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España

Artur Mas se rebela contra el TC y firma el nombramiento de la Comisión de Control del 9N

Artur Mas en el Parlament de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha firmado este jueves el decreto de nombramiento de los siete miembros que integrarán la Comisión de Control de la Ley de Consultas no refrendarias, órgano que sería el equivalente a una Junta Electoral, según ha informado Europa Press. Esta firma se produce después que el pasado lunes, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió de forma cautelar la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria de la votación del 9 de noviembre, tras los recursos presentados por el Gobierno central.

Mas, que insiste en que no va a rectificar, se reunirá a las 11.00 horas de este viernes en el Palau de la Generalitat con los dirigentes de los partidos proconsulta -CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP-, y tanto republicanos como la CUP han exigido durante las últimas horas gestos y continuar con la logística de la votación pese a la decisión del alto tribunal.

"Estamos convencidos de que se puede hacer", ha asegurado Homs, preguntado por la capacidad que tiene el Govern para desarrollar la Ley de Consultas no refrendarias pese al TC. "Siempre compromete firmar alguna cosa", ha añadido el conseller, que ha evitado dar más detalles sobre qué consecuencias jurídicas va a tener la firma de este decreto.

Tras el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control, se deben desarrollar las comisiones de ámbito territorial, y sobre estas últimas, Homs ha explicado que el Govern debe estudiar qué afectación puede tener sobre los empleados públicos su impulso.

Sin referencia a la Ley de Consultas

En el texto del decreto, recogido por Europa Press, no se hace ninguna referencia explícita a la Ley de Consultas suspendida, y se limita a decir que se nombran a "los siete miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarias".

Por otra parte, el decreto precisa que Mas firma este texto "a los efectos de la vigencia correspondiente", algo que podría interpretarse como una manera que tiene el Govern de blindarse ante una actuación del Estado al respecto.

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