AUDIO: Así rompió a llorar Ignacio González ante el juez al relatar su situación en prisión

Ignacio González había solicitado declarar voluntariamente ante el juez del caso Lezo para dar explicaciones sobre el rosario de acusaciones que pesan sobre él en la investigación. El expresidente de la Comunidad de Madrid llevaba cerca de 50 minutos contestando a las preguntas de su abogada cuando de pronto se derrumbó y rompió a llorar. Así consta en el audio de su declaración a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Fue exactamente cuando relataba su situación en prisión y citó el impacto que esto estaba generando en él y su familia.

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Son algo más de cinco minutos en los que el ex mandatario regional tiene que interrumpir su relato embargado por la emoción y las lágrimas. La situación obligó al juez a pedirle en varias ocasiones que se tranquilizara. “Cuando solamente puedes ver a tu familia, lo que más quieres, que son tu mujer y tus hijos, 40 minutos a la semana a través de un cristal… perdón…”, balbuceó González antes de derrumbarse por primera vez. El episodio tuvo lugar el pasado mes de julio y este diario ya informó que el presunto cabecilla de la trama había roto a llorar en el Juzgado de la Audiencia Nacional hasta donde fue trasladado desde la cárcel madrileña de Soto de Real.

Ahora, en el audio de su declaración, se puede escuchar cómo González narra su “absoluto sufrimiento personal” y denuncia que el mero hecho de ser un personaje público le ha supuesto una condena de antemano en los medios de comunicación. Pero sus momentos de mayor debilidad se dieron cuando se refería a su familia a la que esta situación le estaba generando un “destrozo”. “Es muy duro cuando uno tiene que fingir una fortaleza que no tiene para que tu familia no te vea…”, añade antes de romper a llorar de nuevo. Impedido para poder seguir hablando, el interrogatorio se detuvo durante varios segundos.

El expresidente de la Comunidad de Madrid se volvió a emocionar cuando recordó que su hija tuvo que suspender su boda porque él estaba preso o cuando habló de sus padres, que “ya son nonagenarios, que no tienen capacidad de moverse y que no pueden ver, no pueden oír y que lo único que piensas es que se van a morir sin verte”. En uno de los momentos en los que se tuvo que interrumpir la declaración, el juez del caso le llegó a asegurar que no le iba a mantener en prisión “ni un minuto más de lo que sea necesario”. González llevaba entonces algo más de tres meses en la cárcel y no quedó en libertad provisional hasta cuatro meses después. En noviembre abandonó la cárcel tras abonar 400.000 euros de fianza.

Recuperó la libertad visiblemente más delgado. El exmandatario explicó al juez que, lejos de los presuntos privilegios que publicaron los medios, pasaba los días realizando todas las actividades físicas que le permitían en busca del agotamiento físico que le provocaba a su vez un agotamiento mental. De ese modo lograba, dijo, no pensar en nada. De esta forma trató de convencer al juez de que le dejase en libertad. Le aseguró que no tiene dinero fuera, ni cuentas en el extranjero. “Hay muchas personas que si las tienen y tienen la suerte de estar en libertad, incluso tienen la residencia fuera de España”, añadió.

“Yo no voy a ir a ningún sitio, señoría, porque todo está aquí, pero es que además está lo único que me interesa, que me importa de verdad que es mi familia, mi mujer, mis hijos, mi padres. Tampoco voy a destruir nada, señoría, porque todo lo que tengo, toda la documentación está en este Juzgado, no tengo nada más”, insistió González antes de recuperar la calma y continuar el interrogatorio que se extendió durante algo menos de dos horas.

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En respuesta a las preguntas de su abogada y la fiscal, González fue dando su versión sobre todas las ramas en las que se divide el caso Lezo. Negó cualquier implicación en ellas, haber cobrado comisiones o tener dinero B. En muchos casos desvió la responsabilidad hacía los técnicos del Canal de Isabel II, epicentro de esta investigación. Sobre la compra de Inassa, confirmó que en 2004 se encargó un informe al despacho Cuatrecasas, pero añadió que en él no se alertaba de la comisión de ningún hecho delictivo.

“Si lo dijese (el informe) imagino que la gente que tomó esa decisión estaría investigada”, apostilló González en alusión a los consejeros del Canal en tiempos del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. Entonces no se sabía que meses después la Audiencia Nacional imputaría también a más de 20 de esos consejeros. Algunos de ellos han empezado esta semana a declarar ante el juez. En torno a aquella operación se investiga un presunto desfalco de unos 70 millones de euros.

La fiscal preguntó a González por unas declaraciones del entonces gerente del Canal, Ildefonso de Miguel -también investigado-, según el cual, le advirtió de las presuntas irregularidades de la operación. “Yo no me dedicaba a la gestión (...) lo que sean los datos técnicos es que no era mi misión, para eso estaban los directores ejecutivos de la compañía.”, replicó el expresidente de la Comunidad de Madrid y máximo responsable de la empresa pública de aguas desde 2003.

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González también explicó el viaje que realizó en 2008 a Cartagena de Indias (Colombia) junto a la cúpula del Canal. Fueron seguidos por unos detectives, que grabaron al grupo portando unas bolsas de basura. Se especuló que González y sus acompañantes podrían haberlas usado para portar dinero en metálico procedente de comisiones, pero el expresidente precisó que se trataba de toallas y otros efectos de protocolo. En el vídeo de esa visita, que se filtró a los medios, también se les escuchaba hablar de algunas sociedades panameñas y bancos suizos. “Yo no estaba en esa conversación porque era un desayuno y yo llegué más tarde y me senté en otra mesa”.

Otras preguntas versaron sobre algunos de los personajes de esta trama como su presunto número dos, Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable de Inassa y su hombre de confianza en el Canal, según los investigadores. González declaró que jamás ha recibido dinero de él, ni de nadie. “Jamás he encargado a nadie que adjudicase, ni hiciera nada, a cambio de dinero”, añadió.

Sobre la pregunta sobrevolaba la confesión del propio Edmundo: él, González y otros socios se repartieron hasta cinco millones de euros en comisiones de la compra de Emissao en 2013. “Le voy a decir que nunca he pedido ni he conocido, o he recibido dinero de nadie. Y menos por obras que realizase la Administración”, zanjó el principal acusado del caso Lezo. González agradeció al juez que le hubiese dejado declarar para explicar su situación personal “de deterioro personal, de sufrimiento por el hecho de estar privado de libertad”.

Esperanza Aguirre y Villarejo

También fue preguntado por Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta durante los gobiernos de José María Aznar, investigado también en esta causa. Según la confesión de Sobrino, Moro fue uno de los implicados en el reparto de la comisión por la compra de Emissao. González explicó que cuando Vicente Moro dejó el Gobierno pasó a trabajar para una sociedad que adquirió una empresa constructora vinculada con la trama Gürtel. Admitió que Moro se puso en contacto con él para hacerle llegar que el estigma de Gürtel les estaba generando problemas para optar a adjudicaciones públicas. González añadió que, para cambiar esa situación adversa, llegó a pedir un encuentro con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esta es la única vez que citó a la exmandataria regional en sus casi dos horas de interrogatorio.

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El nombre del comisario Villarejo también apareció en su declaración. El expresidente madrileño le acusó de haber sido el "instigador" de la investigación que se sigue en torno a su ático de Estepona (Málaga) en un Juzgado local a partir de un informe que elaboró con "indicios, sospechas y recortes de prensa, pero ninguna prueba". Denunció que después de eso fue citado a declarar como testigo al tiempo que se encontraba personado por medio de una fundación. 

Por otra parte, en relación al préstamo de 10.000 euros que le pidió a su padre, González explicó que fue para poder hacer frente al primer pago de las costas de un proceso en el que perdió una demanda presentada contra un medio de comunicación. Los investigadores, en cambio, creen que se trataba de una práctica para blanquear dinero procedente de actividades de corrupción. La operativa consistía en que sus familiares le ingresasen dinero y el se lo devolvía en metálico conseguido por medios ilícitos.