Botella debe más de 200 millones a las empresas a las que pide cuentas por la huelga de limpieza

El ultimátum del Ayuntamiento de Madrid para resolver el problema generado con la huelga de limpieza en la capital vino acompañado de una advertencia a las empresas concesionarias: el Consistorio les pedirá compensaciones por los servicios mínimos incumplidos. Pero si alguna de las partes es experta en incumplimientos éste es el propio Ayuntamiento, que tiene deudas pendientes superiores a los 200 millones de euros sólo contando con los tres grupos de la discordia: OHL, Sacyr y FCC.

Madrid no pasa únicamente por el consistorio más endeudado de España sino también por uno de los que paga con un mayor retraso a sus proveedores. La media se sitúa en 180 días, frente a poco más de 30 que registra, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. Estas circunstancias son padecidas especialmente por los grupos que más contratan con la Administración del capital que cada día ven como la extrema situación que alivió el plan de proveedores vuelve a reproducirse por la cantidad de facturas que se quedan en el cajón.

“El Ayuntamiento no está en la mejor situación para pedir responsabilidades de este tipo. Primero debería cumplir sus compromisos con los proveedores porque, de lo contrario, quedará en una posición muy debilitada a la hora de plantear sus exigencias”, indica una fuente del sector.

Madrid fue una de las grandes beneficiadas por el plan de pago a proveedores, que permitió que las grandes empresas de servicios cobraran facturas pendientes con las Administraciones Públicas por un valor superior a los 7.000 millones de euros. Sin embargo, el problema ha persistido tras el plan ya que se han seguido guardando facturas en el cajón a la espera de una segunda edición del mismo.

El espíritu del plan de proveedores

Las compañías del sector ya han advertido de que no se ha cumplido con el espíritu del plan, que consistía en tratar de evitar que volviera a presentarse un escenario como el que se daba a comienzos del pasado 2012.

En la actualidad, se estima que las Administraciones Públicas, especialmente los ayuntamientos, ya han acumulado una deuda superior a los 1.200 millones de euros con los grandes grupos de servicios.    

El miércoles, Botella compareció en rueda de prensa para dar un ultimátum, que vence este viernes, para que las partes llegaran a un acuerdo que supusiera el fin de los paros.

Al mismo tiempo, anunció que exigirá a las concesionarias una compensación por sus incumplimientos, argumentando que los ciudadanos están pagando por unos servicios que, en los días que dura la huelga, no se están prestando en su totalidad.

Advertencias en saco roto

Tanto las empresas adjudicatarias de los contratos como otros grupos que participaron en la licitación hicieron saber al Ayuntamiento que las cantidades que se contemplaban en los contratos eran insuficientes para hacerlos rentables, con lo que tendrían que recurrir a los ajustes laborales.

Sin embargo, las empresas no se encontraron en los pliegos de la licitación ningún obstáculo que les impidiera llevar a cabo recortes de empleo, con lo que las adjudicatarias, con la excepción de Cespa (Ferrovial), procedieron a tomar la medida de poner un ERE encima de la mesa.

Las concesionarias están negociando a diario con los sindicatos en busca de una solución que ponga fin a la huelga sin que, hasta el momento, lo hayan conseguido.