España, único país de la UE que no tiene un único teléfono de información sobre el coronavirus

España es muy diferente a la UE, incluso en casos como la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2. El Estado autonómico tiene transferida la competencia de Sanidad, y cada uno de los territorios trata de atajar el número de infectados con sus propias medidas.

Nuestro país es el único de la UE que no tiene centralizada la información sobre este letal virus, más contagioso que la gripe y con un largo período de incubación -de 14 a 24 días-, según el listado de teléfonos habilitados para atender a los posibles contagiados de esta enfermedad.

A diferencia de lander alemanes y los cantones de Suiza, España no ha centralizado una única línea para atender a los enfermos de Codvid-19 ni tampoco para los posibles casos. La Organización Mundial de la Salud remite al listado separado por autonomías para poder atenderles.

Esta anomalía dentro de la UE ha sido criticada por eurodiputados, como Luis Garicano. "Vayan al Centro Europeo de Control de Enfermedades y busquen teléfonos de contacto sobre coronavirus de los diferentes países. Sólo hay un país que no tiene teléfono de contacto nacional. ¿Adivinan cuál? Pues eso", ha escrito en su personal de la red social Twitter.

Además, algunas de estas comunidades autónomas han habilitado una línea de pago, como en los casos de Cataluña, Aragón y Baleares, con el 061, un número cuyo coste en la factura depende además de la operadora que se utilice.

El pago por el 061 llega a la Comisión Europea

La polémica del teléfono de pago, publicada este miércoles por este medio, ha llegado a la Comisión Europea. El diputado Jordi Cañas (Ciudadanos) ha denunciado que el teléfono de atención sanitaria paraa informarse sobre el coronavirus en Cataluña sea de pago.

Por este motivo, ha instado a la institución tomar cartas en el asunto y obligar al Ejecutivo catalán a facilitar una línea gratuita, como cuentan numerosas comunidades autónomas. El coste de estas llamadas oscila entre los 0,08 y los 0,15 euros.

A su juicio, "vulnera" los principios que inspiran el funcionamiento del 112 al derivar a la ciudadanía a un servicio "de pago".