Los Mossos evitan sancionar a los identificados por 'kale borroka' en Cataluña

Los Mossos d'Esquadra no han sancionado a ninguno de los identificados en las protestas separatistas desde el año 2015 hasta el 8 de octubre de este 2019. En total se han registrado 42.444 sanciones por infracciones de la ley de seguridad ciudadana; 10 en 2015; 3.374 en 2016; otras 13.654 en 2017; 16.468 en 2018; y 8.938 hasta octubre de 2019.

En este tiempo han tenido lugar graves altercados, como el referéndum ilegal de 2017, la huelga separatista del 3-O, el posterior bloqueo del 😯 en las estaciones del AVE en Sants (Barcelona) y Gerona; el asalto del Parlament en octubre de 2018; el asedio al Consejo de Ministros de finales del año pasado; los ataques a los juzgados durante este 2019. 

Todos estos actos de la 'kale borroka' catalana no han tenido ni una sola sanción por la ley de seguridad ciudadana, según la respuesta obtenida por Ciudadanos de la Consejería de Interior a la que ha tenido en exclusiva El Liberal. Durante este tiempo, la Generalitat siempre se ha puesto del lado de los violentos manifestantes separatistas, tanto en el 1-O y días posteriores, incluidas las ya tristemente célebres arengas de Torra a los CDR: "Apretad, apretad y haréis bien en apretar".

En este tiempo la Generalitat ha tenido hasta tres consejeros de Interior. Jordi Jané, quien estuvo en la protesta del 20-S, también sin sanción alguna a los manifestantes; le sucedió en el cargo el condenado Joaquim Forn y desde mayo de 2018 fue sustituido por el cuestionado Miquel Buch.

Los Mossos no han considerado pertinente sancionar a nadie en el aniversario del 1-O del pasado año. Ese día se registraron un total de 43 heridos con un asedio al Parlamento autonómico. Al menos 30 agentes de los Mossos d'Esquadra presentaban heridas, algunos de ellos con fracturas. El dispositivo diseñado en la cúpula de la cúpula de Interior fue criticado por los sindicatos, que llegaron a tildarlo de "inadmisible".

"La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal", reza la ley de seguridad ciudadana.

Bloquear estaciones del AVE, sin sanción

Durante las protestas del pasado año en las inmediaciones de infraestructuras críticas, como las estaciones de Sants o de Gerona, tampoco se contempla multa alguna, según las cifras oficiales obtenidas por este medio.

De nuevo, la ley de seguridad ciudadana contempla sanciones por las manifestaciones no autorizadas "en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones". Ocurrió también en el aniversario del 1-O tras una convocatoria de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), quienes como ahora, pedían "más gente" para "resistir".

Pese a que la inmensa mayoría de estas convocatorias no autorizadas, los Mossos ordenaron la disolución de las mismas, empleándose a fondo con las porras, tampoco hay sanción. En este caso, la ley es taxativa y clara: habrá sanción por "la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente".

"Recuento manual", la excusa de la Generalitat

En su respuesta oficial a la que ha tenido acceso este medio, la Generalitat no ha facilitado a Ciudadanos ni una información relativa al importe de las sanciones impuestas, ya que "ni está procesada ni sistematizada", tampoco se dispone de ninguna herramienta informática que permita acceder, extraer y tratar los datos necesarios para obtenerla. "Esto obligaría a identificar manualmente los afectados del total de expedientes y localizarlos "físicamente"", según ha asegurado la Generalitat. 

"No se realiza un conteo del número de identificaciones", según han asegurado a este medio fuentes oficiales de los Mossos d'Esquadra, quienes aseguran que estas cifras son "irrelevantes".

La Generalitat cifra en "miles" los expedientes, distribuidos en archivos de los servicios territoriales de la administración de la Dirección General de la Policía y del la subdirección general de Seguridad Interior. "No se puede facilitar la relación desglosada y por precepto infringido los importes de las sanciones pecuniarias impuestas por infracciones", ha explicado la Generalitat. 

Sin embargo, fuentes policiales de los Mossos d'Esquadra aseguran que todos los expedientes están informatizados mediante "el aplicativo Sistema de Información Policial (SIP) al que tienen acceso Mossos y policías locales de Cataluña".

En esta herramienta informática se construye el acta "a mano", una operativa denominada 'D-10', y "obligatoriamente todas las oficinas las tienen que informatizar e incluir en el SIP", han afirmado las fuentes de los Mossos consultadas. Ahí queda constancia de quién ha sido denunciado y cuándo. Ambas copias se pasan al Área Aplicativa de la Región. Estas personas son quienes se encargan de tramitar las denuncias, según han declarado. "Serían millones de euros que no se han recaudado", han señalado. La Generalitat tan solo ha dado la información disponible sobre "la relación de expedientes administrativos sancionadores resueltos desglosada por año y precepto infringido" en la ley de seguridad ciudadana.

31.479 sanciones por consumir drogas y 1.917 por desobediencia

Por otro lado, se han puesto 1.917 sanciones por "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en
los procesos de identificación". En concreto, 171 en 2016; 596 en 2017; 716 un año después y 434 en 2019.

Pero una de las cifras más llamativas es el de sanciones por consumir drogas o sustancias tóxicas en la vía pública. En 2015 no se ha realizado ni una sola sanción por este motivo, subiendo exponencialmente en 2016, hasta un total de 2.241; 10.175 en 2017; 12.309 en 2018 y 6.754 hasta octubre de este 2019.

Solo una sanción por apuntar con un láser a un vehículo

Según el cuadro, tan solo se ha interpuesto una sanción por proyectar un láser sobre mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes, pese a ser un hábito en las manifestaciones de los CDR durante los últimos años.

La Generalitat ha admitido que tan solo se han puesto 9 sanciones desde 2015 hasta octubre de 2019 un total de nueve sanciones por "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones", siete de las cuales fueron en 2016 y otras dos este mismo año.