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España

La Comunidad de Madrid prepara una ley contra las webs de alquiler de viviendas particulares

Azoteas de la capital fotografiadas desde el Palacio de Cibeles.

El Gobierno madrileño que preside Ignacio González maneja el borrador de un proyecto de ley cuyo objetivo es impedir que un particular alquile en la comunidad sus habitaciones o viviendas a través de webs tan populares como Airbnb.com y similares. Así lo adelantó la también célebre página idealista.com hace dos semanas en un post que pasó sin demasiado ruido. El documento, cuyo comienzo es aparentemente suave con este tipo de prácticas –cada vez más extendidas- termina restringiendo el uso de licencias a inmuebles de uso terciario (hoteles, oficinas u otros), lo que acarrearía clausurar prácticamente toda la oferta actual.

La trampa, protesta idealista.com, radica en que la norma “obliga a los titulares de viviendas de uso turístico a presentar una licencia de actividad”, requisito que solo se asigna a “inmuebles ubicados en suelo terciario, mientras que las viviendas están en suelo residencial”. Así pues, a un particular le resultaría imposible obtener dicha licencia de actividad. Se calcula que hay 8.000 alojamientos de este tipo solo en la capital publicitados en Internet.

Cataluña y Baleares, dos regiones muy turísticas, también atacan el alquiler particular

Precisamente, las asociaciones hosteleras llevan tiempo denunciando que esta nueva moda vacacional ya se ha cargado el 15% del negocio, un porcentaje ciertamente difícil de contrastar. Las críticas aseguran que las personas que alquilan no pagan impuestos ni tributan por ello. Sus defensores alegan que los precios de los particulares se ajustan mucho más a la economía real. Airbnb arrasa, y no solo en España: existe en 175 países y ha superado los 10 millones de huéspedes, según informó la compañía la semana pasada.

“Imposible cumplimiento”

La Comunidad aprovecha una vía que deja el Gobierno, que en junio publicó la nueva Ley del Alquiler por la cual arrendar una vivienda para uso turístico pasa a regirse por las normas de cada una de las 17 comunidades. Según el borrador madrileño, lo que se busca es “establecer unos mínimos requisitos tendentes a proteger los derechos de los usuarios turísticos” y “acabar con situaciones de intrusismo y competencia desleal”. Pero con lo que acaba el obstáculo de la licencia terciaria es con esta opción vacacional. Cataluña y Baleares también han atacado con sendas leyes el alquiler particular.

“Se trata de una ley que de aprobarse sería de imposible cumplimiento”, carga Asotur, la asociación de gestores de viviendas de uso turístico, “con lo que se corre el riesgo de hacer opaco un negocio que genera un impacto económico importante en Madrid”. Fernando Encinar, del idealista.com, comparte opinión: “El lobby hotelero va a ahogar más a algunas poblaciones cuyos turistas venían solo atraídos por esta clase de ofertas. Y no me refiero solo a Barcelona y Madrid, sino también a municipios más pequeños”.

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