Publicado: 03/11/2017 04:00
La decisión de Carles Puigdemont de fugarse a Bélgica 48 horas después de proclamar la república y cantar junto a los integrantes del Govern ‘Els Segadors’ en el Parlament ha permitido al expresident catalán y a otros cuatro exconsellers, en concreto Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret eludir la acción de la Justicia española durante un plazo de entre 70 y 100 días.
La juez Carmen Lamela, que instruye en la Audiencia Nacional ha enviado este jueves a la cárcel al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los otro ocho integrantes del Govern que sí han declarado, en concreto Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Santi Vila, aunque este último podría salir de la cárcel tras pagar 50.000 euros.
También están en la cárcel por orden de Lamela los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que este viernes sabrán la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tendrá que decidir sobre sus recursos para salir de prisión.
Carles Puigdemont podrá eludir a la Justicia española hasta que Bélgica le extradite
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco integrantes de la Mesa de la cámara autonómica, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet están sometidos a vigilancia policial por orden del Tribunal Supremo, que interrumpió su comparecencia de este jueves.
Sin embargo, Puigdemont podrá eludir a la Justicia española hasta que Bélgica le extradite. Y el abogado de Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, ya ha anunciado que centrará la estrategia de defensa del expresidente de la Generalitat en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España.
Como consecuencia de haber eludido esta citación, la Fiscalía podría pedir a la juez que lleva el caso que solicite una Orden Europea de Detención para que las autoridades belgas procedan a su arresto.
Si aceptasen su entrega a España, se haría sin más complicaciones; de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas
Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002. La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación, según informa Efe.
Según el ordenamiento jurídico belga, los seis ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días.
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.
Si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención
La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención. Una vez aceptada la extradición, las autoridades belgas tendrían otros diez días para entregar a los fugados.
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