El Liberal - Política

El 'Consell per la República' apenas logra superar los 80.000 socios

La entidad pretende llegar a un millón de inscritos en su registro digital de ciudadanos

Reunión de JxCat junto a Carles Puigdemont en Bruselas.
Reunión de JxCat junto a Carles Puigdemont en Bruselas. EFE

El Consell per la República, la entidad puesta en marcha por el ex presidente Carles Puigdemont hace poco más de un año en Waterloo solo ha logrado el apoyo de 82.762 personas desde su creación. Esta asociación fue creada por Puigdemont y su entorno para, básicamente, recaudar fondos con los que financiar su defensa en los procedimientos judiciales que mantiene abiertos dentro y fuera de España desde su fuga en noviembre de 2017. 

Para pertenecer al Consell per la República es necesario comprometerse a un pago que oscila entre los 10 y los 250 euros y que puede abonarse mensualmente, trimestralmente, anualmente o de manera puntual. Existe también la opción de abonar otra cantidad diferente a las concretadas. Eso sí, es imposible pertenecer a la entidad sin realizar alguno de estos pagos, según se puede comprobar en la página web de la misma. Página en la que se solicitan, entre otros datos, los nombres, apellidos y DNI de quienes estén interesados en formar parte de esta asociación con la que Puigdemont también se dedica a participar en determinados foros europeos con el objetivo de denigrar a España.

Hasta 20 millones de euros

A la vista de las cifras que se solicitan para poder afiliarse al Consell per la República, el ex presidente catalán puede recaudar un mínimo de 827.620 euros anuales, si todos sus inscritos pagan la cuota mínima una vez al año. Si abonaran 250 euros anuales, Puigdemont se estaría embolsando algo más de 20 millones y medio de euros. Resulta dífícil saber en realidad cuánto dinero está obteniendo el ex presidente catalán en estos momentos, dado que no tiene ninguna obligación de presentar las cuentas del Consell per la República públicamente. 

El Consell per la República, por otro lado, tiene objetivos como convertirse en representante de aquellos ciudadanos que, además de los republicanos, compartan valores como la “autodeterminación”, la no violencia, el diálogo o “la dignidad”. En su página web se explica que “la ciudadanía ha de ser una decisión libre y voluntaria”. De ahí la importancia que dan sus promotores a lo que han llamado “el registro de ciudadanos”, que “es lo da legitimidad al Consell per la República”. Este registro debería servir para escoger a entre 100 y 150 representantes, una vez que se alcance la cifra de 1 millón de inscritos. Algo que, a la vista de los números, está lejos de cumplirse. La votación sería telemática y en la misma podrían participar los residentes en Cataluña inscritos en el registro y mayores de 16 años.

Frente a ese registro, el Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez ha emprendido ya acciones como el Real Decreto Ley que obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas deban estar localizados en países de la UE y no en paraísos digitales. Y es que ya el propio Sánchez advirtió a los independentistas el pasado mes de noviembre de que "no habrá independencia offline ni online". 

A pesar de las advertencias, el Consell per la República sigue trabajando en la creación de un país digital catalán en el que, por otro lado, parte de los representantes de los ciudadanos-afiliados procedan de las instituciones catalanas (diputados, alcaldes y concejales), mientras que un porcentaje no determinado tendría que tener vínculos con “territorios de habla catalana, de Europa y del resto del mundo”, según se indica en uno de los vídeos de presentación de la entidad. 

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie

El Consell per la República prevé también la creación de un Consejo de Gobierno, con entre 10 y 20 miembros. En la actualidad, este  consejo está integrado por los fugados Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Forman parte también del mismo Antoni Castellà (diputado autonómico), Elisenda Paluzie (presidenta de la Asamblea Nacional Catalana), Guillem Fuster (Plataforma per la Llengua), Marta Sibina (ex diputada nacional de En Comú-Podem) y Lluís Llach (ex diputado autonómico y ex presidente de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente), entre otros.



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