La sanidad catalana quedaría en manos del ministro Illa durante la vigencia del estado de alarma

El estado de alarma que prepara el Gobierno central para hacer frente al coronavirus tendrá entre sus principales consecuencias el retorno de la tutela de la sanidad pública catalana al Ministerio de Sanidad. La Generalitat mantendrá la gestión pero las "autoridades civiles y los funcionarios" estarán a las órdenes de lo que decida el ministerio, dirigido por el socialista Salvador Illa. Todo con el objetivo de "garantizar la cohesión y equidad en la prestación" de los servicios sanitarios en la lucha contra la pandemia del coronavirus, según figura en el borrador del real decreto, que, en principio, entrará en vigor este mismo sábado tras su publicación en el BOE, salvo lo relacionado con la libertad de movimientos, que comenzará a aplicarse a partir del lunes. 

El decreto, que se publicará en el BOE en las próximas horas, indica también que la finalidad de esta medida sanitaria es "garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria".

El estado de alarma, por otro lado, contempla que los españoles no podrán moverse libremente durante el periodo de vigencia de esta situación. Así, los ciudadanos solo podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de productos de primera necesidad y medicamentos; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento a los centros de trabajo; retorno a su residencia habitual; asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, discapacitados o personas vulnerables; visitas a entidades financieras; repostaje en gasolineras y otros viajes "por causa de fuerza mayor o situación de necesidad". 

Durante las próximas semanas, además, el cuerpo de Mossos quedará bajo el mando del Ministerio de Interior, igual que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Ertzaintza y los policías locales. El objetivo es "la protección de personas, bienes y lugares". Todos ellos podrán "dictar órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se están llevando a cabo" y que sean contrarios a lo ordenado por el decreto.

Actividades o servicios que afectan sobre todo a los ámbitos del comercio, el ocio y la cultura. Y es que el decreto del estado de alarma suspende, entre otros, espectáculos públicos de esparcimiento y diversión (circos, salas de fiestas, cafés-espectáculo); culturales y artísticos (auditorios, cines, plazas e instalaciones taurinas); deportivos (en locales y recintos cerrados y abiertos); actividades recreativas y de hostelería y restauración. Además, quedan tampoco podrán abrir sus puertas los establecimientos de juegos y apuestas o los restaurantes y cafeterías que no tengan servicio de entrega a domicilio. 

En cuanto al área de educación, queda suspendida la actividad en todos los centros educativos de España y se promoverá la enseñanza por vía telemática siempre y cuando sea posible.