Publicado: 30/03/2020 05:15
"Juan Carlos ha estado haciendo averiguaciones con Instituto Nacional de Consumo. Ha conseguido sonsacarles que van a dictar una resolución de exclusión de Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores. Le han anticipado que se trata de una resolución larga, 28 páginas, de modo que entendemos que va a entrar en el fondo del asunto y que la resolución necesariamente tendrá un relato de hechos que podamos emplear en el futuro".
Así comienza un correo electrónico, titulado "Notas para el despacho del 11 de abril de 2014", que se envió a sí mismo el director de Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos de BBVA Eduardo Ortega y cuya copia fue entregada por BBVA al magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón.
El propio Ortega reconoció en un documento dirigido al banco que era habitual que se enviara a sí mismo estos mensajes. "Estos autocorreos contenían frecuentemente notas elaboradas para mí mismo. Su objeto era recordar algún extremo en el que estaba trabajando, de manera que, para que actuase como recordatorio, empleaba el recurso de que ese correo figurase como no leído", indica este directivo en el pliego de descargos que remitió al banco tras ser objeto de un expediente.
En el mensaje, que puede ser considerado como una confesión de las actividades desarrolladas ante Consumo, un departamento entonces dependiente del Ministerio de Sanidad, Ortega muestra su convencimiento de que tras la expulsión de la asociación de Luis Pineda del registro, "es posible que pretendan continuar en los procedimientos a través de su marca blanca, que es 'Causa Común".
Se negó a declarar
El autor del mensaje hace también alusión a la existencia de una resolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en la que se declara la falta de legitimación de la asociación 'Causa Común' para continuar con las acciones legales de Ausbanc. La asociación de Pineda acabó siendo expulsada del registro, tal y como se adelantó desde Consumo a BBVA, poco meses después del autocorreo de 11 de abril. En concreto el 21 de mayo de 2014, según la resolución firmada por la subdirectora general de Arbitraje y Derechos del Consumidor, Milagros Yagüe.
Un informe elaborado por la UDEF, incluido en el sumario del caso Nelson, pone de manifiesto que tras la expulsión de Ausbanc del registro Pineda echó mano de la asociación 'Causa Común' para seguir con sus denuncias contra el BBVA. "La cual tratan de desvincular completamente de Ausbanc, para dotarla de un carácter independiente, si bien 'Causa Común' se emplea para seguir ejerciendo presión a las distintas entidades al igual que se hacía con Ausbanc pero presentándola como un actor independiente", recalca la UDEF.
La Policía hacía aludía en su informe a los correos electrónicos que se incautaron a Pineda, donde una de las trabajadoras de Ausbanc daba directrices a todas las delegaciones de la misma: "Resulta importante ahora que esta asociación se persone en los procedimientos que Ausbanc mantiene, para reforzar los mismos y evitar que puedan ser archivados por la estimación de la excepción".
"Una campaña"
Ortega, que dejó la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para incorporarse en enero de 2014 al banco, se negó a declarar como imputado ante el juez García Castellón. En el mensaje enviado a sí mismo propone también que el banco debería conseguir que los periódicos recogieran el "verdadero perfil de Pineda".
"Una vez efectuadas publicaciones en periódicos relevantes, yo movería su inclusión en los recortes de prensa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y luego su remisión a las oficinas de prensa de los tribunales superiores. Ya con ello intentaríamos hacer una campaña de comunicación hacia la carrera judicial", completa el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Cláusulas suelo
En 2014 la asociación Ausbanc mantenía numerosos pleitos en numerosas jurisdicciones en contra del BBVA, entonces encabezado por Francisco González. Uno de ellos eran las conocidas como cláusulas suelo. Tras la denuncia de Pineda, el Banco de España requirió ese año a BBVA una revisión completa de la cartera al temer que fuera “un número considerable de casos”. La entidad fue obligada a devolver unos 100 millones a varios miles de clientes por haberles cobrado cláusulas suelo que no figuraban en sus contratos hipotecarios, según la información publicada por El País.
Pineda fue arrestado en 2016. El juicio se inició en febrero pasado y en el mismo Pineda afronta una petición de pena por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 118 años de cárcel por presuntas extorsiones a entidades financieras.
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