El Liberal - Política

La Justicia catalana procesa a Josep María Jové y Lluís Salvadó por el 1-O y les impone una fianza millonaria

La jueza instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impone una fianza de 2,88 millones a Jové y otra de 1,635 millones a Salvadó por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos

El diputado de ERC en el Parlamento de Cataluña, Josep Maria Jové.
El diputado de ERC en el Parlamento de Cataluña, Josep Maria Jové.

La magistrada instructora de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procedido al procesamiento de Josep María Jové y Lluís Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 desde sus responsabilidades públicas, y fija sus declaraciones para el próximo día 11 de marzo.

En un auto, conocido este viernes, se exige que ambos se presenten en los juzgados una vez al mes y se les ha retirado el pasaporte. También tienen prohibido salir del país. Para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su actuación se les ha impuesto una fianza de 2,889 millones de euros en el caso de Jové y de 1,635 millones para Salvadó.

Jové, "una participación activa en el referéndum"

Josep María Jové, hombre fuerte de ERC en la mesa de diálogo entre gobiernos y entonces secretario general de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, "tuvo una participación activa en la preparación del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia en el ilegal referéndum fuesen superiores a los negativos".

La instructora considera acreditado que Jové, desde sus responsabilidades públicas, "obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para lo que carecía de competencias". Además, "desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde debía llevarse a cabo el referéndum".

La magistrada instructora señala también, tal como se recoge indiciariamente en la agenda Moleskine de Jové y en las anotaciones de Enfocats, que este procesado "conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal", en una cantidad superior a los 2.100.000 euros. "Todos los gastos debieron ser indiciariamente supervisados por el señor Jové, tanto en su condición de coordinador del referéndum, según sus propias anotaciones, como por ostentar el cargo de Secretario General del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como cuanto responsable formalmente desde el mes de julio de 2017 del área de los procesos electorales y consultas populares que se mantuvo en el departamento hasta el decreto 1/2018, de 19 de mayo, por el cual dicha responsabilidad pasa a otro".

Conseguir el control de los impuestos

Respecto a Salvadó, secretario de Hacienda del Departamento de Vicepresidencia desde enero de 2016, al igual que el señor Jové, "planearon que era necesario preparar las estructuras de Estado y una adecuada financiación para cuando Cataluña contase con la independencia".

La jueza le considera "responsable de la ideación del Programa de Homogeneización de los procesos y mecanismos internos o tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público o la Generalitat al Estado", todo ello para promover la recaudación impositiva suficiente.

Tras admitir que este plan no llegó a ejecutarse, ha asegurado que fue aprobado por el Govern en abril de 2017 para afectar en materia de recaudación a todos los entes locales, a las universidades públicas, Servicio Catalán de Salud y, en definitiva, a todo el sector público de la administración autonómica sin que ello fuera comunicado a la Agencia Tributaria ni publicado en diarios oficiales ni mencionado en el Consejo Territorial para la dirección y coordinación de la gestión tributaria en Cataluña.

Los indicios, según el auto, permiten inferir que el programa se proponía "conseguir el control de los impuestos estatales y cotizaciones sociales provenientes de las instituciones públicas autonómicas y locales e información fiscal de los contribuyentes". El programa tuvo un coste de 1.226.089,12 euros.

La jueza argumenta que los indicios de la posible comisión de un delito de malversación por la posible "disposición o compromiso de fondos públicos" para finalidades ajenas a las competencias que tiene encomendadas la Administración autonómica y que justifican la asignación de su presupuesto, para satisfacer el objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación y creación de estructuras de Estado fuera del marco legal, todo ello con conocimiento, presuntamente, de la ilicitud de la actuación por parte de ambos investigados.

Respecto al delito de revelación de secretos, la cesión de datos personales, incluidos los datos fiscales, no estaba indiciariamente amparada por la norma.

El delito de desobediencia viene determinado por la ignorancia a las advertencias personalmente comunicadas a los ahora procesados por el Tribunal Constitucional respecto de determinadas actuaciones.



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