La policía en las universidades es democracia

Jueves, 14 de enero de 1999. Nos encontramos en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. Son las 12 del mediodía y un grupo de unos 100 estudiantes se aglutina en la Plaza Cívica de la UAB mientras que otro, un subgrupo de unas 50 personas ataviadas con piedras y capuchas, se dirige al Centro Nacional de Microelectrónica por la carretera de Bellaterra.

El objetivo de la protesta por parte de los manifestantes y de los encapuchados es el conferenciante invitado, el Presidente del Gobierno de España, José María Aznar.

Empiezan los disturbios, hay cargas policiales en la Universidad Autónoma de Barcelona. De un lado, radicales parapetados tras contenedores de basura arrojan todo tipo de objetos a los agentes. Del otro, la Policía Nacional, con pelotas de goma, protege la integridad de la comitiva presidencial.

A noviembre de 2019, el bulo de que la policía requiere del consentimiento del rector de turno para acceder a la universidad se mantiene con firmeza

Algunos radicales resultan contusionados mientras que seis policías sufren lesiones. Este altercado va acompañado de una denuncia por parte del rector de la UAB, Carles Solà. Como sucede ahora, y que a nadie le sorprenda, el rector Solà se posiciona en favor de los violentos encapuchados alegando “desproporción policial” y “violación de la autonomía universitaria al invadir la Policía Nacional el campus sin autorización previa”.

Al parecer, a noviembre de 2019, el bulo de que la policía requiere del consentimiento del rector de turno para acceder a la universidad se mantiene con firmeza. Actualmente, no solo lo impulsan los separatistas mientras aprovechan para que las universidades sean el caos de todos y su particular refugio de impunidad; sino que también lo hacen los mismos rectores, excitados por creer que poseen más poder del que realmente tienen; los políticos separatistas; y, también, algunos no independentistas despistados, cuando no entregados al bulo pro-anarquía.

Pero lo que ahora es un bulo, no lo fue tanto en el pasado. Esta creencia popular tiene sus fundamentos en el régimen franquista, cuando las acciones estudiantiles contrarias a la dictadura eran reprimidas por “los grises” y entonces sí existía el acuerdo de que las “Fuerzas del Orden Público”, como se llamaban antes, no intervenía en la universidad. Es por esto por lo que mantener el bulo en la actualidad conlleva equiparar nuestra democracia a la dictadura franquista. Aceptar que existen espacios de refugio donde la policía no puede desarrollar sus funciones implica claudicar ante quienes defienden que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no actúan para proteger los derechos y libertades de todos sino únicamente para reprimir ideas, como en la dictadura.

Ante los que defienden el bulo para seguir sembrando el caos, rectores incluidos, cabe ser claros: en un Estado democrático de derecho no está permitido que existan espacios que se escapen del control jurisdiccional. En un Estado democrático no existen espacios de impunidad. En este sentido, la Ley de Seguridad Ciudadana se aplica en toda la extensión territorial de España y, pese a lo que argumentan los que se ocultan tras las capuchas o los que se esconden en los rectorados, la Ley de Autonomía Universitaria no confiere ningún poder al rector de turno para decidir cuándo accede o no la policía en la universidad. Para aclarar esta cuestión, cabe señalar que la Ley de Autonomía Universitaria se basa en el respeto a cuestiones como la libertad académica, enseñanza, estudio e investigación. Y es lógico, porque en un país serio un rector no puede pintar nada en decisiones técnico-policiales.

La Ley de Autonomía Universitaria no confiere ningún poder al rector de turno para decidir cuándo accede o no la policía en la universidad.

El otro argumento esgrimido por quienes defienden que la policía no puede entrar en los edificios universitarios es el de la “inviolabilidad del domicilio”. El artículo 18.2 de la Constitución Española establece que “el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Pero… ¿es toda facultad un domicilio? Lo cierto es que no. La noción constitucional de domicilio se fundamenta en aquel espacio en el que se desarrolla la vida privada de un sujeto. Estaremos todos de acuerdo en que las facultades, obviando ciertos espacios privados como por ejemplo los despachos, son de uso público. Dentro del horario de apertura entra y sale quien quiere y no existe ningún tipo de control. Nadie, claro está, ejerce su libertad más íntima en el hall de una facultad de la misma manera y por la misma razón que nadie la ejerce en medio de la plaza de un pueblo: porque no existe intimidad entre la marabunta.

Aun así, ni siquiera la inviolabilidad del domicilio sirve en este caso para evitar la entrada de la policía después de lo observado estas últimas semanas en las universidades de Cataluña. Seamos serios: un grupo radicales embozados que rompe material para montar barricadas en los accesos y que se enfrenta a los estudiantes que quieren ir a clase no es “derecho a la huelga”, es un delito. Un delito flagrante de coacciones que la policía no puede dejar de perseguir ni siquiera en los casos en los que realmente existe el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Teniendo ya al rector endiosado de turno despojado de sus falsos ropajes, lo que sí puede (y debe) es contribuir a perseguir delitos. Ante las barricadas de los encapuchados el rector tiene que elegir: o está del lado de aquel estudiante afroamericano, James Meredith, o está del lado del Gobernador segregacionista de Misisipi Ross Barnett. Puede que siendo James Meredith no disponga de tanto mando, claro está, pero sí dispondrá de la misma dignidad que utilizó el presidente J. F. Kennedy en el 62 para ordenar a la policía que escoltara hasta sus aulas a los estudiantes afroamericanos que tenían derecho a asistir a clase.

Un grupo de radicales embozados que rompe material para montar barricadas en los accesos y que se enfrenta a los estudiantes que quieren ir a clase no es “derecho a la huelga”

Volviendo al principio, esa denuncia ante los juzgados que interpuso en 1999 el rector Solà fue resuelta por el Tribunal Supremo en 2003. El fallo judicial fue el siguiente: “Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Universidad Autónoma de Barcelona.”

Hoy, gracias a quien fuera rector de la UAB existe jurisprudencia y sabemos con certeza, pese a los bulos, que la policía sí puede acceder a los campus universitarios para proteger los derechos de todos. Es más, hemos de exigir que así sea pues hasta que este hecho no ocurra con normalidad seguirán mandando sobre nuestro futuro rectores endiosados y violentos encapuchados.