Publicado: 08/02/2016 04:00
El pasado jueves el nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se reunió con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, para establecer una primera toma de contacto tras la celebración del XXII Congreso de la asociación, donde resultó elegido como nuevo presidente de la misma el magistrado Manuel Almenar.
En dicha reunión, el Comité Ejecutivo de la APM trasladó a Catalá que era prioritario que se creasen cuanto antes el centenar de plazas judiciales que estaban contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para este año al resultar "una necesidad perentoria", "cuya materialización no puede desatenderse", aun encontrándose el Gobierno actual en funciones. La asociación conservadora de jueces entiende que "no se trata de una decisión política" sino que la creación de esas cien plazas de jueces y fiscales corresponde a "leyes ya aprobadas" con las que se trata de satisfacer una "auténtica necesidad que no admite demora".
El Ministerio de Justicia no está por la labor de crear dichas plazas judiciales mientras continúe estando en funciones
Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli, el Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá no está por la labor de crear dichas plazas judiciales mientras continúe estando en funciones. El Gobierno considera que estando en una situación de interinidad -a la espera de que se forme un nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 20D- no es conveniente acordar la creación del centenar de plazas nuevas destinadas a jueces y fiscales, pese a que éstas estuvieran contempladas en los PGE aprobados por el Congreso para 2016.
La APM "dará la batalla"
Por su parte, desde la Asociación Profesional de la Magistratura se considera "inaceptable" que se paralice la creación de las nuevas plazas judiciales previstas para este año. En declaraciones a este periódico, el portavoz de la APM, el magistrado Celso Rodríguez Padrón, explica que la creación de estas plazas conlleva unos meses de proceso, ya que "ha de tenerse en cuenta que, tras el acto formal de creación de las mismas, éstas han de ser ofertadas mediante concurso para su cobertura por el Consejo General del Poder Judicial y ha de señalarse fecha para su efectiva puesta en funcionamiento".
"Semejante proceso no puede paralizarse hasta que se esclarezcan las circunstancias que en el ámbito estrictamente político estamos atravesando", explica Rodríguez Padrón. A su vez, adelanta que esta asociación "dará la batalla" si el Ejecutivo ignora su deber y no convoca esas plazas, ya que se trata de una "mejora que necesita la Administración de Justicia". El pasado mes de agosto el Ministerio de Justicia anunció a bombo y platillo que con esas cien plazas se trataría de reducir las cargas de trabajo en los órganos judiciales y mejorar la atención al ciudadano, además de avanzar en la profesionalización de la Justicia y en el empleo estable en este ámbito.
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