Publicado: 06/02/2016 04:00
"Clara y directa responsabilidad". El informe de la Guardia Civil que ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Javier Francisco Alba, a iniciar el trámite para pedir al Tribunal Supremo que investigue al diputado del PSOE Antonio Gutiérrez Limones por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental concluye que la supuesta actuación del político andaluz fue clave para "favorecer, facilitar y fomentar" las irregularidades detectadas en las cuentas de una empresa pública del municipio del que el político andaluz es alcalde desde 1995. Según dicho documento, a parte del cual ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes consideran que Gutiérrez Limones tuvo una participación destacada en la trama al no facilitar de manera presuntamente intencionada "los medios preceptivos y necesarios, reiteradamente reclamados" por el interventor del consistorio para detectar los supuestos pufos de la sociedad Alcalá Comunicación Municipal SA (ACM) que terminaron con su liquidación en 2013. Este diario ha intentado ponerse en contacto con el parlamentario a traves de su correo electrónico en el Congreso para recabar su versión de los hechos, pero no ha respondido a los requerimientos. El jueves, cuando estalló el escándalo, habia negado a Europa Press cualquier relación con lo sucedido en dicha mercantil y calificó la decisión del magistrado de "mero trámite administrativo".
El informe recalca la "clara y directa responsabilidad" del diputado en las irregularidades de una empresa municipal de Alcalá de Guadaíra, donde es alcalde
El informe del Instituto armado, de 321 folios de extensión y fechado el pasado 18 de noviembre, es citado expresamente por el juez Alba en la providencia que dictó el pasado 22 de enero y que se conoció este jueves por el que ordenaba librar oficio a las Cortes para que "a la mayor brevedad posible" se le confirmase la condición de diputado de Gutiérrez Limones, paso previo para remitir los "indicios de criminalidad" contra él al Tribunal Supremo para que sea este órgano judicial quien lo investigue dada su condición de aforado. El magistrado justifica en su decisión "visto el estado de las presentes actuaciones y en especial el atestado presentado por parte del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil". En las "valoraciones y conclusiones policiales" del mismo, los agentes ya destacan que en el transcurso de la investigación "se ha puesto claramente de manifiesto y sin ningún género de dudas, la directa responsabilidad en los hechos investigados del alcalde de la localidad, señor Antonio Gutiérrez Limones".
En este sentido, el documento de la Guardia Civil incide en la declaración como testigo del interventor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como una de las piezas fundamentales en las acusaciones contra el hoy diputado socialista. Según los autores del informe, si a este funcionario municipal "se le hubieran facilitado los medios necesarios y tantas veces reclamados al Gobierno local para haber llevado a efecto su labor de control financiero [...] nunca se hubiera llegado a la situación en la que se gestionó y desembocó ACM", la empresa municipal. De hecho, recalca que el interventor comenzó a pedir esa ayuda "en el año 2007" y que, pese a reiterarla en el tiempo, el regidor no atendió sus peticiones. Una situación que provocó una pérdida patrimonial de la sociedad pública de cientos de miles de euros de la que los agentes hacen responsable a los miembros del equipo de Gobierno local, "con el alcalde, señor Antonio Gutiérrez Limones, al frente", a los que acusa de "un delito de malversación de caudales públicos por, cuando menos, omisión".
"Núcleo de máxima confianza"
Según la Guardia Civil, "el hecho de no haber atendido debidamente" al informe que el interventor emitió en mayo de 2013 obligó al Ayuntamiento a conceder una transferencia por importe de 444.767,89 euros a las cuentas de ACM para poder liquidarla, que ya para entonces había recibido otros 481.101,15 euros del Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de Madrid. De todo ello, hace responsable a la Junta de Gobierno Local, a la que califica de "núcleo de máxima confianza del alcalde-presidente dentro de la corporación municipal" y a la que acusa de limitarse "a aprobar la transferencia [...] sin exigir ningún tipo de responsabilidades a quienes habían llevado a la sociedad pública a esta situación". De todo ello señala "directamente" al aún regidor socialista y a seis de sus concejales, integrantes de aquella Junta. Según recalca el informe, Gutiérrez Limones podía nombrar un auditor para la verificación de las cuentas anuales y el informe de gestión, pero no lo hizo. "Hubo una clara y directa responsabilidad de los órganos de administración y gobierno de la empresa pública ACM SA, con sus presidentes al frente", entre los que cita expresamente al ahora diputado socialista.
La Guardia Civil considera que las irregularidades no son fruto de "comportamientos puntuales o aislados" sino de una trama en la que cada uno "tenía claro qué papel tenía que jugar"
Los investigadores consideran que todas las irregularidades detectadas en el transcurso de la investigación no son fruto de "unos comportamientos puntuales o aislados de alguna persona que tuviera poder de decisión" en los tres escalones existentes en la gestión y administración de la empresa municipal, sino que los enmarca dentro de "un comportamiento claramente definido y establecido, en el cual cada estamento tenía claro qué papel tenía que jugar para conseguir los objetivos marcados, protegiéndose mutuamente y creando una estructura cerrada y opaca". De este modo, sigue el documento policial, conseguían evitar que la información del funcionamiento supuestamente ilegal de ACM llegase a los otros grupos políticos del Ayuntamiento, especialmente el PP, finalmente autor de la denuncia que ha destapado el escándalo. Así, añaden, consiguieron durante años evitar "el acceso a las irregularidades que se cometieron". Algo posible, recalca, "gracias [...] a las mayorías políticas [en referencia al PSOE] que les daba a los administradores de ACM SA el poder de decisión, estuviera o no ajustado a derecho".
En este sentido, apunta que uno de "los hechos claves" que permitió a esta supuesta trama la impunidad de "los administradores" de la empresa municipal "para cometer los ilícitos investigados [...] fue la modificiación de los estatutos, ampliándose el objeto social". Cuando se creó la empresa en 2001 éste estaba "enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento", para dos años después modificarse "de forma indeterminada". El informe recalca que dicha "ampliación fue aprobada en la Junta General Extraordinaria de ACM SA de fecha 16 de octubre de 2003 bajo la presidencia del señor Gutiérrez Limones".
LA DENUNCIA DEL PP Y OTROS DOS INFORMES
La investigación del 'caso ACM' parte de una denuncia presentada el 19 de junio de 2013 por los representantes del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. La misma contenía una grabación en la que el entonces contable de la sociedad hablaba de la supuesta financiación de gastos particulares de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiados. Desde entonces, la Guadia Civil había realizado otros dos informes aparte del que ahora ha provocado la decisión del juez Alba. En ambos, sobre todo en el primero, el nombre de Gutiérrez Limones aparecía también en numerosas ocasiones.
Alcalde desde 1995 de este municipio sevillano considerado uno de los bastiones del PSOE, el político andaluz se estrenaba esta legislatura en el Congreso. No obstante, ésta no es su primera experiencia parlamentaria, ya que fue senador entre 2008 y 2015. Su incorporación a la lista como número tres por Sevilla se produjo en pleno enfrentamiento con la líder del partido en Andalucía, Susana Díaz, a la que llegó a disputar en 2012 la presidencia de la formación en esta provincia sin éxito. Este viernes, una nota de prensa del PP de Alcalá de Guadaíra incidía en esta pugna con la presidenta de Andalucía y hablaban de "jugada política" de esta última para quitarse de enmedio a su rival y "enviar a [Pedro] Sánchez un problema de corrupción a resolver". Todo ello cuando el secretario general del PSOE se enfrenta a las difíciles negociaciones para formar Gobierno en Madrid.
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