Tres propuestas controvertidas de Colau: moneda local, policías de proximidad y democratizar los medios

Las propuestas de Ada Colau para Barcelona son muchas y muy diversas. La líder de Barcelona en Comú no solo propone acabar con los desahucios en su plan de choque altamente publicitado desde que logró la victoria en las elecciones municipales del pasado domingo. En el programa electoral del partido se incluyen una serie de medidas de naturaleza controvertida: la creación de una moneda local, la puesta en marcha de una Policía de proximidad y la democratización de los medios de comunicación públicos. 

Se trata de medidas llamativas que quizás Barcelona en Comú no pueda poner en marcha aunque se haga con la alcaldía, toda vez que serán necesarios acuerdos con otras formaciones que quizás no estén de acuerdo. El programa de esta formación política se elaboró, como se explica en su web, de forma asamblearia desde el segundo semestre del pasado año. 

1. La moneda barcelonesa. En plena campaña electoral la propia Ada Colau hizo pública esta propuesta. Más en concreto, su partido considera dicha medida como "una manera de promover el desarrollo local y generar un efecto multiplicador de la riqueza generada en la ciudad que beneficie principalmente al pequeño y mediano comercio, y con la voluntad de fortalecer un modelo de desarrollo local que sea más consciente y transformador". La formación argumenta, además, que hay unos 4.000 sistemas de este tipo en todo el mundo. "Algunos de los ejemplos más interesantes los encontramos en Bristol (la Bristol Pound), Toulouse (la Sol-Violette) o Nantes (la SoNantes)". Y destacan que el WIR, la moneda complementaria suiza para las PYME, "hace más de 80 años que funciona y ha supuesto un factor destacado de estabilidad en la economía suiza". 

Para Colau y sus correligionarios, "la seguridad ciudadana no se puede equiparar solo a un problema de orden público y de medidas para evitar el delito"

2. Policías de proximidad. Para Colau y sus correligionarios, "la seguridad ciudadana no se puede equiparar solo a un problema de orden público y de medidas para evitar el delito". Por ello abogan por "mejorar la seguridad en los barrios promoviendo una policía comunitaria de proximidad". Según exponen en su programa, "partimos de un concepto de seguridad plural que incorpora condiciones de vida básicas de las personas y el reconocimiento de su dignidad". Al decir de Barcelona en Comú, "la función de los cuerpos de seguridad es velar para que estos requisitos básicos se cumplan, favoreciendo y priorizando aquellos sectores de ciudadanía más débiles y vulnerables".

Para cristalizar esta propuesta sus planes son, entre otras cosas, "promover el principio de corresponsabilidad en materia de seguridad, fomentando espacios colectivos de definición de prioridades integrados por la Guardia Urbana, las entidades y espacios comunitarios de los diferentes territorios de la ciudad". Así se conseguiría que "la actividad policial no se definirá sólo por criterios internos de la propia organización sino que será el resultado de una mirada conjunta sobre la ciudad". 

Barcelona en Comú pretende "pasar de una política de propaganda al servicio de los partidos que gobiernan la ciudad y de las élites a una política de comunicación efectiva"

3. Cómo "democratizar los medios públicos" y "favorecer los comunitarios". El programa es muy claro en este punto: "A pesar de que la Administración local no tiene competencias para regular el mercado de la información, la Carta Municipal y unos presupuestos anuales cercanos a los 2.500 millones de euros dotan al Ayuntamiento de recursos que pueden permitir pasar de una política de propaganda al servicio de los partidos que gobiernan la ciudad y de las élites, a una política de comunicación efectiva que responda al principio general que el derecho a la información pertenece a la ciudadanía". Barcelona en Comú incluye una serie de medidas para concretar ese objetivo previo. Mencionan las subvenciones directas o indirectas, los estatutos de redacción y la creación de un Consejo Ciudadano de la Información. Las medidas son las siguientes: 

• Revisar los recursos públicos que se destinan a la propaganda, estudiando qué medios (y en qué cantidades) se benefician de las subvenciones directas o indirectas y qué costes tiene para la ciudad el mantenimiento de BTV, de la emisora local y de la Xarxa de Comunicació Local de la Diputación de Barcelona.
• Promover dentro los medios de comunicación públicos el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en un marco plural que fomente la formación de una opinión pública informada. Los trabajadores de los medios públicos deberán dotarse de estatutos de redacción, como el de BTV, que garanticen el libre ejercicio de la profesión, la cláusula de consciencia, el secreto profesional y los derechos reconocidos por el Estatuto-marco aprobado por el Colegio de Periodistas de Catalunya.
• Fomentar la creación de un Consejo Ciudadano de la Información, independiente del equipo de gobierno y de los partidos, y con participación directa de la ciudadanía. Este consejo determinará las líneas de actuación del ayuntamiento en el ámbito de la comunicación, fijará la composición y las funciones de los consejos de administración de los medios públicos, así como los criterios de selección de las respectivas direcciones. Los consejeros y consejeras del CCI serán elegidos por organizaciones representativas, por especialistas y por colectivos sociales, siguiendo modelos de otros países como el Board of the Recognition Panel del Reino Unido, el Consejo de Comunicación del Audiovisual del Uruguay o el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de Ecuador.
• Dar soporte humano y material a los proyectos comunitarios ya existentes para contribuir a su consolidación, a la producción de contenidos y potenciar su difusión. Contribuir igualmente a la creación de nuevos canales y medios de comunicación por parte de los colectivos o las comunidades que lo soliciten y que respondan a necesidades de la ciudadanía.
• Facilitar la cooperación de los medios comunitarios con los medios públicos municipales y la integración de sus producciones en la programación en una relación de reciprocidad y de respeto a su independencia.
• Impulsar la existencia de organismos internos como los consejos informativos o comités profesionales y consejos de redacción, así como la definición explícita y pública de códigos de conducta que vinculen el ejercicio de la libertad de prensa a parámetros de responsabilidad social.