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España

Impagos, obras millonarias... Las facturas ocultas de Navalcarnero elevan su deuda hasta los 200 millones

El nuevo alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell.

Con poco más de 26.000 habitantes y 200 millones de deuda, Navalcarnero es uno de los municipios más endeudados de España y uno de los mejores ejemplos del despilfarro de los ayuntamientos. Tras más de 20 años de hegemonía del PP, las elecciones del 24 de mayo dieron el Ayuntamiento del municipio madrileño al PSOE, que se ha dado de bruces con una situación de quiebra total. Una situación que no era desconocida para los socialistas, ya que llevan años informando de las irregularidades y dispendios del anterior gobierno municipal, pero que ha sobrepasado sus peores previsiones y a la que ahora se tienen que enfrentar. El preocupante estado de las cuentas con el que se ha encontrado el nuevo equipo, capitaneado por el alcalde José Luis Adell, no facilita la tarea para enderezar un Ayuntamiento que a día de hoy no tiene liquidez para afrontar los pagos más básicos. 

Las escandalosas cifras corresponden a un informe de la Intervención Municipal de este mismo mes realizado para valorar la situación financiera del municipio. Según dicho informe, la deuda del Ayuntamiento de Navalcarnero supera los 199 millones de euros, lo que supone cerca de 8.000 euros por habitante. Tal y como explica el interventor en su escrito, "como ya se puso de manifiesto en el informe de Intervención sobre la liquidación del ejercicio 2013, esta hacienda local no es sostenible financiera y económicamente". El funcionario hace hincapié además en que durante el tiempo transcurrido no solo no se ha estabilizado, sino que se ha generado una deuda aún mayor.

El informe desglosa las deudas que mantiene el consistorio: 6,6 millones con acreedores a largo plazo, 114,6 millones a corto plazo, 3,6 millones de obligaciones pendientes de pago de 2015 y 4,5 millones más de facturas registradas pero pendientes de contabilizar. Pero la deuda podría incrementarse aún más teniendo en cuenta los casi 17 millones de reclamaciones económicas pendientes de resolución judicial, los 12,1 millones derivados de convenios urbanísticos y permutas sin ejecutar y los 40,8 de aprovechamientos urbanísticos vendidos pero que no han sido entregados. Además, hay que sumar que Navalcarnero no cuenta con un presupuesto real, sino que está prorrogado desde 2008 basado en unos ingresos ficticios. 

La Comunidad de Madrid está compensando la deuda cortando el grifo de las subvenciones y transferencias que el Ayuntamiento debería recibir

Según el informe del interventor, a día de hoy, el Ayuntamiento de Navalcarnero adeuda 1,8 millones de euros a la Comunidad de Madrid, principalmente por el impago de la Tasa de Extinción de Incendios y el Consorcio de Transportes. Pero no son sus únicas deudas: tampoco ha pagado 3,3 millones de euros a la Agencia Tributaria en concepto de IRPF e IVA, ni otros 2,6 millones a la Tesorería de la Seguridad Social en concepto de cuotas de trabajadores y de empresa. Pero no cumplir con sus obligaciones económicas tiene sus consecuencias. Así, la Comunidad de Madrid está compensando la deuda cortando el grifo de las subvenciones y transferencias que la administración autonómica concede al Ayuntamiento. De esta forma, “no se están efectuando los pagos a las empresas que gestionan las escuelas infantiles municipales, la ayuda a domicilio, el centro de día y las residencias municipales”, señala el funcionario. “No estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social implica no poder recibir ni solicitar subvenciones ni cobrar las ya solicitadas”, añade. 

Piden a Hacienda que asuma su culpa por hacer oídos sordos

Ante este negro panorama, el nuevo Gobierno local exige al Ministerio de Hacienda que asuma parte de la responsabilidad de este agujero por haber hecho caso omiso a la sucesión de irregularidades de la que tenía constancia, según el PSOE.  Desde hace tres años, tanto los socialistas como el Partido Democrático Popular de Navalcarnero (PDAP) vienen trasladando a las administraciones algunas de las anomalías financieras y alertando del peligro que iba a suponer para las arcas públicas la gestión que estaban llevando a cabo los populares. Entre enero de 2013 y marzo de este mismo año, la entonces oposición llegó a enviar hasta 14 escritos a las distintas instancias ministeriales informando de las constantes vulneraciones de la ley, por lo que aseguran que los máximos responsables tenían constancia más que suficiente de lo que ocurría en Navalcarnero como para haber actuado. 

La oposición denunció las constantes irregularidades cometidas por el anterior Gobierno y remitió hasta 14 escritos advirtiendo de la situación

En uno de los documentos enviados a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, la oposición advertía a comienzos de 2013 que existía una deuda “cuantiosa” y “no contabilizada”, además de la inexistencia de presupuesto municipal desde 2007. “Ni siquiera actualmente y a pesar de las recientes normas dictadas en aras de la estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento de Navalcarnero  ha mostrado voluntad de elaborar un presupuesto para el año 2013, eludiendo las obligaciones legales de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, decía el texto. Ya por entonces se solicitó que la Intervención General de la Administración del Estado auditara exhaustivamente los presupuestos, ingresos y gastos desde 2006, ya que Navalcarnero se encuentra en la más absoluta deriva económica, incumpliendo deliberada y dolosamente la legislación vigente”.

En septiembre de 2013, otro escrito a la Secretaría ponía de manifiesto los informes y documentos que se falsearon para maquillar las cuentas y realizar adjudicaciones. En esa fecha, denuncia el escrito, el Gobierno no había dado cuenta aún de la liquidación presupuestaria de 2012. Los ingresos corrientes ascendían a 24,3 millones, según la información de la Secretaría, sin embargo, el informe que emitió la interventora en abril de 2013 los reducía a poco más de 19 millones, de lo que se deduce que el Ayuntamiento remitió a la secretaría unos ingresos inflados en 5,2 millones. Además, la oposición denunció que la licitación del servicio energético y alumbrado público se realizó "gracias a una falsedad documental que da cobertura a su aprobación". Tanto esta adjudicación como la del servicio de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de zonas verdes se efectuaron sin elaborar un presupuesto real, basándose en el prorrogado de 2008. Precisamente a FCC, una de las concesionarias, le debe cerca de 4 millones.

Entre otras muchas irregularidades, se detectó que el Ayuntamiento no rindió cuentas de los dos años anteriores y que se estaban desviando subvenciones de la Comunidad de Madrid concedidas para fines sociales y ayudas del Plan E a cuestiones diferentes a lo establecido, hechos denunciados por los concejales del PSOE. Mientras en enero de 2014 se advierte a la Secretaría General de su probable "dejadez de funciones", en el último escrito, en marzo de este año, se instaba a actuar de forma urgente alertando de que el Ministerio era conocedor de que se estaba atentando gravemente contra el interés general del municipio y por tanto debía haber propuesto al Gobierno de la nación la formulación de una advertencia motivada. Sin embargo, ninguna administración ha actuado.

Gusto por el derroche

Navalcarnero se ha caracterizado en los últimos años por los proyectos megalómanos de su anterior regidor, los cuales han costado varios millones de euros de dinero público. El exalcalde, Baltasar Santos, está imputado en tres causas, razón por la cual Esperanza Aguirre le expulsó del partido aduciendo que había mentido sobre su imputación, dentro de su campaña de limpieza de manzanas podridas. Aun así, optó a la alcaldía como candidato de la formación independiente Unión Reformista Ciudadana (URCi). Pero Santos pasará a la historia de Navalcarnero por las ostentosas obras que han invadido el pueblo a lo largo de los 20 años en los que ocupó el sillón consistorial. Él es el responsable del encargo de dos millones en granito para mobiliario urbano, la compra de fastuosas esculturas por miles de euros, o la decoración del municipio con más de un centenar de cruceiros (cruz de piedra característica de Galicia y Portugal) con un coste de diez millones, según informó El País. Así hasta su última ocurrencia: unas cuevas construidas sin permiso que costaron 30 millones de euros y permanecen cerradas al público.

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