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El Liberal - Opinión

Complicidad de las universidades públicas catalanas con el poder nacionalista

Dos sindicatos estudiantiles llaman a la huelga en las universidades e institutos catalanes

Los manifiestos de los claustros de las Universidades Públicas catalanas pueden resumirse, al margen de matices, en cuatro propuestas políticas: el compromiso  a favor de la autodeterminación, la excarcelación de los líderes políticos nacionalistas condenados por el Tribunal Supremo y el sobreseimiento de los procesos penales en curso relacionados con el 1-O, apoyar las movilizaciones a favor de los condenados por sedición y malversación,  el rechazo a la violencia policial.

La legitimidad de las universidades públicas se deriva de la Ley  de Universidades, aprobada por las Cortes Generales, como servicio público de educación, y funciones relacionadas con la creación, desarrollo y transmisión del conocimiento: ciencia, técnica y cultura   (art. 1. de la LO 6/2001 de Universidades). Esta ley configura el Claustro Universitario como “un órgano de representación de la comunidad universitaria” (art. 16), cuyos estatutos tienen que ser coherentes con el marco competencial  de la universidad que no es otro que la “investigación, la docencia y el estudio” (art. 1.1.). 

Así que, por un lado, tenemos la posición política de los claustros de las universidades públicas catalanas y, por el otro, su marco jurídico y función. De esta simple contraposición de desprende que la manifestación pública de estos claustros no se corresponde con su marco competencial, sino que lo subvierte y degrada porque más allá del cometido que les justifica, entran de lleno en la lucha política implicándose e implicando a toda la comunidad universitaria en propuestas antijurídicas (autodeterminación, excarcelación de condenados por delitos, sobreseimiento de causas penales), y de activismo político (apoyo de movilizaciones de estudiantes y rechazo de la acción policial).

Los manifiestos de los claustros cumplen una función de propaganda nacionalista, pero son nulos de pleno Derecho porque carecen de legitimidad al sobrepasar su capacidad competencial

Normalmente, el código de conducta de la vida universitaria  se funda en la sujeción al principio de legalidad y la neutralidad política de la que se deriva la no interferencia ni participación en procesos políticos. Por el contrario, las cuatro propuestas indicadas entran de lleno en el plano político, alineadas con la estrategia del poder nacionalista catalán actuando  en contra del orden constitucional de la Nación española.

No es una coincidencia del azar que los claustros de la universidades públicas catalanas comprometan el pluralismo y la representatividad de las comunidades universitarias -formadas por personas libres con opiniones e ideologías diferentes- en una clara manifestación totalitaria, sino que forma parte de la voluntad  de poder del nacionalismo secesionista en su lucha contra España y sus instituciones democráticas.

La equidistancia de algunos rectores al afirmar que la universidad es neutral, pero los claustros han aprobado estos manifiestos carece de fundamento.  Los claustros universitarios están presididos por el rector (art. 16.1) a quien compete siempre y en todo caso garantizar que las deliberaciones y los acuerdos que se adopten se ajusten al marco competencial de los claustros (habría que ver el ajuste jurídico-normativo de los contenidos de los estatutos). Los claustros universitarios sólo pueden hacer en Derecho lo que corresponde a sus estrictas competencias relacionadas con el conocimiento. Nada más.

De hecho, estos manifiestos de los claustros cumplen una función de propaganda nacionalista, pero son nulos de pleno Derecho porque carecen de legitimidad al sobrepasar su capacidad competencial, siendo los rectores los responsables directos por permitirlo, con los efectos adversos de la división de las comunidades universitarias  y de  la instrumentalización política. 

Esta dejación de responsabilidad  e incluso la complicidad con los grupos de presión, internos y externos, no puede escudarse en la autonomía universitaria, cuya razón de ser es profundizar en los principios que la justifican: “la investigación, la docencia y el estudio”.

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