Publicado: 07/12/2019 11:03
La entidad pancatalanista Plataforma per la Llengua acaba de poner en marcha la campaña Som 10 milions, som una llengua (Somos 10 millones, somos una lengua) que pretende acabar con lo que llaman el “secesionismo lingüístico”. La campaña quiere lograr la unidad total de la lengua catalana y acabar con el reconocimiento oficial que tienen el valenciano o el ibicenco en la actualidad. Por ello esta nueva acción de la Plataforma per la Llengua se dirige especialmente contra el Gobierno central, al que acusa de querer “fragmentar” la supuesta unidad de los territorios de lengua catalana con acciones como la publicación en catalán y valenciano de todos sus portales web.
Presidida por el médico Òscar Escuder, la Plataforma per la Llengua se autopresenta como “la ONG del catalán” y cuenta con millonarias subvenciones de las administraciones públicas catalanas. Entre sus últimas acciones destacan por su gravedad el fomento de las denuncias contra los comercios y restaurantes que emplean habitualmente el castellano y el espionaje de los niños en los patios de los colegios para evitar que utilicen otra lengua que no sea el catalán.
Su nuevo proyecto es el de acabar con el “secesionismo lingüístico” y tiene como objetivo la unificación de todos los territorios en los que se habla catalán. Rechaza así que lo que hablan en Baleares o Valencia sea una lengua propia de esas comunidades y promueve que las autoridades de las Islas y valencianas comiencen a referirse a su lengua propia como catalán.
Denominaciones alternativas
La campaña defiende que el catalán es “una de las lenguas más unitarias de su entorno”, por encima del castellano, el alemán, el italiano, el francés o el portugués. Según sus promotores, esta “unidad lingüística” no puede verse cuestionada por la “existencia de otras denominaciones territoriales tradicionales o populares, como alguerés, valenciano, mallorquín, menorquín, ibicenco, andorrano, formenterés o fragatí”. La plataforma pancatalanista considera que estas formas son solo “denominaciones alternativas” del catalán.
Los promotores de la campaña tienen especial interés en que el valenciano no tenga una consideración diferente al catalán. Acusan, por ejemplo, a la Abogacía del Estado de diferenciar entre ambas lenguas y al propio Gobierno central de ofrecer “las opciones lingüísticas de catalán y valenciano separadamente” en todos sus portales de internet. Algo que, afirman, “tiene costes adicionales económicos y de oportunidad para el ciudadano”. La misma crítica dirigen hacia “los servicios de atención y difusión comerciales de algunas empresas”.
❗️ El web d'@interiorgob (https://t.co/KpAbPMkRAq) té versions en català i valencià
💶 A banda de la reduïda presència real de la llengua al portal, quants diners ens costa la duplicitat?
🍅 Aturem la fragmentació lingüística! Signa a https://t.co/IWPFK5kIs0#som10milions pic.twitter.com/UbfaWXqjHC
— Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) December 5, 2019
Para esta entidad, los “intentos” de “fragmentación” de la supuesta unidad catalana son “un ataque frontal a un patrimonio lingüístico” que debería “enorgullecer” incluso a España. Consideran, además, que se trata de un “menosprecio absoluto del rigor científico y académico de los expertos en la materia filológica”.
Una sola lengua
La Plataforma per la Llengua reclama, por otro lado, “políticas públicas que asuman sin complejos la unidad de la lengua catalana”. Algo que serviría, según sus ideólogos, para frenar por ejemplo, los doblajes de audiovisuales en dos o tres “versiones dialectales” del catalán.
La campaña pretende, finalmente, que los simpatizantes de Plataforma per la Llengua soliciten por escrito a las administraciones de Baleares, Valencia, Aragón y Andorra, entre otros, que el catalán sea reconocido como lengua oficial de estas regiones. A través de este escrito, cuya plantilla se encuentra en la web de la Plataforma per la Llengua, podrán reclamar también al Gobierno central que reconozca “pública y oficialmente” la supuesta unidad de la lengua catalana, corregir las acciones “que la cuestionen” y “velar porque ninguna institución pública o empresa privada españolas fomente el secesionismo lingüístico catalán en su actividad”.
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