España

Una asociación de abogados exige mejoras en el turno de oficio, "obligatorio" para todos

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este miércoles en una sentencia que la prestación de este servicio es obligatoria para todos los abogados

Sede General de los Juzgados.
Sede General de los Juzgados. Tere García

La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha pedido una mejora de la retribución por la prestación de este servicio después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado que es obligatorio para todos los abogados.

En un comunicado Altodo muestra su discrepancia con la resolución porque a su juicio "vulnera el sentido común" y estima que "no parece propio de una democracia occidental ni parece muy razonable que en pleno siglo XXI todavía existan trabajos obligatorios por muy esenciales que sean los servicios públicos que con ellos se pretenden cubrir".

Recuerda que "otros servicios esenciales se prestan de forma voluntaria como el sanitario, de seguridad y orden público, de defensa nacional y de la judicatura en los que ninguno de sus miembros es obligado a prestarlos y menos aún al precio fijado unilateralmente por el Estado" para los abogados de oficio, que "se acerca mucho al concepto de esclavitud".

Más prestación

"Si tan esencial se considera la justicia gratuita hasta el punto de ser el único servicio público respecto del cual el Estado ha establecido que todo un colectivo de profesionales quede obligado a prestarlo ha llegado el momento de exigir que se mejore de forma muy sustancial la cuantía de las indemnizaciones con las que pretende compensar el tiempo y el esfuerzo invertidos", destaca.

Igualmente Altodo solicita a las administraciones públicas que colaboren de forma efectiva con la prestación de este "servicio público, tan esencial como ha sido definido por el TC en su sentencia, removiendo todos los obstáculos que dificultan su prestación a los abogados.

En este sentido reclama que faciliten a los letrados el acceso a los aparcamientos en dependencias policiales y judiciales y a zonas de exclusión para el tránsito de vehículos privados impuestas por algunos ayuntamientos como el de Madrid. Asimismo exige el acceso gratuito a las copias reprográficas y cibernéticas de los procedimientos judiciales.

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