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‘Las madres de Salou’: el primer colectivo que luchó contra la inmersión

A la vicepresidenta de la entidad, la enfermera Asunción García, le asestaron una paliza y prendieron fuego a su automóvil

Varios niños en un aula.
Varios niños en un aula. Europa Press

En la actualidad, son diversas la asociaciones probilingüismo que combaten la exclusión del castellano en la denominada Escola Catalana: Asamblea por una Escuela Bilingüe, Hablamos Español, Impulso Ciudadano, etcétera. Sin embargo, en un ya lejano 1993, el panorama era bien distinto. Solo existía la asociación Cultural Miguel de Cervantes, cuya vocación era eminentemente cultural, y la Asociación por la Tolerancia, que a la sazón daba sus primeros pasos y cuya lucha incluía la inmersión pero se centraba en el nacionalismo identitario en general. En ese contexto, nació CADECA, un colectivo de madres que reivindicaban el derecho a que sus hijos también recibieran clases en su lengua materna: el castellano.

Todo empezó a finales de mayo de 1993 en el colegio Santa María del Mar de Salou. Allí, la enfermera Asunción García asistió perpleja a un reunión en la que el director informó de que a partir del próximo curso todas las clases serían en catalán. Indignada, convocó una concentración frente a las puertas del colegio a la que acudieron 80 padres. Paralelamente, otra madre con la que no tenía ningún vínculo, Ángela Diest, hizo lo mismo en el escuela Europa, de la misma localidad. Trabaron contacto y solo un mes más tarde, el 9 de julio, constituyeron juntas CADECA (Coordinadora de Afectados en Defensa de la Enseñanza en Castellano), agrupación también conocida como las madres de Salou.

Con la prensa en contra

El grupo —formado solo por madres por miedo a que los padres sufrieran represalias en el trabajo— pronto encontró dificultades. La primera, dar con un abogado dispuesto a defenderlas ante la Administración. Y es que, al conocer la naturaleza de sus reivindicaciones, los letrados se negaban a representarlas. Desmoralizadas, tomaron una decisión que pronto les pasó factura: contratar a un abogado que les ofrecía asesoramiento gratuito. Desconocían que su nuevo representante, Esteban Gómez Rovira, formaba parte de Juntas Españolas, un partido de extrema derecha. Como era de esperar, este hecho fue aprovechado desde el principio por la prensa nacionalista para desacreditar al colectivo.

Pese a todo, la perseverancia del grupo, junto al de otros como Asociación por la Tolerancia, empezó a dar frutos. El 12 de octubre de 1993, una portada de ABC se hizo eco de sus reivindicaciones: “Igual que con Franco pero al revés: persecución del castellano en Cataluña”. Aquel titular desempeñó un papel crucial, pues resquebrajaba el consenso mediático en torno a la inmersión. Diarios como El País salieron en defensa del sistema arguyendo que las familias descontentas habían sido “manipuladas por sectores de la ultraderecha”. Por su parte, el consejero de Educación, el convergente Josep María Pujals, aseguró que “esta inquietud no existe en Cataluña ni se deriva de las medidas de Ensenyament, sino que ha sido creada fuera de Cataluña por motivos ajenos a los educativos”.

La dejación de la Alta Inspección catalana

Pero las madres de CADECA no pensaban dar marcha atrás. Ese mismo año, trescientos padres del colectivo viajaron a Madrid acompañados por algunos de sus hijos para reclamar enseñanza bilingüe ante el Tribunal Supremo. Muchos de estos progenitores portaban un brazalete con la ñ rodeada por un círculo, así como pancartas con lemas como “No a la discriminación del castellano” o “Libre elección del idioma”. Una vez en la capital, se entrevistaron con representantes del Tribunal Supremo y de la Alta Inspección del Estado. Éste último, Roberto Mur, se mostró sorprendido por sus peticiones, pues su homologo catalán, Francesc Colomer, le había asegurado en reiteradas ocasiones que en Cataluña no se vulneraba ningún derecho lingüístico. Del mismo modo, tampoco le había hecho llegar ninguna de las incontables denuncias presentadas por CADECA.

Ante semejante abandono, la entidad decidió presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) contra la Consejería de Educación de la Generalitat por vulnerar el derecho a recibir instrucción en lengua materna —en este caso, el castellano—. La respuesta no se hizo esperar, y meses después el TSCJ emitió un auto que obligaba a garantizar la escolarización en español a menores de 7 años. Forzada a encontrar una salida —pero renuente a abolir la inmersión— la Generalitat ideó un recurso que le permitía salvaguardar el modelo: la llamada “atención individualizada”. Con ella, el profesor seguiría impartiendo las clases en catalán pero se dirigiría en español a aquellos alumnos que lo solicitasen.

De los 293 padres que habían exigido enseñanza en castellano, solo 13 se acogieron a esta solución. El resto consideró que la medida estigmatizaba a sus hijos. Paradójicamente, su escaso éxito sirvió al Gobierno catalán para demostrar que el sistema de inmersión obligatoria contaba con el beneplácito de la mayoría.

La vicepresidenta sufre una paliza y le queman el coche

En cualquier caso, este no fue el peor revés que sufrieron las madres de CADECA a lo largo de su historia. Al cumplirse un año del nacimiento de la agrupación, tuvieron lugar unos hechos de singular gravedad. La noche del 9 de septiembre, un desconocido acudió a la consulta privada de la vicepresidenta, Asunción García, que seguía ejerciendo como ATS. El hombre, con la excusa de que su padre había sufrido un accidente, le pidió que le llevase en coche a un lugar apartado. Durante el trayecto, le espetó: “Tú eres la madre del problema del catalán, ¿no?”. Ella negó cualquier problema con esta lengua. Una vez en el descampado, apareció un segundo individuo, le propinaron una paliza e incendiaron su vehículo.

Sorprendentemente, aquel ataque apenas acarreó consecuencias: los Mossos según la víctima, no profundizaron en el caso; y la prensa, a excepción de ABC, tampoco se ocupó de él. Los únicos en reaccionar fueron el diputado popular Alejo Vidal-Quadras, que condenó el atentado, y Asociación por la Tolerancia, que coincidiendo con la Diada protagonizó un encierro en el Parlament en protesta por la agresión. Después de aquello, las madres de Salou aún protagonizaron algún que otro logro —un manifiesto que respaldaron, En castellano también, por favor, consiguió reunir 50.000 firmas— pero los ánimos ya no eran los mismos y se disolvieron pocos años más tarde.

Una historia silenciada

Pero, ¿cómo se explica que una historia como la suya sea tan poco conocida? Para el exdiputado de Ciudadanos Antonio Robles, que se hizo eco de ella en su libro Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña (2013), esto se debe a que “durante muchos años, en nombre del victimismo del catalán, se hizo posible que se escribiese solo sobre lo que se tenía que escribir”. De esta forma, cuenta Robles a El Liberal, “los acontecimientos que no encajaban en el relato nacionalista, o bien eran neutralizados, o bien manipulados”.

Por otra parte, “¿cómo se iba a atrever alguien a cuestionar algo que ni siquiera existía?”. Y es que, en aquellos días, tal y como recuerda Robles, aún no se hablaba abiertamente de inmersión en catalán, sino exclusivamente de normalización, un concepto con menos implicaciones. “Las madres terminaron rebelándose”, aclara, “porque de golpe se universalizó un modelo escolar que, se llamase como se llamase, vulneraba los derechos de los castellanohablantes. Y, por desgracia, en esas seguimos”.



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