España

La Alhambra, 14 años de continuos escándalos económicos

El monumento granadino arrastra una oscura historia alrededor de la adjudicación de servicios a distintas empresas. A principio de este mes de mayo ocurrió el último episodio: 26 personas fueron detenidas

La Alhambra visto desde el mirados de San Nicolás.
La Alhambra visto desde el mirados de San Nicolás. EFE

La Alhambra, el segundo monumento más visitado de España, lleva desde 2004 bajo la lupa policial y judicial, cuando las personas que mandaban en el Patronato gestor se empezaron a ver envueltas en distintos escándalos económicos

Los últimos episodios de esta oscura historia se dieron a principios de este mes de mayo: 26 personas (dos de ellas de fuera de Granada) eran detenidas y puestas en libertad con cargos dentro de una operación contra la corrupción en la adjudicación de servicios que comenzó en 2015

La Policía bautizó la operación como ‘Colina Roja II’. La antigua cúpula del Patronato volvía a ser detenida hace solo unas semanas, con la socialista Mar Villafranca como cabeza visible. La exdirectora no es una socialista cualquiera: fue secretaria de Educación y Cultura de la Ejecutiva federal del PSOE en 2012, durante la etapa de Rubalcaba. Junto a ella, también fueron arrestados sus más inmediatos colaboradores en la institución gestionada por la Junta de Andalucía, así como empresarios y trabajadores de la Alhambra. Un total de 26 personas que se encuentran en libertad con cargos por pertenecer a una presunta “organización criminal".

Una "agencia de colocación"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía llega a la conclusión en uno de sus informes que el monumento funcionaba como una “agencia de colocación” de familiares y amigos en empresas que habrían estado, de facto, administradas por los propios directivos del Patronato. Los agentes ponen en tela de juicio la manera de adjudicación y ejecución de los servicios básicos del monumento. El estallido de la investigación en 2015 a raíz de un caso concreto, el del servicio de audioguías, se saldó con la detención y dimisión de Villafranca y su equipo, y fue entonces cuando la Consejería de Cultura de Rosa Aguilar se encargó una auditoría para arrojar luz sobre la contratación y el resto de aspectos de la gestión de la Alhambra.

La auditoría, a la que ha accedido Vozpópuli, forma parte del sumario judicial y cifra el desfalco en un total de 12 millones de euros, mientras que la UDEF rebaja el supuesto perjuicio económico a 7 millones. El documento elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía detectó anomalías en más de 200 contratos rubricados entre los años 2005 y 2014, buena parte de la etapa de Villafranca. Durante esa época, los concursos eran un “paripé” y los pliegos se hacían “a medida”, según ha llegado a detallar en sede policial personal del área de contratación.

Una auditoría del propio Gobierno andaluz cifra el desfalco en 12 millones de euros. La Udef lo rebaja a siete

“Ahora cada contrato se hace por concurso”, sostiene el actual director de la Alhambra, Reynaldo Fernández Manzano. Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía afirman que dejarán trabajar a la justicia para conocer el importe defraudado finalmente y aseguran que ya se han puesto en marcha las recomendaciones de la auditoría, que insta al Patronato a ajustar su plantilla a la realidad y a seguir los cauces legales para contratar. Desde la Consejería de Cultura remarcan que ya en 2015 “se quitó a todo el mundo implicado”.

“Hay personas, con nombres y apellidos, que han estado prestando servicios durante 11 y 12 años de forma irregular porque no existía concurrencia competitiva”, apunta Marifrán Carazo, parlamentaria andaluza del PP, partido que está personado en la causa y también está representado en el órgano de gobierno del Patronato. “Otras veces ha habido irregularidades en la ejecución, ya que el Patronato ha dejado de ingresar muchos de los cánones que se debían cobrar por las adjudicaciones”, prosigue Carazo.

Las responsabilidades políticas, para el Partido Popular andaluz, están claras en este caso y piden un cambio en la gestión del Patronato. “Entendemos que la responsabilidad es del Gobierno andaluz. El máximo responsable de la Alhambra es un nombramiento político y la presidenta, Susana Díaz, es presidenta de honor del Patronato”, afirma la parlamentaria autonómica del PP: “La UDEF destaca que había amiguismo y se había creado una red clientelar con familiares de la dirección del Patronato”.

Un total de ocho empresas están siendo investigadas por lucrarse, presuntamente, de forma ilícita. La primera de ellas fue la del millonario servicio de las audioguías, que dio nombre y comienzo a una investigación que ha crecido desde su estallido en 2015. No fue un caso aislado, sino una de tantas “graves irregularidades” detectadas por la auditoría de la Alhambra, en la que se evalúa con precisión la actividad desarrollada por diversas empresas. 

'Caso Alhambra'

Los escándalos en el entorno del monumento nazarí no son un fenómeno reciente. Más bien al contrario, la Alhambra permanece envuelta en una polémica constante desde que en 2004 se comenzó a instruir lo que acabó siendo una macrocausa de más de 100.000 folios para investigar una supuesta trama relacionada con la venta de entradas y los accesos a la Alhambra, denunciado por el propio monumento al poco tiempo de entrar María del Mar Villafranca en el Patronato.

En pocos meses fueron 100 los detenidos, trabajadores rasos casi todos, de los cuales fueron juzgados la mitad y -más de una década después- han acabado siendo absueltos la mayoría. La Audiencia Provincial de Granada condenó a 10 de los acusados con penas simbólicas, muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía y el Patronato, al no haberse podido comprobar la magnitud de la denuncia inicial que llegó a oídos de la entonces secretaria general de la fortaleza, Victoria Chamorro.

Una denuncia entre dos empresas turísticas cuyos administrados están emparentados desató una ola de detenciones después de que el Patronato acudiera a la Policía Autonómica para solicitar que investigara el asunto, tarea que se dilató en el tiempo durante más de una década. Finalmente, la Audiencia consideró probada la existencia de “una trama urdida” para poder acceder el monumento con grupos de visitantes “sin portar la totalidad de las entradas, o con entradas ya usadas o incluso con entradas falsificadas”, aunque la Policía Científica ya declaró en el juicio que las entradas no podían haber sido falsificadas.

Tampoco se halló rastro del presunto desfalco de ocho millones de euros, y es que los investigados intercambiaban entradas por la forma en que éstas se repartían entonces a los agentes turísticos: en pack. Al recibir las entradas en bloque, los guías daban y pedían billetes a los compañeros para ajustarse al número de visitantes de cada día: “Hoy por ti, mañana por mí”, explican ellos.

El monumento no efectuaba exhaustivos arqueos de billetes ni controlaba el número exacto de visitantes que accedían

Los acusados mantuvieron durante todo el litigio que esa situación irregular con las entradas era imposible que pudiese comprobarse, ya que la Alhambra no efectuaba exhaustivos arqueos de billetes ni controlaba el número exacto de visitantes que accedían al monumento. De hecho, según reseña el citado informe auditor, los trabajadores no tenían conocimiento de la existencia de protocolos de actuación para ese tipo de trámites administrativos que fueron redactados por una empresa externa.

Para tratar de acreditar la trama criminal, la exsecretaria general del Patronato, Victoria Eugenia Chamorro, una de las personas detenidas en este último golpe policial, llegó a aportar a la causa documentación falseada en un intento de hacer constar que el Patronato ejercía un control preciso sobre las entradas y los accesos al monumento, según ha publicado el diario Abc, que también destaca la vinculación económica del Patronato con el juez instructor del caso Alhambra, cuya empresa imprimía la guía oficial del monumento.

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