Sánchez e Iglesias proponen la mesa bilateral y dar a Cataluña más competencias

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han formalizado su pacto de gobierno sin contar aún con el apoyo de ERC para lograr la investidura.

En este acuerdo de Gobierno, Sánchez e Iglesias se refieren singularmente a Cataluña en dos ocasiones, pero realizan guiños al incluir en otras propuestas al resto de Comunidades Autónomas. "Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual", han asegurado en el texto.

Ambos han acordado traspasar a la Generalitat competencias pendientes "reconocidas" por el Estatuto de Cataluña, como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, salvamento marítimo y la ejecución de la legislación laboral en el ámbito de trabajo, empleo y formación profesional.

Competencias definidas

Por otro lado y en otro de los guiños, han afirmado que impulsarán "la mejora y clarificación de la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para implementar un modelo de reparto más claro y preciso", con el fin de concretar las competencias y evitar la ambigüedad actual. El objetivo principal es reducir los litigios judiciales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

En este sentido, "resulta fundamental" que las competencias del Gobierno central "estén bien configuradas" para permitir la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respeto a la igualdad de todos los españoles. Las comunidades autónomas dispondrán de la capacidad necesaria para "un autogobierno eficiente" y "respetuoso con el interés general". Para desarrollar esta medida "se creará un comité de expertos que asistirá y dará soporte al Gobierno".

Entre otras de las propuestas que afectan a Cataluña, los dirigentes de la primera y cuarta fuerzas políticas del Congreso tratarán de mejorar la "colaboración y coordinación institucional entre la Administración General y las comunidades autónomas" con mesas de diálogo bilaterales entre gobiernos central y autonómico y entre ejecutivos regionales.

Las autonomías tendrán poder de decisión en el ejecutivo

Además, propone la "participación" de los ejecutivos autonómicos en la toma de decisión del ejecutivo central en la Conferencia de Presidentes, con una reunión anual; conferencias sectoriales, y los convenios de colaboración de las comunidades autónomas con el Estado y de éstas entre sí. En todo caso, esas relaciones bilaterales "siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución".

Se crearán también "nuevos mecanismos intergubernamentales en los que las comunidades autónomas puedan intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal".