La juez del 8-M indaga las órdenes de Franco al equipo de seguridad de la Delegación

El director de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación de Gobierno de Madrid y otros tres miembros del equipo tendrán que comparecer ante la juez del 'caso 8-M'. Lo harán en calidad de testigos, por lo que tienen la obligación de responder con la verdad a todas las preguntas. La Guardia Civil sostiene que realizaron llamadas telefónicas a convocantes de manifestaciones e instaron a cancelarlas por la situación sanitaria generada por el coronavirus. La magistrada a cargo de la instrucción examina las órdenes que recibieron por parte del delegado de Gobierno y principal investigado de la causa, José Manuel Franco.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado citar a 11 testigos para la ronda de interrogatorios que se celebrará en el marco de la investigación que se sigue contra Franco por un presunto delito de prevaricación. Ocho de ellos son funcionarios de la Delegación. Cuatro forman parte del equipo a cargo de gestionar las manifestaciones y figuran en el informe de la Guardia Civil en el que se advierte a la juez de "la posible intencionalidad" del delegado de evitar que quedara registro del intento de impedir algunas concentraciones por el brote de la covid-19.

Según consta en la providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, las declaraciones se dividirán en dos sesiones: una por la tarde del miércoles 10 de junio y otra por la mañana del 11 de junio. Antes de escuchar a los testigos, la juez Carmen Rodríguez-Medel interpelará al delegado de Gobierno. 

Llamadas sin registro

Las citaciones tienen lugar semanas después de que los agentes de la Policía Judicial presentaran un informe en el que aseguran que varios testigos -interrogados por la Guardia Civil- coinciden en que la Delegación del Gobierno les instó a cancelar eventos que tenían programados entre el 5 y el 14 de marzo. "En algunos casos hablan de que la llamante (sic) es una funcionaria, un funcionario y en un caso aportan el nombre de un tal José Luis". En el documento, al pie de página figuran tres posibles cargos. Todos han sido citados por la juez.

Los investigadores consideran "significativo" que "las llamadas que efectuaron los funcionarios a los promotores no hayan quedado registradas en ningún sitio". Hacen hincapié en el hecho de que ante "un acto administrativo de gran trascendencia, como es el de instar o privar del derecho de reunión/manifestación de unas determinadas personas, no conste ningún trámite ni resolución". Según precisan, solo figura en la aplicación informática de la Delegación la palabra "desconvocada". En los expedientes aportados e incluidos en el informe aparece el nombre de usuario con el que varios funcionarios ingresan al sistema. También han sido citados por la juez.

Alertas previas al 8-M

La titular del juzgado dirige la investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En el marco de las pesquisas, intenta determinar si el Ministerio de Sanidad alertó al equipo del delegado de Gobierno antes del 8 de marzo.

El director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, que tendrá que comparecer el próximo miércoles, certificó a la Guardia Civil que desde la Delegación "no se recibió ninguna comunicación, de ningún organismo oficial español o de carácter internacional, con instrucciones, recomendaciones o prohibiciones relacionadas con la alerta sanitaria provocada por la covid-19". La Policía Judicial sostiene que sí era consciente del peligro. 

Los agentes concluyen que "la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma". Ante las declaraciones de los testigos ante la Benemérita y la inexistencia de los registros telefónicos de las llamadas que efectuaron los funcionarios a los promotores, los investigadores consideran que la oficina tenía un "amplio conocimiento de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran". 

Ronda de interrogatorios

La próxima semana la juez tendrá la oportunidad de resolver sus dudas al interrogar directamente al equipo del delegado del Gobierno. Llega a la ronda de declaraciones con dos informes de la Guardia Civil y uno del médico forense. También tendrán que comparecer dos de los promotores de manifestaciones que estaban programadas entre el 5 y el 14 de marzo y que sí se celebraron; ambos figuran en el informe de los agentes.

Hasta ahora, la Abogacía del Estado ha criticado las actuaciones. Ha plasmado su reclamo en un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de 23 de marzo que dio inicio a la investigación. "La forma de proceder del Juzgado instructor, incoando diligencias previas y acordando la práctica de diligencias que el mismo declara no urgentes, ocasiona una clara indefensión a mi defendido", ha precisado la abogada Rosa María Seoane. 

Desde la Fiscalía de Madrid han dado el silencio por respuesta. Fuentes del ministerio público han asegurado a Vozpópuli que hasta el momento no ha presentado escrito alguno en la causa. Según han precisado, su intención es no dirigirse al Juzgado hasta pasado este jueves, cuando se reanudan los plazos procesales.