Publicado: 16/12/2015 04:00
La entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece los plazos de instrucción judicial está provocando que jueces y fiscales tengan que pronunciarse sobre si las distintas causas que están investigando son sencillas -en ese caso la ley determina un plazo de instrucción de seis meses- o por el contrario son causas complejas -ya que en este supuesto la instrucción puede prolongarse por un plazo de 18 meses-.
Por esta razón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha enviado un escrito al titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, solicitándole que proceda a declarar como "macrocausa" el fraude de Volkswagen en torno al trucaje de los motores de diésel.
En el 'caso Volkswagen' se investigan delitos de fraude de subvenciones, contra el medio ambiente y un delito de defraudación
En el informe del fiscal Marcelo de Azcárraga, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se sostiene que en estas diligencias previas se están investigando hasta tres tipos delictivos, que el número de perjudicados por el fraude de la compañía alemana "ronda los 700.000" y, además, -según adelanta el fiscal- "se va a precisar la realización de actuaciones de investigación en el extranjero" por lo que le pide al juez Moreno que califique esta causa como "compleja". Lo cierto es que si se cursan comisiones rogatorias solicitando información a otros países se ralentizan enormemente los tiempos de la instrucción.
18 meses de instrucción
Por estas razones, Fiscalía reclama al instructor que convierta este procedimiento judicial en una macrocausa de manera que el plazo de instrucción sea de 18 meses prorrogables por el mismo periodo de tiempo si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las acusaciones o defensas.
Tras el fraude en los motores de Volkswagen se investigan delitos de fraude de subvenciones, delito contra el medio ambiente y un delito de defraudación que puede producir perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en más de un territorio.
El fiscal Marcelo de Azcárraga sostiene en su informe que hay en torno a 700.000 perjudicados por el fraude de la compañía alemana
La citada investigación en la Audiencia Nacional arrancó el pasado mes de octubre tras la interposición de las querellas presentadas por el sindicato Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y otros y la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras.
Según han informado fuentes jurídicas, a estos querellantes iniciales se han adherido decenas de afectados por el trucaje de motores que emitían gases altamente contaminantes.
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