Varios bufetes impulsan plataformas de víctimas de Santiago y dividen a los familiares

Herido el pasado 24 de julio en el trágico accidente del Alvia, Cristóbal González Rabadán se recompuso en menos de un mes y ha recorrido en los últimos días numerosos medios explicando por qué ha decidido crear un colectivo, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas). “Pedimos la verdad, claridad y transparencia y que esto no vuelva a ocurrir”, declaró recientemente a un diario, al que reveló su “temor e irritación” de que el caso termine politizándose. Así, González Rabadán ha contactado con heridos como él y con las familias de los fallecidos animándoles a formar parte de su agrupación, detrás de la cual aparece un bufete de abogados que ya ha empezado a levantar suspicacias entre algunos de los afectados.

Junto a Apafas viaja el despacho González Martín & Asociados, que Cristóbal González (cuyo parentesco con los socios del bufete este medio no ha podido probar) vende como un equipo de abogados que ha “conseguido las mayores indemnizaciones de la historia de España” en tragedias similares. Pero, ante la insistencia de las familias de las víctimas, éstas le han sonsacado sus honorarios: 15% de la indemnización final, si la hay, más el proceso civil que conlleva poner una reclamación.

Comisiones no tan altruistas

Los supuestos expertos en indemnizaciones no son nuevos ni siquiera en la tragedia de Angrois: a los pocos días del fatal descarrilamiento, varias personas con carácter presuntamente altruista aparecieron por el Hospital Clínico de Santiago con el fin de aunar fuerzas entre los afectados. Antes que Apafas existe la Fundación Avata, una “fundación privada de carácter asistencial y sin ánimo de lucro” sin heridos ni parientes de muertos entre sus creadores. Avata viene respaldada por una compañía llamada Avata Hispania, radicada en León, cuya finalidad es “defender los derechos del asegurado víctima de un siniestro”, para lo cual cuentan con abogados, asesores, procuradores….

Las familias con las que ha contactado este diario denuncian que ya son bastantes las asociaciones las que, bajo una fachada aparentemente humanitaria, acaban por confesar comisiones que bambolean entre el 8% y el 20%. Apafas, que dice tener más de medio centenar de miembros, persigue constituir una asociación que se rija por unos estatutos y con una Junta Directiva, siempre bajo la tutela jurídica de González Martín & Asociados. Así lo ponen de manifiesto los emails que reciben muchos afectados a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

Rivalidad entre asociaciones

Hasta tal punto llega el afán por asociar que Avatas y Apafas ya se han disputado. Ambas dicen cooperar, pero Cristóbal González, impulsor de la segunda, cree que lo ideal es que un colectivo de víctimas deberían integrarlo los afectados, no terceros. "Que sepamos cuando nos miremos unos a otros qué fue lo que vivimos dentro de ese vagón", ha declarado a Europa Press. Por su parte, portavoces de Avata habrían indicado a esta misma agencia su desacuerdo con que González se haya "autonombrado portavoz y representante". Ambas aseguran que van a cooperar.

Entretanto, las familias se mueven. Muchas de ellas han pedido amparo a otro colectivo similar, la Agrupación de Víctimas de Metro 3 de Julio, compuesta por afectados del accidente del Metro de Valencia de 2006. Éstos les han aconsejado que soliciten a Fomento que se reconozca como “persona civil subsidiaria de la catástrofe” y que ejerza un “arbitraje que dilucide las responsabilidades civiles”. “Nos han aconsejado ir poco a poco con este tema, porque va para largo”, reconoce una de las familias que han perdido a un ser querido.