Publicado: 29/01/2016 04:00
"Por unanimidad" y sin dedicarle ni un solo minuto al contenido de su denuncia. El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed) decidió en su reunión del 2 de abril de 2014 despedir de modo fulminante al director de Ingeniería y Construcción de la compañía, Francisco Valiente, el mismo día que les había hecho llegar mediante notario un centenar de folios en los que se recogían las supuestas irregularidades que casi dos años más tarde han llevado al juez Eloy Velasco a poner en marcha la 'Operación Frontino' contra la corrupción en esta empresa pública.
Según el acta de aquella reunión, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la propuesta de cese fue planteada por el entonces director general de la empresa pública y hoy encarcelado como presunto cabecilla de la trama desmantelada, Arcadio Mateo. Lo hizo, además, antes de que se abordara brevemente la existencia de la denuncia de su subordinado y de que los integrantes del Consejo decidieran posponer a "la siguiente reunión" el estudio de las graves acusaciones que se contenían en la misma.
El despido del directivo de Acuamed se abordó antes de que los miembros del consejo fueran informados de la existencia de su denuncia
El acta, con el número 131, relegó al quinto punto del orden del día la polémica decisión. Además, la incluyó dentro de un apartado más amplio y genérico relativo "al personal directivo de la sociedad y al dimensionamiento de la plantilla de la misma". El consejo se planteaba entonces una reducción de la plantilla cercana al 10%, según se recoge en el mismo documento.
Sin embargo, en ese momento lo primero que se abordó fue "el cese" de Valiente. Para ello, Arcadio Mateo tomó la palabra y justificó la drástica medida no en la denuncia que había presentado ante ellos, sino "por pérdida total de la confianza por parte de la empresa". De hecho, el ahora señalado como cabecilla de la trama de corrupción no hizo más hincapié en los motivos del despido fulminante, sino en sus dudas sobre las consecuencias económicas que podía tener para la compañía el hecho de que el hasta aquel momento director de Ingeniería y Construcción tuviera "un contrato de alta dirección" y si la causa esgrimida era suficiente para prescindir de sus servicios.
La respuesta se la dio otro de los participantes en aquel Consejo, Javier Moya, director de los servicios jurídicos de la sociedad. Este abogado destacó que no era precisa "una motivación distinta" a la esgrimida por Arcadio Mateo. También añadió que el temor a que Valiente entablara una batalla jurídica en los tribunales para demostrar que la relación que mantenía con la empresa fuese considerada "laboral y no de alta dirección" no era relevante en el aspecto económico. Según aclaró, "la cuantía de la indemnización sería pequeña al llevar únicamente un año en la empresa". No consta en el acta que nadie más tomara la palabra para dar su opinión sobre dicho despido.
A las 13:30
Quien sí lo hizo a continuación fue la secretaria del consejo, Isabel Bonelli, la persona que ese mismo día había sido la destinataria del acta notarial remitida por Francisco Valiente en la que se denunciaban las irregularidades que casi dos años después han terminado desatando la 'Operación Frontino'. Bonelli informó a los participantes en la reunión de que había acudido a las 13:30 al despacho del fedatario público a recoger "una documentación con el ruego de que se distribuya entre los miembros del consejo de administración" en referencia al escrito del denunciante y los expedientes que adjuntaba al mismo. Sin embargo, añadió que como no había podido hacer una "valoración jurídica y técnica dado el escaso tiempo disponible" había decidido únicamente comentar su existencia a los integrantes del máximo órgano de la empresa pero sin facilitársela de momento. El acta recoge que éstos se limitaron a manifestar "su voluntad de conocer la mencionada documentación", aunque sólo "en la siguiente reunión" a celebrarse un mes después.
La secretaria del Consejo que recibió la denuncia se escudó en la falta de tiempo para 'valorarla' a la hora de justificar que no se repartiría a los consejeros
Tras ello, el Consejo sometió a "deliberación" el despido del denunciante que el cabecilla de la trama había propuesto, lo que se aprobó "por unanimidad [...] en los términos sometidos a su consideración". No se volvió a hablar de la cuestión, ya que de nuevo Arcadio Mateo tomó la palabra para hablar, en esta ocasión de lo que definió como "redimensionamiento de plantilla" y con la que pretendía disminuir el número de trabajos en un porcentaje "que no superará el 10%".
Los miembros del consejo, de nuevo, se dieron por "enterados" y simplemente solicitaron ser informados "en el plazo concreto de dos meses sobre las actuaciones llevadas a cabo en este sentido". Este punto del acta también fue aprobado "por unanimidad".
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