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Miquel Buch despide a dos altos cargos de Protección Civil un mes después de la explosión de Tarragona

La directora de Protección Civil instó al cese de los subdirectores de este organismo. Uno de ellos había explicado públicamente los errores del dispositivo y los motivos por los que no sonaron las sirenas de alarma

Sergio Delgado, uno de los cesados por la Consejería de Miquel Buch
Sergio Delgado, uno de los cesados por la Consejería de Miquel Buch

La Consejería de Interior ha cesado a dos subdirectores de Protección Civil a instancias de la directora del organismo, Isabel Ferrer Alvarez, un mes después de la explosión de uno de los reactores de la química IQOXE.

La propuesta del cese se produjo el pasado 4 de febrero y tres días después fue firmada por Brauli Duart, exdirector de la CCMA y ahora secretario general de la Consejería de Interior. Este viernes, el cese se ha hecho público oficialmente y tendrá efecto a partir de este domingo, según los documentos oficiales consultados por El Liberal.

En concreto, la Generalitat ha cesado a Núria Gasulla Fernández, subdirectora general de Programas en Protección Civil de la Dirección General de Protecció Civil; y a Sergio Delgado, subdirector general de Coordinación y Gestión de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil.

Hace un mes, Delgado explicaba los errores del operativo en TV3, entre ellos el por qué no se hizo sonar las sirenas. "El plan lo elaboramos nosotros mismos y el Plaseqcat (Plan de Emergencias Exterior del Sector Químico de Cataluña) no prevé la activación de las sirenas", afirmó.

En este sentido, explica que la activación de las sirenas solo se produce cuando "hay una amenaza sobre la vida de las personas" basada en informes remitidos por la empresa, en este caso IQOXE, o bien por las autoridades competentes. Si existe la amenaza se da orden de confinamiento. Pero la Generalitat, a través de las redes sociales, pidió el "confinamiento temporal" a los vecinos próximos al polígono de La Canonja. "Al no detectarse sustancias tóxicas en el aire no se activaron las sirenas", explicó. 

Uno de los cesados pidió revisar el protocolo

Delgado aseguró que la Dirección General de Protección Civil debía revisar el protocolo establecido en el Plaseqcat e investigar si se había aplicado correctamente, mientras pedía impulsar las herramientas de los servicios de emergencia "porque estamos en el siglo XXI". En este sentido, pidió mandar un mensaje a todos los vecinos de la zona afectada de Tarragona para que estuvieran informados directamente, más allá de las redes sociales. "Hubiera sido más efectivo", dijo. Además, ha asegurado que se informó a través de Twitter más del tiempo establecido en el protocolo de actuación al no disponer de los preceptivos informes.

Ambos cesados pueden interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir de este lunes o bien interponer un recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación, ante los juzgados contenciosos administrativos de Barcelona, o el correspondiente a su domicilio.

Ciudadanos pedirá la comparecencia de Isabel Ferrer Alvarez

El diputado de Ciudadanos, Matías Alonso, ha considerado que el Plaseqcat "es ineficaz, incluso en casos de riesgo cierto". "Si las alarmas dependen de que la empresa donde se produce la emergencia avise con precisión de si es o no tóxico el incidente, en casos extremos pueden producirse víctimas antes de que salten las sirenas", ha asegurado en declaraciones a El Liberal.

La formación 'naranja' pedirá la información pertinente sobre las causas de ambos ceses. El subdirector general de Coordinación y Gestión de Emergencias es un técnico, "que dice las cosas como son", ha señalado. "Hablamos de un funcionario, con formación y experiencia específica. No de un cargo político, como es el caso de la directora general", ha subrayado.

A su juicio, las explicaciones dadas por Delgado en TV3 sobre el plan de emergencias por un incidente químico, revisado en el último trimestre del año pasado, "merece y necesita una reforma, es imperdonable a ojos de los políticos responsables de que sea eficaz y ajustado a las necesidades reales de los riesgos de la industria química para la población y el entorno".



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