Publicado: 19/09/2013 04:00
El mayor latifundio de limones en Sudamérica se 'marchita' por culpa del 'caso Bárcenas'. Eso es lo que denuncia en un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, por Ángel Sanchis, que fuera tesorero del AP en los tiempos de Manuel Fraga y actualmente imputado por su relación con las cuentas suizas de Luis Bárcenas. Dicho documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca que la empresa que explota la finca de limones, La Moraleja SA, "hoy está al borde de la extinción" por culpa de las medidas preventivas impuestas por el magistrado. En concreto, el bloqueo de la cuenta que la sociedad de Sanchis tiene en una sucursal del HSBC en EEUU después de que la investigación detectase que poco después de estallar en febrero de 2009 el 'caso Gürtel' fueron transferidas a las mismas 3 millones de euros procedentes de los depósitos en Suiza del político hoy preso. Según resalta en su escrito, dichas medidas han tenido ya consecuencias negativas en sus tratos con las entidades crediticias con las que la sociedad trabaja, además de "cercenar y ahogar el desarrollo financiero" de la misma.
El antiguo tesorero del PP en los tiempos de Fraga afirma que el bloqueo de sus cuentas ha cercenado las líneas de crédito que tenía abierta para sus empresas hasta 'ahogarlas'
El empresario imputado pide al magistrado que levante las medidas cautalres sobre dicha cuenta y que, además, paralice la tramitación de una comisión rogatoria para aplicar la misma medida a otra que una de sus empresas, la uruguaya Brixco SA, tiene en el Atlantic Capital Bank, de Atlanta (EEUU), en la que la Policía dice haber detectado también movimientos sospechosos de dinero. El antiguo tesorero del partido asegura que la decisión del magistrado está motivada por los informes que en los últimos meses han incorporado a la causa la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, los cuales considera llenos de "inexactitudes". Siempre según Sanchís, que en 2011 contrató a su amigo Bárcenas para que comercializara en Europa sus limones a cambio de 100.000 dólares al año (75.000 euros), de no hacerlo así el latifuncio de limones puede sufrir "prejuicios económicos irreparables".
Para convencer al magistrado, el empresario pide enviar una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Washington para que éstas remitan a la Audiencia Nacional toda la información sobre "cuentas corrientes de crédito o cualquier otra operación financiera" que hubieran suscrito o tuvieran abiertas él mismo, su hijo Ángel Sanchís Herrero (no imputado en la causa, pero cuyo nombre aparece en numerosas ocasiones en los informes policiales) y las empresas de ambos: La Moraleja SA, Brixco SA, TQM Corporation, Rumagol "o cualquier otra sociedad vinculada, participada o controlada" por ellos. Con esta medida, el antiguo tesorero del PP pretende demostrar que ninguna de ellas han recibido "transferencias bancarias o ingresos en efectivo" de Luis Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias, el presunto testaferro Luis Yáñez, el padre de éste, Francisco Yáñez, o cualquier de las empresas que en los últimos meses han aparecido como integradas en el entramado societario del político hoy preso.
Sólo 3 millones de euros
Sanchís se muestra convencido de que en la documentación que recabase EEUU únicamente aparecería información sobre los 3 millones de euros que Brixco SA recibió entre marzo y mayo de 2009 de las cuentas que entonces tenía Bárcenas en Suiza a nombre de la función panameña Sinequanon y que él siempre ha justiciado como un préstamo realizado por su amigo a sus empresas. El antiguo tesorero del PP afirma al juez en el escrito que está dispuesto a realizar las amortizaciones de dicho préstamo "en los términos contractualmente pactados [supuestamente a partir de 2014] o del modo y manera que designe el Tribunal". El empresario asegura que dicha petición de prueba "no supone demorar indebidamente el curso ordinario" del sumario y, en este sentido, 'invita' al magistrado a que le impute "un delito de alzamiento de bienes" si detecta "desde el día de hoy hasta que se cumplimentare la comisión rogatoria" que la ha aprovechado para disponer "torticeramente" de los fondos que tiene en la cuenta de Atlanta cuyo bloqueo ya ha sido ordenado.
No es la primera vez que Ángel Sanchís intenta levantar las medidas cautelares existentes sobre sus cuentas, aunque hasta ahorano ha tenido éxito. De hecho, en uno de esos escritos anteriores los abogados del extesorero incorporaron el contrato que en junio de 2011 La Moraleja firmó con la sociedad que el político ahora encarcelado y su mujer comparten, Conosur Land SL, para que ésta sociedad comercializara en los estados de la Unión Europea los limones que produce el latifundio argentino. El documento mercantil tenía un validez de tres años, hasta junio de 2014, y fijaba una retribución anual de 100.000 dólares que se abonarían trimestralmente.
El documento fijaba la renovación automática anual del mismo a partir de 2014, aunque finalmente fue rescindido antes de la fecha de vencimiento del mismo precisamente por el escándalo provocado tras el hallazgo de las cuentas suizas del extesorero del PP. "Evidentemente, la imagen de Bárcenas no era conveniente para vender productos de La Moraleja SA", aclararon los representantes del empresario al juez en aquel recurso. Lo que no especificaron fue la fecha concreta en la que se produjo finalmente el final de dicha relación. Eso sí, aseguraron que mientras estuvo en vigor, el extesorero consiguió "la apertura de nuevos mercados desarrollados" y que dicho acuerdo con una persona "con gran cantidad de contactos comerciales" fue muy útil para la compañía. "Desde el punto de vista empresarial, el contrato era muy ventajoso para La Moraleja SA". Ahora, sin embargo, esa relación las ha puesto "al borde de la extinción", según asegura en su último escrito.
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