España

Baleares pide 2 años y 10 meses de cárcel para su expresidente, Jaume Matas (PP)

Le acusan de fraude a la administración, prevaricación continuada y tráfico de influencias

El expresidente balear, Jaume Matas.
El expresidente balear, Jaume Matas. EP

La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares solicita una condena de 2 años y 10 meses de prisión para el expresidente del Govern Jaume Matas (PP) por fraude a la administración, tráfico de influencias y prevaricación en el caso Son Espases.

Como acusación particular en esta causa sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción del hospital Son Espases, la Abogacía balear ha formulado escrito de acusación contra Matas, la exconsellera de Sanidad Aina Castillo, el ex director general del Ib-Salut Sergio Bertrán y el dueño de una consultora y ha solicitado que se abra juicio oral contra los cuatro.

La tramitación del concurso para construir Son Espases por 778,4 millones de euros comenzó en septiembre de 2005 y concurrieron seis aspirantes.

Los hechos

Los hechos que imputan los servicios jurídicos de la comunidad autónoma afectan al procedimiento para adjudicar la construcción, explotación y conservación del hospital Son Espases, y a un contrato con una consultora para analizar las ofertas que se presentaron al concurso de la infraestructura sanitaria.

Según la Abogacía, la manipulación del concurso la ordenó Matas y la ejecutaron Castillo, Bertrán y el que fuera presidente de la mesa de contratación (ya fallecido) "para beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL".

El escrito señala que Matas ordenó a Castillo la contratación de una consultora en concreto para evaluar las ofertas "a efectos de ostentar un control directo sobre el desarrollo del procedimiento del concurso del Hospital Son Espases y poder, en su caso, intervenir en su resultado". Se concedió por 29.500 euros en un procedimiento negociado sin publicidad, tras dar apariencia de legalidad al contrato invitando a otras dos empresas.

Según la Abogacía, esa contratación era "innecesaria" porque la Conselleria podía valorar sus ofertas con sus propios medios y funcionarios, y se hizo con desprecio total de las normas administrativas y legales, anticipando información confidencial y en perjuicio del interés general.

Matas ordenó a la consellera "que diera las instrucciones oportunas" para que la adjudicataria del concurso fuera OHL, según admitió la extitular de Sanidad en su declaración judicial y recoge el escrito. Detalla que Matas entregó a Castillo un documento con los argumentos técnicos para motivar esa adjudicación.

Un informe del Ib-Salut del 20 de julio de 2006, realizado sobre el de la consultora, otorgaba más puntuación a la oferta encabezaba por OHL que a la liderada por Dragados. Al día siguiente, el periódico El Mundo publicó que la adjudicación sería probablemente para la UTE de OHL y en varios artículos de opinión sembró "dudas sobre la actuación de la mesa de contratación" por ser la oferta más cara.

Entonces, la consellera Castillo sugirió a la mesa de contratación que, para salvaguardar la imparcialidad, pidiera un informe al Consell Consultiu sobre la conformidad del procedimiento de adjudicación.

El Consultiu concluyó que la actuación era conforme a derecho pero que podría apelarse a colegios profesionales. La mesa solicitó informes al Colegio de Ingenieros de Caminos y al de Economistas y tras ellos la adjudicataria fue la UTE liderada por Dragados, en diciembre de 2006.

Fraude a la administración, prevaricación y tráfico de influencias

La acusación en nombre de la comunidad autónoma considera a Matas autor por inducción de un delito continuado de prevaricación por el que pide que sea condenado a 9 años de inhabilitación, otro de fraude a la administración por el que solicita 2 años de prisión y otro de tráfico de influencias por el que reclama otros 10 meses de prisión.

Pide una condena de 2 años y 1 mes para Castillo, apreciando la atenuante analógica de confesión, y de 2 años y 10 meses para Bertrán. Para el dueño de la consultora reclama 1 año y 6 meses por cooperar en fraude. La Abogacía reclama además que los acusados respondan conjuntamente con 29.500 euros



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