OPERACIÓN GRIZZLY

La juez rastrea los 'emails' de diez directivos de seis empresas por los nuevos 'pufos' del AVE

La juez ordenó a la Guardia Civil acudir a la sede de media docena de compañías relacionadas con las obras para que éstas entregaranlos correos electrónicos de diversos cargos que participaron en los contratos bajo sospecha. En algunos casos, reclamaba los mensajes desde agosto de 2008. En otros, desde septiembre de 2010.

Un guardia civil en instalaciones de Adif en Barcelona, durante los registros del martes.
Un guardia civil en instalaciones de Adif en Barcelona, durante los registros del martes. EFE

'Emails' de Adif, pero también de otras seis empresas. La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandri, ordenó el pasado martes durante la 'Operación Grizzly' que se recabaran no sólo los correos electrónicos de altos cargos de la empresa pública de infraestructuras ferroviarias presuntamente relacionados con un supuesto fraude de 82 millones de euros enn las obras del AVE en la estación de La Sagrera de Barcelona, sino también de una decena de directivos de seis compañías que recibieron adjudicaciones. En concreto, los agentes reclamaron material de los equipos informatícos de empleados concretos de FCC Construcciones SA, Dragados SA, Acciona Infraestructuras, que encabezaban las Uniones Temporales de Empresas (UTE) que se hicieron con los contratos ahora bajo sospecha, y de tres ingenierías que fueron seleccionadas por el Estado para comprobar que se realizaban los trabajos, Aecom-Inocsa, Audingintraes y SGS Tecnos. De todos ellos, la magistrada ha reclamado tanto "los correos corporativos" como las "carpetas profesionales" que tuvieran en los servidores informáticos de las empresas.

De cada una de las tres obras bajo sospecha, la magistrada ha ordenado recabar los correos electrónicos de varios responsable de las UTE que resultaron adjudicatarias, así como de las ingenierías que debían auditar los trabajos

En el caso de la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector de Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad, una obra que fue adjudicada en su momento por 177,4 millones de euros a la Unidad Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona InfraestructurasCopicsa, la juez Aixandri ha reclamado los 'emails' de dos cargos de sendas empresas adjudicatarias. En concreto, de Jaime V.R., perteneciente a Acciona, y de Francisco Javier M-V., de Aecom-Inocsa, la ingeniera que debía 'auditar' la realización de los trabajos. En el caso de éste último, la Guardia Civil también entró en su despacho "profesional" en busca de equipos informáticos y archivos en papel. Además, la magistrada ha solicitado  información sobre otras dos personas sin identificar que tuvieran responsabilidades como directores de la UTE San Andreu, que era la que se encargaba de las obras. En todos los casos, reclama dicha información desde agosto de 2008, fecha de inicio de los trabajos, hasta la actualidad.

En el segundo contrato investigado, la construcción de la estructura de la estación de La Sagrera, presupuestada en 366,4 millones de euros, los afectados por la medida de la juez son cuatro directivos de otras dos empresas. Esta adjudicación fue para la UTE formada por Dragados, Acciona Infraestructuras, Comsa y Acsa, aunque la dirección de la misma recaía en la primera compañía. De hecho, la juez ha reclamado los correos electrónicos de tres de sus directivos. En concreto, de Manuel R.F.S., Alberto P.B. y José Miguel G.S.. Además, reclama los de Carlos P.M.F., de la sociedad Audingintraes, que recibió un contrato como 8,5 millones por la asistencia para el control y la vigilancia de los trabajos. De este último, la Guardia Civil también registro su despacho profesional. En su caso, la información que reclama la magistrada se remonta a septiembre de 2010.

FCC Construcción y SGS Tecnos

El tercer contrato bajo sospecha es el proyecto de construcción de los accesos a la estación de La Sagrera, adjudicado en su día por 222,8 millones de euros a la UTE integrada por las constructoras catalanas Rubau y Copisa, y las grandes Ferrovial Agromán y FCC Construcción. En el caso de esta última compañía, al menos tres de sus directivos destinados en la unión temporal de empresas vieron también como sus "despachos profesionales" y equipos informáticos, incluidas sus cuentas de correo, eran registradas por los agentes del Instituto armado. Se trata de Óscar H.P., Daniel C.C. y Gonzalo P.H.. A ellos se suma Gabriel O.L., de SGS Tecnos, una ingeniería que en junto a otras tres empresas se llevaron por 6,7 millones de euros la asistencia técnica de estas obras.

De los diez directivos cuyos correos electrónicos han sido intervenidos, siete han visto también como eran registrados sus "despachos profesionales" en busca de indicios sobre las irregularidades en las obras

A estos se unen los seis cargos de Adif a los que el juez mandó registrar sus viviendas en busca de indicios de supuestos sobornos, como adelantó ayer Vozpópuli. También en sus casos, los agentes tenían órdenes de 'volcar' de sus equipos informáticos tanto los que hubiera en sus domicilios como en sus puestos de trabajos el contenido de sus cuentas de correo electrónico. Se trata del director de contrato Carlos Javier M.F., del gerente de área Mauro B.D. y de los directores de obra Juan Carlos R.V., Alejandro L.S.,Ignacio C.P. y Adriano R.R., todos ellos de la empresa estatal salvo el último, que estaba destinado en la ingeniería pública Ineco, participada por la compañía de infraestructuras ferroviarias. El juez investiga si presuntamente recibieron sobornos a cambio de hacer la 'vista gorda' a mediciones irreales de los trabajos o al uso de material de peor calidad del recogido en los pliegos de licitación

No obstante, tanto en el caso de estos seis trabajadores de Adif como en el de los 10 directivos de empresas, la juez de Barcelona ordenó a los agentes que fueran escrupulosos con la información que extraían de sus ordenadores y que, de hecho, hicieran una "copia selectiva". Para ello, reclamaba que se seleccionara únicamente aquellos datos que pudieran ser "relevantes para la investigación", de tal modo que se limitara la incautación de archivos informáticos "a lo estrictamente necesario para la misma". Eso sí, también señaló la necesidad de rastrear no sólo ordenadores, sino también teléfonos móviles, discos duros y almacenes de datos virtuales. Todo para obtener la información relacionada con las tres obras investigadas.


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