Publicado: 05/03/2020 10:28
El juzgado de Instrucción 2 de Gerona ve "indicios de criminalidad" contra Carles Puigdemont por cometer presuntamente delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con el uso de fondos de la empresa Agissa durante la etapa del expresidente de la Generalitat como alcalde de Gerona.
La jueza investiga la querella de la CUP contra Puigdemont por su gestión en la sociedad mixta de aguas, participada por los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià, mientras que el resto pertenece a Girona SA, participada por Aqualia, Caixabank y Sociedad General de Aguas de Barcelona .
En una exposición razonada, según publica El Español, la jueza Elena Román ve indicios de un presunto desvío de fondos municipales procedentes de un canon extraordinario por agua que se impuso a los ciudadanos para comprar obras de arte valoradas en 4,7 millones de euros. La jueza considera que se ha vulnerado la normativa de las haciendas locales al utilizarse un "artificio que llevó a una merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua". Por este motivo, ha elevado el escrito a la Sala Penal a propuesta de la Fiscalía.
El Ayuntamiento, regido entonces por Puigdemont, aprobó el 11 de marzo de 2013 la prórroga del contrato de prestación del servicio del agua con Agissa en el marco de un convenio en el que se incluyó el pago de este canon. Los Ayuntamientos percibieron 3,75 millones de euros, de los que 2,625 millones se destinaron al Consistorio de Gerona.
El "artificio" para comprar obras de arte
El canon corrió a cuenta de Agissa, la empresa Gerona S.A., a cambio de un pago de 468.750 euros anuales hasta 2020. "Los ingresos que genera Agissa provienen fundamentalmente de la venta de agua y el mantenimiento de contadores. De esta forma, se cargó al consumidor final con el importe del canon y, además, con los intereses derivados de la financiación del mismo", según expone la magistrada.
Puigdemont firmó, como alcalde de Gerona, el acuerdo de compraventa de la colección de arte denominada Fons Santos Torroella el 6 de febrero de 2014. El voto del prófugo de la justicia española fue determinante en la votación porque sirvió para deshacer el empate ante la división del pleno.
Quebranto de la ley de Haciendas Locales
Para ocultar el pago a los herederos de Torroella se ideó el "artificio" que causó "un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento, en la red de saneamiento y agua potable". El primer millón de euros abonado a los herederos, el Ayuntamiento de Gerona aprobó liberar el crédito previsto en el presupuesto municipal correspondiente a las partidas "mantenimiento de la red de saneamiento", "plan de saneamiento" y "servicio de agua potable". Las transferencias negativas en estas partidas suponen, según la jueza, un quebranto de la normativa de la ley de Haciendas Locales.
Todo ello mientras la red de agua de Gerona se había deteriorado, según un informe de la Agencia Tributaria, mientras las inversiones a realizar se reducían a la mitad, "en detrimento de la calidad y del estado de las instalaciones". "El consumidor final del servicio de agua durante estos años va a pagar más, pero dichos fondos no van a determinar una mejora de la calidad de las instalaciones y servicios", resumía el fisco.
La colección de obras de arte fue peritada por un anticuario. Las 1.320 piezas tendrían un valor de 4,725 millones de. El historiador y anticuario cobró 7.260 euros por este informe, y el 22 de mayo, después del encargo, el exalcalde firmó el decreto para abonar esta cantidad. "Dicho decreto falta a la verdad en el elemento esencial del documento, cual es el propio objeto del mismo, pues ya habían sido emitidos tanto el informe como la factura", señala la magistrada instructora. Hasta 2018, el Ayuntamiento de Gerona ha pagado 3,9 millones por estas obras de arte.
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