LA MAFIA DEL AGUA

El amaño de un contrato de Acuamed puso en riesgo de inundación zonas de Valencia

Un informe elaborado en 2013 por técnicos de la sociedad estatal alertaba de las consecuencias que podían provocar las supuestas irregularidades detectadas ya entonces en la adjudicación de las obras en Rambla Gallinera. "Nefastas desde un punto de vista económico y penal", remarcaba.

Un agente de la Guardia Civil, a la puerta de la sede de Acuamed en Madrid el día de los registros.
Un agente de la Guardia Civil, a la puerta de la sede de Acuamed en Madrid el día de los registros. EP

Las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) no sólo tuvieron consecuencias económicas. Un informe elaborado en el verano de 2013 por técnicos de la propia sociedad estatal ya alertaba de que las obras de una de ellas, la realizada para mejorar el drenaje de la llamada Rambla Gallinera, en la provincia de Valencia, podía provocar el efecto contrario al que se buscaba con ellas. En concreto, avenidas de agua y las correspondientes inundaciones en zonas, además, "que antes no se veían afectadas". El documento, incorporado al sumario, incluso tilda éstas de "nefastas desde un punto de vista económico y penal".

El juez Velasco ya destacaba que Acuamed había pagado en las obras de Rambla Gallinera 2 millones de euros por "una escollera que nunca existió"

Dicho contrato público es uno de los seis que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dentro de la 'Operación Frontino', según recogía el auto por el que envió a prisión al director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, y a otras cuatro personas el pasado 18 de enero. En dicho escrito judicial, el magistrado destacaba que en dichas obras de Rambla Gallinera "se realizaron sondeos, estudios y proyectos diferentes sin realizar el proyecto contratado". Además, destacaba que se habían llegado a certificar por 2 millones de euros en trabajos que no estaban en el contrato, "en concreto una escollera que nunca existió".

Unas supuestas irregularidades que son, precisamente, las que se recogen en el informe al que ha tenido acceso Vozpópuli y que se haya incorporado al sumario. En dicho documento se detalla que aquel contrato se adjudicó en agosto en 2009 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Sogeosa y Torrescámara, dos sociedades de tamaño medio con amplia presencia internacional. El importe inicial fue fijado en 30,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de 22 meses. Cuatro meses después se firmó un acta de replanteo. La obra debería haberse terminado en octubre de 2011, pero cuando se redactó el documento ahora incorporado a la causa, aún no estaba finalizada.

"Sin cobertura legal"

Dicha adjudicación fue analizada por los técnicos de Acuamed en 2013, tras la llegada a la empresa del ingeniero Francisco Valiente, quien al año siguiente fue despedido por denunciar los amaños detectados. El informe detalla que entonces se habían certificado como finalizadas obras que no estaban ejecutadas por un importe superior a los 2 millones de euros. Una elevada cantidad que el documento repartía entre "unidades ordenadas al contratista sin precio en el proyecto y, por tanto, sin cobertura legal", cifradas en 1,1 millones de euros; y desviaciones en las mediciones. Según destacaban, se habían 'elegido' las aportadas por el contratista en lugar de las que presentaba la asistencia técnica de las obras. Una decisión, esta última, que se tradujo en un supuesto desvío al alza de 882.000 euros.

Los técnicos temían que el "excesivo retraso" provocado por la "pésima" gestión de la obra provocase la pérdida de 25 millones en fondos europeos

Además, los técnicos de Acuamed destacaban el excesivo retraso en la ejecución de los trabajos. "En junio de 2013 sólo se habían ejecutado los encauzamientos; en la presa no se había ejecutado nada, a excepción de ensayos y accesos. Teniendo en cuenta que la obra debería haber terminado en octubre de 2011, se constata que la gestión del contrato ha sido pésima", recalca el texto para a continuación alertar de la posible pérdida de los 25 millones de euros de fondos europeos asignados a la misma.

El repaso al expediente de la adjudicación también había sacado a la luz otras supuestas irregularidades. Entre ellas, "la existencia de un documento que se denomina 'Modificado número 2' que contiene un proyecto de presa diferente al vigente". Un cambio que, destacaban los técnicos, "no está avalado por ningún expediente administrativo y su justificación incumple claramente lo previsto en la ley para tramitar un modificado". Se llega a hablar, incluso, de la toma de decisiones arbitrarias "sin tener en cuenta los requisitos legales".

"Engañar al Consejo de Administración"

También muy crítico es el análisis que se hace de la "gestión de la obra" que se tilda de "contraria a la legalidad". Así, señala que en junio de 2013 estaba ejecutado "un 98% de los encauzamientos previstos en el contrato", pero que se había realizado "una mediación superior a la prevista en [el] contrato modificado". Una circunstancia que, si bien estaba prevista, no se reflejó en el mismo "en una clara intención de engañar al Consejo de Administración de Acuamed y al Ministerio [de Agricultura]".

El informe aseguraba que en la gestión de la obra había habido "una clara intención de engañar" al Consejo de Administración de Acuamed y al Ministerio de Agricultura

Además, añade que los encauzamientos realizados modificaban "el comportamiento de los mismos frente a avenidas" ya que "al ejecutar dichas obras de manera irregular" provocaba que "se inundan zonas que antes no se veían afectadas". Todo ello, incide el texto, "como consecuencia directa de la gestión de Acuamed". Un riesgo que supuestamente entonces aún no se había comunicado a la Conferencia Hidrográfica del Júcar. "Si se llegan a producir las precipitaciones previstas (no excesivas), las consecuencias para Acuamed podrían haber sido nefastas desde un punto de vista económico y penal", concluyen.

Por todo ello, el infome pedía entonces que se hiciera una medición real de la obra ejecutada y se regularizara la certificación "eliminando aquellas mediciones ficticias que nunca deberían haberse abonado" y que daban el sobrecoste de 2 millones de euros que ahora el juez refleja en su auto. Además, recordaba la obligación de trasladar "la situación existente de los encauzamientos y de su comportamiento en caso de avenida a la Conferencia Hidrográfica" para que lo incluyese en sus planes de emergencia. Entonces, sus autores esperaban que, a pesar del retraso acumulado de cuatro años, "no se pierdan los fondos europeos"

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