Publicado: 02/12/2018 05:15
La entrega de viviendas públicas (VPO) a cambio de mordidas vertebra el caso judicial de corrupción más grande de los últimos años en Ceuta. Más de 60 investigados pasarán por el banquillo para dilucidar cómo funcionaba un sistema de entrega de casas puesto en entredicho por la Policía.
El 19 de noviembre se firmaba el auto que ponía fin a una instrucción que se ha llevado por delante al ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López, a dos consejeras del Gobierno ceutí y de un diputado de la coalición Caballas, Mohamed Alí.
La jueza pone en el foco de la trama a López, que en su día fue gerente de la empresa de vivienda pública Emvicesa. Se le imputan un delito continuado de malversación de caudal público, otro continuado de falsedad documental, otro de prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Lista "fantasma" de adjudicatarios
Todo saltó por los aires cuando a finales de junio de 2015, el periódico local El Pueblo publicó un listado de adjudicatarios de VPO “fantasma” que manejaba Emvicesa. Ya se había llamado a parte de los que en ella figuraban y se habían incluso formalizado algunos contratos. Sin embargo, el Gobierno no tardó ni unas horas en salir a la palestra para negar la existencia de una lista a la que se tachó de ”fantasma” y “no oficial”.
En un informe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, publicado por El Faro de Ceuta, se citan algunos de los mensajes que López se intercambiaba con una mujer, identificada como Nadia, que demostrarían la connivencia del político con algunos de los vecinos agraciados con una casa
Todo saltó por los aires cuando a finales de junio de 2015, el periódico local El Pueblo publicó un listado de adjudicatarios de VPO “fantasma” que manejaba Emvicesa
“Porfabor Antonio… nos diste tu palabras y confiamos en tii” (sic), escribe la mujer, a lo que López le responde que intentará quedar con ella y otros vecinos “el jueves o el viernes”. La conversación se desarrolla durante varios días. “Antonio porfabor dile a isak k no me de el porton 8 yo quisiera porfabor el 6. Y el dice de tres y yo de 4” (sic), insiste la mujer. “Le llamo ahora y se lo digo”, responde López. “Antonio de verdad acabo de estar con Isaac y no kiere ni hablar conmigo. Trato fatal. Porfabor te lo ruego, llamame” (sic). Estos son sólo algunos ejemplos de los que aparecen en la investigación de la UDYCO.
Entre los mdocumentos que integran el sumario del caso, hay testimonios de testigos protegidos que indican que pagaron entre 8.000 y 15.000 euros para aparecer en la lista de adjucatarios de una casa pública. La jueza recoge en el auto de instrucción que de las diligencias practicadas se desprende que "ningún actor en el proceso de selección de viviendas sabe cuál es el proceso de selección", algo que "fue aprovechado por la organización para lucrarse vilmente".
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