Publicado: 30/05/2017 04:00
La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, cite como imputados a una decena de empresarios en el caso de los denominados papeles de Bárcenas, tal y como había solicitado la acusación popular ejercida por Izquierda Unida (IU).
Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, el fiscal Antonio Romeral considera "innecesario" que el instructor llame a declarar a los presuntos donantes de la Caja B señalados por dicha acusación ya que la investigación de la causa se encuentra "agotada".
Se trata de los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro y Guillermo Contreras Caro (Azvi), Antonio Fernández Rubio (Aldesa), Camilo José Alcalá (Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero Polo (grupo Romero Polo), Antonio Vilela Jerez (Grupo Rubau), Juan Cotino (Fadesa), Juan Roig (Mercadona), José Luis Suárez Gutiérrez (Copasa), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Juan Miguel Villar (OHL) y Raimon Aigé (Sorigue-ACSA).
Izquierda Unida había solicitado dichas comparecencias después de que De la Mata ordenara la reapertura de la causa -a instancias de Anticorrupción- tras las últimas revelaciones del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, donde sostuvo que a propuesta del extesorero del PP Luis Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la Administración para lograr adjudicaciones a favor de las mismas; a cambio de comisiones que repartió con Plácido Vázquez, con el propio Bárcenas y con el partido de Mariano Rajoy.
La Fiscalía entiende que estas donaciones por parte de empresarios ya fueron investigadas durante más de dos años sin que se pudiera acreditar actividad delictiva alguna
La acusación popular consideró oportuno citar a dichos empresarios ya que sus nombres figuraban en los apuntes contables de la presunta contabilidad B del Partido Popular, confeccionada por Bárcenas, coincidiendo en el periodo temporal inmediatamente anterior a las elecciones generales de los años 2004, 2008 y 2011. Con estas citaciones, IU pretendía ampliar "el acervo probatorio ya existente en la presente causa" y "corroborar un modus operandi y forma continuada de conducta en lo concerniente a la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales, el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos y la participación continuada de los investigados en las acciones ilícitas descritas, y en concreto de los ex tesoreros Lapuerta y Bárcenas".
Un caso abocado al archivo
Sin embargo, la posición de Anticorrupción es radicalmente opuesta. La Fiscalía entiende que estas donaciones por parte de empresarios ya fueron investigadas durante más de dos años por la Audiencia Nacional -en concreto por el ex instructor Pablo Ruz- sin que se pudiera acreditar actividad delictiva tras las mismas. El propio Bárcenas negó que los pagos fueran finalistas, descartándose así del delito de cohecho o soborno.
Asimismo, en el informe remitido recientemente al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia, Romeral también se ha opuesto al resto de diligencias solicitadas como la citación del expresidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, o al presunto contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo.
De momento, José de la Mata no ha respondido a la petición realizada por IU. Fuentes fiscales consultadas sostienen que la intención del Ministerio Público es esperar a ver en qué sentido resuelve el magistrado esta solicitud de diligencias para luego pedir que la causa sea de nuevo archivada.
Tras la reapertura del caso, el juez llamó a declarar el pasado mes de marzo a Correa, al empresario arrepentido Alfonso García Pozuelo y al presunto comisionista Plácido Vázquez. Ninguno de ellos quiso prestar declaración en la Audiencia Nacional, por lo que estas citaciones se celebraron sin éxito alguno para el esclarecimiento de la investigación.
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