El Liberal - Política

Sociedad Civil Catalana pide reformar la ley electoral, el fin inmersión y la neutralidad institucional en su decálogo

Estas son las principales peticiones de la asociación constitucionalista para "recuperar la democracia" en Cataluña

El nuevo presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa.
El nuevo presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa.

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha irrumpido en plenas negociaciones entre el PSOE y ERC para desbloquear la investidura. Ante las exigencias de los independentistas, la asociación constitucionalista más representativa ha abogado por "recuperar la democracia" en Cataluña con un decálogo.

La reforma de la ley electoral, el fin de la inmersión lingüística en Cataluña y la neutralidad institucional son los puntos más relevantes.

La plataforma ve necesaria una "segunda normalización" de las lenguas "cuarenta años después" del inicio de la inmersión lingüística en Cataluña. "Es imprescindible reconocer la riqueza interna de la cultura catalana, que se expresa en catalán y en español, y permitir que esa realidad plural se manifieste también en todas las instituciones" catalanas, ha defendido.

También ha abogado por la "neutralidad de la administración y de las instituciones" catalanas tras haber invisibilizado a los catalanes constitucionalistas "mediante el recurso de hablar solo en nombre de un supuesto pueblo sin fisuras". El texto señala que tanto las administraciones públicas como los medios de comunicación, la escuela, los espacios instituciones y el resto del sistema "se ha puesto al servicio de un proyecto ideológico, rompiendo el principio democrático fundamental de neutralidad", mientras exige el cese de "toda presión ideológica" sobre los funcionarios y empleados de la administración.

Así, ha defendido la "descolonización ideológica de los espacios públicos". "Los independentistas se han apropiado y han colonizado ideológicamente todo el espacio público, llenándolo de signos partidistas", siguiendo una vieja estrategia política para controlar el sistema, sin referirse explícitamente al Plan 2000 de Jordi Pujol. "Los espacios públicos y oficiales no puede estar colonizados en el futuro por signos de parte", en numerosas ocasiones colocados por el propio poder político, como en Ayuntamiento y fachadas de edificios de la Generalitat. 

La entidad ha pedido el fin del sistema de inmersión lingüística y del adoctrinamiento en los colegios. Tras poner en valor la riqueza cultural del castellano y el catalán, SCC defiende que ambas deben ser "vehiculares" en la escuela, como han marcado distintas sentencias judiciales. El actual sistema de imposición del catalán es discriminatorio y no reconoce nuestra realidad cultural, social e histórica. También "dificulta el aprendizaje de lo que había sido la lengua común". 

Por otro lado, ha defendido la "despolitización de los Mossos" al ver riesgos en la práctica profesional por cuestiones ideológicas. "Los mandos y las directrices deben escapar de afinidades ideológicas con el poder y debe quedar garantizada unos claros mecanismos de colaboración y lealtad que impidan los choques competenciales entre diversos cuerpos policiales", ha asegurado.

En los medios de comunicación, defiende la pluralidad, lejos de la actual función de agitación y propaganda para el movimiento independentista durante la última década. A su juicio, la caída de la audiencia se debe en buena parte al partidismo. "Es necesario que los medios dejen de operar como altavoces propagandísticos y sean medios de calidad al servicio de toda la sociedad catalana y de su pluralismo". 

SCC ve la necesidad de realizar una auditoría al 'procés' tras 30 años de poder, durante los cuales se ha desarrollado rasgos propios de una bien engrasada maquinaria clientelar. "Se reparten recursos públicos y estatus social entre un bien nutrido grupo de afines a cambio de que reproduzcan la ideología dominante desde sus respectivas áreas profesionales", ha asegurado. Las consecuencias son "un uso ineficiente de los recursos públicos, que dejan de asignarse a áreas de verdadera utilidad para la ciudadanía", entre otras. El presupuesto público no puede dedicarse a extender postulados ideológicos y a crear condiciones clientelares sobre una parte importante de la población, ha continuado.

La plataforma constitucionalista más numerosa ha rechazado la "unilateralidad y a la violencia", y ha considerado que "la base de la democracia y de la convivencia es el respeto a los marcos legales que democráticamente nos hemos dado". La acción política debe moverse siempre dentro de los cauces de la legalidad democrática. A su juicio, "toda reforma -de la Constitución- puede ser debatida siempre que se lleve a cabo dentro de los cauces previstos por el propio ordenamiento jurídico-democrático", sin violencia, "una línea roja que no puede superarse. Es necesario un posicionamiento claro de los agentes políticos en esta línea".  

Según SCC, la ley electoral catalana supone un candado que debe abrirse. "Debe suprimirse la injusta y discriminaría limitación de escaños sobre la provincia de Barcelona que impera en el Estatut y debemos avanzar hacia un modelo de mayor representatividad electoral, para que la sobre-representación de las zonas soberanistas no hipoteque un diálogo político sincero y realista en las instituciones catalanas". Y es que, en Barcelona y provincia residen más de la mitad de los catalanes, pero están infrarrepresentados.

Este es el decálogo íntegro

1.- Hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle. Con la recuperación de la democracia, la Generalitat llevó a cabo una intensa campaña para normalizar en Cataluña aquello que la dictadura había despreciado lamentablemente: la lengua y las características propias de la identidad catalana. Pero demasiadas veces esa política de normalización se hizo omitiendo también la realidad plural y diversa de la propia cultura catalana, confundiendo a Cataluña con un constructo idealista de corte nacionalista. Cuarenta años después es necesaria una segunda normalización. Es imprescindible reconocer la riqueza interna de la cultura catalana, que se expresa en catalán y en español, y permitir que esa realidad plural se manifieste también en todas las instituciones de nuestra tierra. 

2.- Neutralidad de la administración y de las instituciones: Los dirigentes nacionalistas, desde mucho antes del arranque del “procés”, han asimilado nacionalismo y Cataluña y han invisibilizado a los catalanes constitucionalistas mediante el recurso de hablar solo en nombre de un supuesto pueblo sin fisuras. La administración públicas, los medios de comunicación, la escuela, los espacios instituciones… todo el sistema institucional se ha puesto al servicio de un proyecto ideológico, rompiendo el principio democrático fundamental de neutralidad de las administraciones. Los catalanes necesitamos saber que el poder no va a imponer su ideología sobre la estructura institucional, que nos pertenece a todos. Debe cesar también toda presión ideológica sobre los funcionarios y trabajadores públicos. 

3.- Descolonización ideológica de los espacios públicos. Exigiremos con firmeza la neutralidad de los espacios públicos, que es un principio básico de ética democrática. Siguiendo una vieja técnica de dominio político, los independentistas se han apropiado y han colonizado ideológicamente todo el espacio público, llenándolo de signos partidistas. En muchas ocasiones, es el propio poder político el que ha ocupado con sus signos de partido espacios simbólicos que deben representar a todos, ejerciendo una verdadera coacción simbólica sobre el conjunto. Como corresponde a una democracia avanzada y a una sociedad abierta, los espacios públicos y oficiales no puede estar colonizados en el futuro por signos de parte. 

4.- Fin del Sistema de Inmersión Lingüística y del adoctrinamiento escolar. Las dos lenguas oficiales de Cataluña son una gran riqueza de nuestra cultural y deben ser lenguas vehiculares en la escuela, tal como exige la jurisprudencia. El sistema de monolingüismo escolar es discriminatorio y no reconoce nuestra realidad cultural, social e histórica. Tal como se define actualmente, la inmersión es un medio para conseguir la aculturación de una parte de la sociedad y dificultar el aprendizaje de lo que había sido la lengua común. Es imprescindible establecer mecanismos independientes que verifiquen el conocimiento de la lengua oficial de España mediante un examen único. Del mismo modo, es necesario que el sesgo nacionalista que domina los libros de texto en Cataluña sea revisado y superado. 

5.- Despolitización de los Mossos. Es necesario disponer de una policía que en su práctica profesional esté alejada de cuestiones ideológicas. Los mandos y las directrices deben escapar de afinidades ideológicas con el poder y debe quedar garantizada unos claros mecanismos de colaboración y lealtad que impidan los choques competenciales entre diversos cuerpos policiales. 

6.- Medios públicos pluralistas. Los medios públicos en Cataluña han actuado como principales motores y agitadores del debate y de la movilización secesionista durante la última década. Eso ha hecho que muchos catalanes hayamos dejado de seguir unos medios que antes teníamos en buena estima. Es necesario que los medios dejen de operar como altavoces propagandísticos y sean medios de calidad al servicio de toda la sociedad catalana y de su pluralismo. 

7.- Cese de la política clientelar y auditoría del Procés. La administración catalana, tras décadas en manos del nacionalismo, ha desarrollado rasgos propios de una bien engrasada maquinaria clientelar. Se reparten recursos públicos y estatus social entre un bien nutrido grupo de afines a cambio de que reproduzcan la ideología dominante desde sus respectivas áreas profesionales. Esta disfunción implica, entre otras muchas cosas, un uso ineficiente de los recursos públicos, que dejan de asignarse a áreas de verdadera utilidad para la ciudadanía. El presupuesto público no puede dedicarse a extender postulados ideológicos y a crear condiciones clientelares sobre una parte importante de la población.    

8.- Rechazo a la unilateralidad y a la violencia. La base de la democracia y de la convivencia es el respeto a los marcos legales que democráticamente nos hemos dado. La acción política debe moverse siempre dentro de los cauces de la legalidad democrática (que tiene, en todos los países, una clara estructura con fundamento en la Constitución). Toda reforma puede ser debatida siempre que se lleve a cabo dentro de los cauces previstos por el propio ordenamiento jurídico-democrático. Dentro de este marco debe operar siempre la palabra y el respeto mutuo, pues la violencia es una línea roja que no puede superarse. Es necesario un posicionamiento claro de los agentes políticos en esta línea.  

9.- Reforma de la Ley Electoral. Debe abrirse el candado que supone la ley electoral catalana. Debe suprimirse la injusta y discriminaría limitación de escaños sobre la provincia de Barcelona que impera en el Estatut y debemos avanzar hacia un modelo de mayor representatividad electoral, para que la sobre-representación de las zonas soberanistas no hipoteque un diálogo político sincero y realista en las instituciones catalanas. 

10.- Auditoría del Procés. El dinero público debe destinarse al servicio de todos los catalanes y nunca de proyectos al margen de la ley. Exigimos que se lleve a cabo una auditoría para esclarecer cuánto dinero público se ha destinado estos últimos años a romper el marco constitucional y a impulsar un proyecto de segregación política. 



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