LA MAFIA DEL AGUA

El número 2 de Tejerina apoyó represaliar a dos trabajadoras de Acuamed que denunciaron pufos con FCC

Pablo Saavedra presidió el Consejo de Administración de la sociedad estatal en el que se decidió "por unanimidad" despedir a dos empleadas de la compañía que respaldaban las acusaciones de Francisco Valiente, el ingeniero defenestrado catorce meses antes por denunciar irregularidades en adjudicaciones. Entonces, el juez Velasco ya tenía en marcha la investigación que ha terminado por confirmar los engaños descubiertos por los tres sancionados y que desembocó el pasado mes de enero en la 'Operación Frontino'.

Saavedra, el día de su toma de posesión. Detrás, a la derecha, la ministra García Tejerina y su antecesor, Ramos de Armas.
Saavedra, el día de su toma de posesión. Detrás, a la derecha, la ministra García Tejerina y su antecesor, Ramos de Armas. MINISTERIO DE AGRICULTURA

El escándalo de corrupción en Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) sigue escalando en el organigrama del Ministerio de Agricultura. Tras la dimisión del que fuera secretario de Estado de Medio Ambiente y subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, y la aparición de los primeros indicios que salpican a la directora general del Agua, Liana Ardiles López, ahora le toca el turno a Pablo Saavedra Inaraja, actual número 2 del departamento que encabeza Isabel García Tejerina. El acta de la reunión que el Consejo de Administración de la sociedad estatal celebró el 30 de julio de 2015 refleja que este alto cargo apoyó con su voto el despido de dos trabajadoras de la compañía pública que se habían negado a avalar las irregularidades en los contratos adjudicados, entre otras empresas, a FCC. También respaldó que se les impusieran sanciones de suspensión de empleo y sueldo a otros dos empleados, y que se estudiara "ejercitar acciones judiciales contra las personas que no se encuentran trabajando en la sociedad", en lo que parece una referencia a Francisco Valiente, el directivo de la compañía que destapó las supuestas irregularidades con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y que había sido despedido por ello en abril de 2014.

Saavedra, como recién nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente, presidió la reunión del Consejo de Acuamed del 30  de julio de 2015 que decidió "por unanimidad" despedir a ambas empleadas

Las trabajadoras despedidas eran Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, quienes durante los meses precedentes a su despido habían rechazado dar el visto bueno a las irregularidades con las que el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y su mano derecha, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, ambos encarcelados por el juez Eloy Velasco dentro de la 'Operación Frontino', intentaban camuflar pagos millonarios a FCC a través de otro contrato. En concreto, a través de la adjudicación para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix, en la provincia de Tarragona. Tras dicha negativa, ambas denunciaron que comenzaron a sufrir una situación de acoso laboral. De hecho, la primera de ellas llegó a remitir una carta a Federico Ramos, el anterior secretario de Estado de Medio Ambiente, y tres más a Pablo Saavedra, el actual número 2 de Agricultura, en las que detallaba "presiones, amenazas y descalificaciones" por parte de Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco, según adelantó este lunes la Cadena Ser.

Aquellas misivas, la última de las cuales llegó a la sede del Ministerio el 28 de julio, nunca obtuvieron respuesta y dos días después el Consejo de Administración de Acuamed se reunía con un orden del día en el que se incluía, precisamente, el despido de ambas trabajadoras. Según han confirmado a este diario portavoces oficiales del propio Ministerio de Agricultura, aquel encuentro fue presidido por Saavedra, quien tras haber tomado posesión un mes antes de su cargo de secretario de Estado se había convertido automáticamente en el presidente de la sociedad estatal ahora bajo sospecha. Según refleja el acta que se levantó de aquella reunión, todos los asistentes a la misma apoyaron la propuesta de despedir a ambas. "Tras la oportuna deliberación, el Consejo de Administración, por unanimidad, presta su conformidad a las medidas disciplinarias propuestas y solicita que se le vaya ofreciendo información exhaustiva sobre este punto en la siguiente reunión del Consejo", se lee textualmente en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Punto octavo del orden del día

La decisión se tomó dentro del punto octavo del orden del día en el que se analizó la auditoría que había puesto en marcha Acuamed del contrato a FCC sobre el pantano de Flix, uno de los ahora investigado ahora por el juez Eloy Velasco. Para ello se valía de una auditoría realizada por un denominado Comité de Control Interno, un órgano creado a marchas forzadas en noviembre de 2014, justo después de que el Consejo recibiera la notificación de la Fiscalía Anticorrupción de que se estaban investigando las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la compañía tras la denuncia del ingeniero Francisco Valiente. Dicho comité, formado por cuatro personas, estaba encabezado por Francisco Javier Gómez Pastor, uno de los 13 detenidos el pasado mes de enero por la Guardia Civil que ha sido enviado a prisión por su relevancia dentro de la trama presuntamente encabezada por Arcadio Mateo.

La propuesta de despedir a ambas trabajadores fue puesta sobre la mesa por un recién creado Comité de Control que presidía un directivo ahora encarcelado por el juez Velasco

En dicho encuentro del Consejo de Administración fue precisamente este último, en su condición de director general de la sociedad, quien elevó el informe de este Comité interno en el que se reflejaban "una serie de deficiencias e irregularidades halladas en el desarrollo de la auditoría y que tienen que ver, esencialmente, con la falta de cumplimiento de forma estricta de algunos de los requerimientos contractuales ligados a la ejecución de la actuación mencionada". Según fuentes cercanas a las trabajadoras, dicho documento fue elaborado ad hoc para justificar su despido. Tras su exposición y la intervención de Ángel Álvarez Capón, uno de los cuatro consejeros del Ministerio de Hacienda y presidente de la Comisión de Auditoría y Control del que dependía el Comité, que propuso una serie de mejoras para dar "mayores garantías procedimentales y documentales en las actuaciones de Acuamed", el siguiente en tomar la palabra fue Juan García Cuenca director de la Asesoría Jurídica de la empresa. Éste fue quien formalmente puso sobre la mesa "las medidas disciplinarias promovidas por la empresa" para despedir a Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, así como a sancionar a María Dolores D. y Jaime G., otros dos trabajadores.

No fue su única propuesta. El responsable del departamento jurídico también anunció que se iba a realizar "un estudio" para emprender acciones legales contra "las personas que ya no se encuentran trabajando en la sociedad", en lo que parece una clara referencia Francisco Valiente, "y contra las empresas contratadas". Al día siguiente, las dos trabajadoras recibían la carta firmada por Arcadio Mateo por las que se les despedía. Era el 31 de julio de 2015 y para entonces el caso ya era investigado por el Juez Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unas pesquisas en las que, el testimonio de ambas mujeres, junto al del directivo defenestrado en abril de 2014, ya estaban siendo claves.

"Daños y perjuicios"

El asunto de los despidos volvió a salir meses después en una nueva reunión del Consejo de Administración de Acuamed. Fue en la celebrada el 1 de octubre de 2015, a menos de cuatro meses de las detenciones de la 'Operación Frontino'. En dicho encuentro, de nuevo Arcadio Mateo volvió a recordar lo acordado en julio y anunció la elaboración del "correspondiente informe" sobre el estado de las obras de descontaminación del embalse de Flix que sirvieron de excusa a la trama para propiciar la salida de la empresa de las dos trabajadoras. En ese encuentro también se habló de la decisión de "ejercitar acciones judiciales" contra  otras personas y que, el presunto cabecilla de la trama señaló que estaba avalado por "el dictamen del experto independiente" que habían contratado para estudiar esa posibilidad. Éste había concluido que se les podía acusar de "daños y perjuicios". Los asistentes a la reunión se dieron por enterados.

Sin embargo, en el acta de dicha reunión no se hace referencia a que ambas mujeres habían emprendido ya sendas demandas laborales por sus despidos. De hecho, la de Gracia Ballesteros se iba a ver el pasado viernes 29 de enero en los Juzgados de lo Social de Madrid. A la misma estaban convocados varios responsables de la compañía, entre ellos los integrantes del Comité de Control que había elaborado el informe para despedirla, salvo su presidente, Gómez Pastor, quien junto a Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco siguen encarcelados por orden del juez de la Audiencia Nacional. Según señalan fuentes cercanas a las empleadas represaliadas, la vista fue finalmente suspendida.

EL JUEZ, LOS "PROBOS" FUNCIONARIOS Y LOS "altos CARGOS" 

El auto que el juez Eloy Velasco dictó el pasado 20 de enero para enviar a prisión a cinco de los 13 detenidos en la 'Operación Frontino' dedicaba un espacio al calvario laboral que les tocó vivir durante meses a Francisco Valiente, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, a los que califica como "funcionarios técnicos probos que no se plegaban" a las irregularidades promovidas por Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco. De hecho, recalca que fue esta firmeza lo que provocó que fuera destituidos o removidos de su puestos para poner en su lugar a personas que sí aceptaban "sin discusión" las órdenes "arbitrarias e irregulares" de los dos principales implicados.

En este mismo texto, el magistrado también reflejaba sus sospechas sobre la presunta implicación en todo el escándalo de cargos de "muy alto nivel" del departamento que dirije Isabel García Tejerina. Hasta en tres ocasiones, el magistrado afirmaba expresamente que varias de las irregularidades detectadas habían sido "pactadas" entre responsables de Agricultura y la cúpula de la empresa FCC, dos de cuyos directivos fueron arrestados. De hecho, llega a afirmar que en uno de los casos se produjo un perjuicio de 40 millones a la Administración "para compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad", en clara referencia al Ministerio.

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