La fiscalía estudia forzar la destitución de Torra como President de la Generalitat

El President de la Generalitat, Quim Torra, vuelve a estar contra las cuerdas y a un paso de perder su cargo al frente del Govern. La Fiscalía está estudiando posicionarse en contra de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo (TS) del recurso presentado por el President en contra de su inhabilitación, según ha informado El Confidencial. Si la Sala de lo Penal del TS suscribe los argumentos que le presente el fiscal, la sentencia sería firme en menos de un mes y Torra quedaría inhabilitado de forma definitiva para el ejercicio de cargo público, pese a la última decisión de la justicia catalana. Además, el condenado debería abandonar de forma inmediata la presidencia que aún mantiene pese a que ya no es diputado del Parlament de Cataluña.

El Ministerio Fiscal por tanto tiene la clave de bóveda que podría forzar a la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña poniendo fin a la actual situación de impasse que afecta a la política catalana. Y la tiene porque hay indicios que apuntan a que el fiscal ve razones fundamentadas para aplicar el artículo 885 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que los recursos pueden considerarse inadmisibles "cuando carezcan manifiestamente de fundamento", un motivo que se ajustaría a la actual situación de Torra, inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) y no retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat.

Quim Torra recurrió su inhabilitación al Supremo alegando una presunta “persecución política” y en su extenso escrito de más de 300 páginas ataca sistemáticamente a la JEC por abrirle el procedimiento y posteriormente desposeerlo de su escaño en el Parlament. El recurso de Torra se centró en atacar la falta de imparcialidad de los principales protagonistas del procedimiento jurídico; la JEC, el juez que instruyó las diligencias y los miembros del tribunal que le condenó en una sentencia “teledirigida desde el principio”, según el escrito.

“Desobedecí y vengo a acusar al Estado”

Las quejas de Torra resultan cuanto menos contradictorias, pues durante su declaración en el juicio no negó en ningún momento el delito que se le imputaba y en lugar de mostrar arrepentimiento, compareció ante el tribunal de forma desafiante luciendo un lazo amarillo en la solapa. "Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal", declaró, erigiéndose falsamente en portavoz de un inexistente consenso catalán a favor de su causa. "No vengo aquí a defenderme. En todo caso, vengo a acusar al Estado", se jactó Torra, finalmente condenado a un año y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos tanto en España como en el extranjero y a multa de 30.000 euros.