OPERACIÓN GRIZZLY La juez que investiga el último 'pufo' del AVE pone bajo sospecha contratos por 800 millones

La investigación se inició con los contratos para la construcción de la estación de La Sagrera, de los accesos a la misma y de uno de los sectores del tramo entre ésta y el denominado Nudo de la Trinidad, pero ahora incluye también la adjudicación a dviersas ingenierías de los trabajos de control y vigilancia de las obras.

En mayo de 2014, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil detuvieron a nueve directivos de Adify de la empresa Corsán por presuntas irregularidades en la adjudicación de un tramo del AVE Madrid-Barcelona. Era la 'Operación Yogui'. La investigación apuntaba a que en un tramo de la vía del AVE de menos de dos kilómetros se había producido un desfase de 31 millones de euros mediante la certificación de obras que no se hicieron o la utilización de materiales de menor calidad. Este martes, sin embargo, las pesquisas de los mismos protagonistas han destapado un 'agujero' mucho mayor en otras tres obras de la alta velocidad a su paso por la ciudad de Barcelona. En concreto de 82 millones de euros. Por ello, el dispositivo organizado para proceder a la detención ahora de 13 personas ha sido bautizado como 'Operación Grizzly', un oso de mayor tamaño que aquel de dibujos animados que sirvió para denominar la primera. De hecho, el importe de los contratos ahora bajo sospechas se eleva ya a cerca de 800 millones de euros, según documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

A los tres contratos por las obras, la juez ha sumado los adjudicados a las ingenierías que debían hacer, precisamente, el control de los trabajos

La investigación que ha derivado en quince registros y trece detenciones llevados a cabo por la Guardia Civil este martes se basa principalmente en tres grandes contratos relacionados con la línea de alta velocidad a su paso por Barcelona. El más voluminoso se refiere al proyecto de construcción de la estación de La Sagrera, llamada a ser la segunda parada del AVE en la Ciudad Condal después de la de Sants. El contrato se adjudicó en 2009 a una UTE liderada por Dragados (filial de construcción de ACS) y completada por Acciona Infraestructuras, Comsa y Acsa. En total, 366,4 millones de euros.

Por cuantía le sigue el de la construcción de los accesos a la estación de La Sagrera, que fue adjudicado al consorcio formado por FCC Construcción y Ferrovial Agromán (ambos con un 37,5% del mismo, aunque la gestión está a cargo de la primera) y que también integran las sociedades catalanas Construcciones Rubau y Copisa. La cuantía de la adjudicación, que se produjo a finales de abril de 2010, ascendió a 222,8 millones de euros. Tanto de éste como el anterior, la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandri, ha solicitado documentación desde septiembre de 2010, que es la fecha de inicio de los trabajos.

Conexión con la 'operación Yogui'

El tercer contrato bajo sospecha tiene relación con la construcción de la plataforma de vía del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad que, en su día, fue dividida en dos contratos diferentes. El que está siendo objeto de investigación en esta operación es el denominado “sector Sant Andreu”, que se adjudicó en febrero de 2008 a la UTE formada por Acciona Infraestructuras y Copcisa, por un importe de 177,4 millones de euros. Los trabajos se remontan en este caso a agosto de 2008. Curiosamente, el contrato referido a la otra parte de la obra, el denominado “sector Sagrera”, fue el que dio pie al proceso de investigación que derivó a la operación Yogui, mencionada anteriormente. El sector Sagrera cuenta con una longitud de 1,6 kilómetros y para su ejecución se preveía un plazo de 19 meses. Mientras, el sector Sant Andreu, objeto ahora de la nueva investigación, discurre a lo largo de 2,6 kilómetros y su plazo de ejecución original era de 28 meses.

La magistrada ha requerido documentación y correos electrónicos a las empresas e ingenierías adjudicatarias de los contratos bajo sospecha

A los más de 766 millones de euros que suman estos tres contratos hay que añadir otros de cuantía menor, referidos a servicios de asistencia para el control y vigilancia de las obras, adjudicados en 2010 a una serie de empresas de ingeniería. Entre ellos, destaca el relacionado con la obra de la estación de La Sagrera, que se llevó la UTE formada por Auditorías e Ingenierías, Ayesa y Cicsa por 8,5 millones de euros; y también el ligado al contrato para la construcción de los accesos, adjudicado a la UTE de Sgs Tecnos, Idom, Euro Geotécnica y Applus Norcontrol por 6,7 millones de euros. El contrato de asistencia de oficina técnica fue a parar a otra UTE, formada por Sener, GPO e Inocsa, por 8,79 millones.

Precisamente, el hecho de que estos últimos contratos estén en el punto de mira de la investigación es lo que explica que, entre las 16 personas sobre las que la Guardia Civil ha solicitado diversa documentación, además de acceso a sus correos electrónicos, figuren los responsables de estas UTE. En idéntica situación se encuentran tres responsables de Dragados (que está al frente del consorcio para la construcción de la estación de La Sagrera), otros tres de FCC Construcción (como líder de la UTE que se encarga del contrato de los accesos), y uno de Acciona Infraestructuras (que encabeza la UTE del tramo La Sagrega-Nudo de la Trinidad, sector Sant Andreu).



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