La encuesta independentista a menores se financió con una subvención estatal de 54.450 euros

La Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), presidida por Ana Losada, ha presentado ante el Ministerio de Economía una denuncia contra la encuesta independentista realizada a menores en varios centros educativos de Tarragona. La encuesta se ha llevado a cabo bajo el paraguas del estudio Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa. Un trabajo cuya teoría debía ser ese análisis pero que, en la práctica, ha servido para saber el nivel de apoyo que tiene la independencia catalana entre los menores encuestados. Este estudio cuenta con una subvención de 54.450 euros del Gobierno central, dentro del programa de ayudas a proyectos de I+D+I en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

La subvención estatal fue otorgada a finales de 2017, siendo ministro de Economía, Industria y Competitividad Luis de Guindos, del PP. Es más, la ayuda fue aprobada en plena aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.

El controvertido estudio está dirigido por los doctores Cecilio Lapresta y Àngel Huguet, cuenta con el apoyo de la Universidad de Lérida, y, para su realización, consta de una encuesta a realizar entre alumnos de la ESO en la que se cuestiona a los mismos por su respaldo o no al independentismo catalán. Todo ello obligando a los menores, de entre 13 y 15 años, a dar a conocer sus datos personales en la misma encuesta, según denunció hace unos días la AEB.

Datos personales de menores

La AEB explica en su denuncia que la primera página de la encuesta “contenía la autorización para su realización, junto con la información que advertía de que era voluntaria, anónima y confidencial”. Sin embargo, y al menos en el caso del instituto El Morell de Tarragona, varios menores explicaron a la AEB que “la hoja que incluía sus datos no se separó del resto en el momento de su entrega”. Además, aquellos alumnos que se negaron a realizarla “se vieron obligados a acabarla por indicación expresa de sus profesores”.

En la encuesta, algunas de las preguntas que se realizaron a los menores estaban relacionadas con “su intimidad, identidad, convicciones ideológicas y creencias religiosas”. Además, las respuestas entre las que podían escoger  ofrecían “opciones polarizadas que excluyen siempre la posibilidad de sentirse catalán y español, de integración en la cultura catalana  y española”. La AEB añade en su denuncia ante Economía que en este sondeo realizado a menores de edad se presentaba “de forma continuada los dos términos (catalán y español) como excluyentes entre sí”.

Desde la AEB se considera que la intimidad de los menores encuestados se ha puesto en entredicho al tener que pronunciarse sobre aspectos como su ideología política. Pero, además, sus integrantes piensan que se ha podido cometer un delito relacionado con la protección de datos. De ahí que pidan al ministerio que compruebe si ha sido así o no. Y, en el caso de confirmarse sus sospechas, que suspenda la subvención y “se desapruebe la continuidad de este estudio con el aval de este ministerio”.

Destrucción de todas las encuestas

La AEB, por otro lado, ha presentado también sendas denuncias ante la Alta Inspección Educativa del Ministerio de Educación y la Inspección Educativa de la Consejería autonómica de Educación. La asociación solicita a ambas instancias la apertura de una investigación para conocer quiénes son los responsables de la realización de esta polémica encuesta “en todos y cada uno de los niveles de la administración educativa catalana”. Responsables que, añade en su denuncia, “pudiendo impedirlo, no lo hicieron”. Además, exige a la Administración educativa que “reconozca el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos” y que asuma las responsabilidades que puedan derivarse de este presunto delito.

La AEB reclama también a ambas inspecciones la paralización definitiva del estudio de la Universidad de Lérida y “la destrucción de todas las encuestas realizadas hasta la fecha”, así como la comunicación de la misma a las familias de los alumnos. Lo cierto es que, tras estallar el escándalo la semana pasada, la Consejería autonómica de Educación, dirigida por Josep Bargalló, ordenó la suspensión de la realización del sondeo entre los menores. Una orden que se dio poco después de que el PSC exigiera la comparecencia de Bargalló ante el Parlament para dar explicaciones

La asociación presidida por Ana Losada exige, finalmente, que los menores encuestados “de este centro (El Morell) y otros” reciban “una sesión que subsane las ideas tendenciosas que la encuesta les ha transferido y que son contrarias a la Constitución”. Y es que, recuerda la AEB, las preguntas y las respuestas de la encuesta independentista presentan “la identidad, lengua y cultura catalana y española como excluyentes y no comunes en Cataluña”, llegando al extremo de presentar a los no nacidos en esta comunidad autónoma como “de otros países”.