así una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta". 

El montante de dinero que representaba el uso de esas tarjetas no se incluía dentro de las relaciones contractuales ni figuraba en el certificado de haberes que Caja Madrid facilitaba cada año a sus directivos, recalca la sentencia

La sentencia, ponencia de la magistrada Teresa Palacios, hace constar que el montante de dinero que representaba el uso de esas tarjetas no se incluía dentro de las relaciones contractuales ni figuraba en el certificado de haberes (o recibo de haberes y certificados de retención del IRPF) que Caja Madrid facilitaba cada año para que sus directivos realizaran sus respectivas declaraciones de la renta, "lo que era perceptible por los acusados, a diferencia del importe de las dietas, cuyo montante sí que figuraba  en aquel documento, junto a la correspondiente retención", siendo por ello coincidente, el certificado de haberes y el borrador de la declaración tributaria que Hacienda remitía cada año a cada acusado, como contribuyente, a fin de realizar su declaración del IRPF.

Todos los acusados, según explica la resolución, conociendo la previsión legal y estatutaria sobre la única percepción dineraria contra la entidad, que eran las dietas declarada a Hacienda, y después de comprobar que la tarjeta corporativa no respondía a ello "les dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid, contribuyendo con su proceder a la merma del mismo propiciada por el acusado Miguel Blesa".

Rato mantuvo el sistema fraudulento

Los hechos probados de la sentencia describen la operativa dirigida por Blesa, posteriormente por Rato y que fue llevada a cabo por el entonces Director General de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj. Él comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y quienes dispondrían de código PIN.

Por esta razón, el tribunal le considera no sólo colaborador de un delito continuado de apropiación indebida sino también cómplice de la mecánica descrita, y de "contener bajo su control y al margen del conocimiento de terceros distintos de los usuarios de las tarjetas de las que disfrutaban los miembros de los dos órganos de gobierno además de sus presidentes, al igual que en la etapa de Bankia, que se mantuvieron el empleo de aquellas, dando de este modo cobertura a la merma del caudal de la entidad por la atención a los intereses lucrativos de sus beneficiarios".

El relato de hechos de la sentencia finaliza en los años 2010 y 2012, cuando  Rodrigo Rato accedió a la presidencia de Bankia. Informado de las tarjetas en cuestión –señalan los jueces- "mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos ya expuestos, atribuyéndose una sin amparo en su paquete retributivo, evidenciando además por las condiciones de uso, lo que no le impidió el empleo que le dio contra el caudal de la entidad, el detrimento del mismo, junto al que sabía que se originaba con las que seguía  operativas de la etapa de su predecesor en el cargo”.  Desde junio de 2011 hasta mayo de 2012 extendió la práctica en su propio beneficio y en el de los acusados José Manuel Fenandez Norniella y Sánchez Barcoj.  

De esa forma se compensaban las limitaciones legales retributivas que había marcado recientemente el Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de aquel año, de saneamiento del sector financiero, a los administradores y directivos de las entidades de crédito que como Bankia, habían recibido apoyo financiero público para su saneamiento.  Tanto a Rato como a Blesa el tribunal les considera actores en tanto que ostentaban "el dominio del hecho" y ellos mismos podían haber acordado "el reverso de la decisión adoptada" es decir, suprimir esa operativa.  A los demás condenados se les considera colaboradores, porque contribuyeron todos ellos a la merma del caudal de la entidad bancaria.

Como hecho relevante, los jueces hacen constar el caso de uno de los consejeros, Francisco Verdú, quien rechazó la tarjeta "por no venir contemplada en su paquete remuneratorio".

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