Sánchez respalda a Torra pese a la inhabilitación de la Junta Electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un espaldarazo a Quim Torra al asegurar que sigue siendo "presidente de la Generalitat" a pesar de ser inhabilitado por la Junta Electoral, una decisión ratificada por el Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, ha abierto la puerta a un referéndum y a abandonar la vía judicial para resolver el conflicto político.

"Estaré encantado de verle para poner en marcha el diálogo que es tan necesario", ha afirmado, pese a la inhabilitación, con el escaño vacante, según ha resuelto la Junta Electoral de Barcelona, que ha instado a Ferran Mascarell a sustituir a Torra.

"Creo que a día de hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña es Torra, ¿no?", ha respondido cuando se le ha preguntado por su situación judicial. De momento, hay ni fecha ni lugar concretos para el esperado encuentro y poner en marcha la mesa de negociación pactada entre PSOE y ERC. El plazo era de 15 días una vez que Sánchez fuera presidente del Gobierno, y por tanto quedarían siete días para que tenga lugar.

Sánchez, por otro lado, ha dejado la puerta abierta al referéndum y consultas, tal y como reflejan "once Estatutos de Autonomía", pero ha advertido que no se superará la Constitución. "Lecciones de constitucionalismo por parte de otras formaciones, las justas", ha remachado tras el primer Consejo de Ministros.

Dejar atrás la vía judicial

Por otra parte, ha defendido la necesidad de dejar atrás "la vía judicial", que ha dominado la crisis catalana "demasiado tiempo", tal y como han pedido desde la Generalitat y las formaciones independentistas. "Si se normaliza el diálogo "la vía judicial no tendrá el recorrido que desgraciadamente ha tenido estos meses y estos años", ha asegurado.

Tras negarse a hablar con Torra durante meses, Sánchez ha cambiado el paso y tilda de "extraordinaria" noticia que los dos presidentes hablen. En este sentido, ha explicado que en los últimos meses ha habido "circunstancias muy difíciles de asumir por parte del Gobierno de España", y en concreto las "consecuencias en la calle" de la sentencia de la causa del procés.