Publicado: 20/02/2016 04:00
El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) es la viva imagen de un consistorio corrupto. Podría estar ubicado en la región favorita de la mafia, Sicilia (Italia), en vez de la meseta peninsular si se atienden a las prácticas desarrolladas por los distintos gobiernos municipales. Las cientos de adjudicaciones irregulares y 'pelotazos inmobiliarios', los amaños en contratos públicos y el tráfico de influencias cometido por tres de sus alcaldes son pruebas de que la trama Púnica hacía y deshacía a su antojo sus negocios fraudulentos en dicho Consistorio.
No en vano, tres de los principales imputados de esta red de corrupción que afecta al Partido Popular, Francisco Granados, José Carlos Boza y José Miguel Moreno, fueron regidores en Valdemoro. De ahí, que en un escrito que obra en el sumario de la trama Púnica, las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez afirmen que las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil "reflejan a unos ediles y altos funcionarios municipales genuflexos ante los intereses de David Marjaliza", cabecilla de la trama, actualmente en libertad.
Uno de los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza, "se aseguró siempre la preadjudicación de las empresas de Marjaliza, violentando la ley"
Las fiscales se muestran así contrarias a la petición de sobreseimiento formulada por José Carlos Boza y sostienen que "el último de los alcaldes de Valdemoro no pudo contar la especulación inmobiliaria como instrumento de corrupción pero si lidero contratos de servicios, de gestión, de concesiones administrativas en las que se aseguró siempre la preadjudicación de las empresas de Marjaliza, violentando la ley, cercenando la concurrencia de otros competidores, con intercambio de recomenpesas y dádivas".
'Mordidas' del 2% a Marjaliza
Por otro lado, del sumario se desprende que el Ayuntamiento de Valdemoro pagó un 2% a Marjaliza del total adjudicado en un contrato de eficiencia energética con la empresa Cofely (60,8 millones de euros), a través de una sociedad instrumental. Así consta en un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco donde este explica que se está investigando un contrato de eficiencia energética adjudicado a la multinacional francesa Cofely, el 5 de diciembre de 2013, por 60'8 millones de euros y del que se destinó un 2% de su importe anual (4 millones de euros) a la confección de un estudio de consultoría por la entidad Rural Energética.
"Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo", sostiene el juez Velasco
Ese estudio fue adjudicado por el Ayuntamiento "a los solos efectos de instrumentar (...) una distracción de caudales públicos, articulando un flujo de fondos desde el Ayuntamiento" a dicha empresa, que en realidad es una sociedad instrumental de la trama societaria de Marjaliza. Sospechan que esos informes eran en realidad elaborados por la propia Cofely, quien también subcontrataba a otras empresas de obras y reformas de la misma trama del exsocio de Granados
"Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial, gestionando a su dictado los expedientes de su interés y removiendo los obstáculos burocráticos en los distintos departamentos del Ayuntamiento", destaca el auto del instructor.
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