Publicado: 12/12/2019 04:45
El macrocomplejo turístico y de ocio de Hard Rock en Tarragona se paraliza a falta de encontrar una fórmula jurídica para determinar quién pagará las hipotéticas indemnizaciones por la retasación del terreno. Hard Rock tenía de plazo hasta el pasado 5 de diciembre para tomar una decisión tras 18 meses de deliberación. 'In extremis' presentó una solicitud de prórroga el pasado 4 de diciembre y le ha sido concedida por un nuevo plazo de tres meses.
"No hay acuerdo aún sobre los aspectos técnico-jurídicos", han afirmado fuentes conocedoras de las negociaciones a El Liberal. "Se trata de compartir las cargas en caso de una sentencia contraria", han asegurado. "Las reclamaciones piden un mayor precio, pero será el juez quien decida", han señalado.
La negociación entre la empresa estadounidense, Incasòl y Criteria se mantiene desde hace meses a la espera de encontrar esta solución, que solo se activaría en caso de que el juzgado de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dé la razón a los 52 propietarios que han pedido abrir de nuevo la puerta de la retasación al cambiar el motivo por el cual fueron expropiados los terrenos. Nadie está dispuesto a asumir el coste de estas indemnizaciones, como tampoco hizo Veremonte, la empresa de Enrique Bañuelos, en 2014, cuando desistió ejercer su opción de compra de estos terrenos en el marco del fallido proyecto Barcelona World.
El suelo de estos propietarios fue expropiado en 1989 bajo el pretexto de levantar una ampliación de Port Aventura. El uso y edificabilidad de la expropiación era para levantar un nuevo parque de atracciones con un máximo de 800.000 metros cuadrados, pero no para un proyecto turístico y ocio de 2.000 millones de euros de 930.000 metros cuadrados, como es el complejo que pretende levantar Hard Rock.
El precio pagado hace 30 años fue irrisorio, de entre tres y cuatro euros por metro cuadrado. Algunos de los anteriores dueños recurrieron el precio al Supremo y obtuvieron entre seis y siete veces más de lo pagado inicialmente por la Generalitat. En el proceso, "la Generalitat cerró la puerta a la retasación, motivo por el que este medio centenar de propietarios ha acudido a los tribunales", ha indicado la defensa de los propietarios en una conversación con El Liberal. El abogado Javier Huarte tiene la intención de pedir después un justiprecio por la expropiación si finalmente le dan la razón en el tribunal. Con las actuales condiciones ofrecidas a Hard Rock, el precio del suelo se dispararía, llegando incluso a duplicarse el precio.
"La valoración la tendrá que dar el jurado de expropiación", ha señalado Huarte. "Al modificarse el uso de los terrenos se ha pedido la retasación", mientras el juzgado contencioso del TSJC podría tardar cerca de un año como mínimo en pronunciarse al respecto.
Un año de espera como mínimo
Si el TSJC abre la puerta a esta compensación, el dueño de este suelo, en manos ahora de Criteria, tendría que asumir el veredicto posterior del jurado de expropiación, encargado de fijar la cuantía. "En esta primera fase del proceso no se discute el valor de los terrenos", ha señalado la defensa de estos propietarios a El Liberal. "Se discute la posibilidad de entrar en la retasación", ha explicado, una puerta que cerró la Generalitat a la hora de expropiar los terrenos. Veinte años después, la Generalitat cambió el uso y edificabilidad de los terrenos y algunos de los antiguos propietarios decidieron defenderse en los tribunales ya que consideraban que para esos nuevos usos el terreno debería aumentar el valor. Según los cálculos del abogado, al menos habrá que esperar un año como mínimo para tener la sentencia del pleito. "La Justicia es lenta", ha alegado.
Si finalmente el juzgado contencioso abre la puerta a la retasación, la Generalitat tendría que pagar no solo 120 millones de euros a Criteria, sino también su parte correspondiente a los dueños de los terrenos en concepto de indemnizaciones, por tanto se caería uno de las principales premisas del Ejecutivo catalán: "No tendrá ningún coste para las arcas públicas".
La Generalitat no ejerce la opción de compra
Aún no se ha firmado la compra del suelo por parte del Ejecutivo catalán, que para evitar tener que hacer una partida presupuestaria y ante la carencia de apoyos de la oposición ha recurrido al Incasòl, que sufragará el coste íntegramente. Para que la operación no cueste un euro público se espera después que estos terrenos pasen a manos de Hard Rock.
Así, existe el riesgo de que finalmente la operación acabe costando dinero a los catalanes si la gestora de los casinos y hoteles pacta un precio por debajo del pagado por la Generalitat a Criteria, o bien haga las maletas y abandone el proyecto. Un escenario "poco probable".
Como es habitual, ni Criteria, ni la Consejería de Territorio ni el Incasòl -Instituto Catalán del Suelo- han querido realizar comentario alguno sobre la situación actual, más allá de referirse a las palabras de Damià Calvet.
Críticas desde En Comú Podem
En Comú Podem y la CUP se han referido al proyecto sin obtener una respuesta clara por parte de Pere Aragonés y Damià Calvet, consejeros de Economía y Territorio, respectivamente. La confluencia de Unidas Podemos ha puesto en duda la capacidad de Tarragona para albergar más macroproyectos turísticos, al tener ya Port Aventura y Ferrari Land. Así lo ha asegurado David Cid, portavoz en este asunto de En Comú Podem, en declaraciones a El Liberal. "A pesar de redefinirse el proyecto, se edificará el casino más grande de Europa", ha señalado. "No solo es trabajo precario, sino también los problemas asociados con la ludopatía", ha indicado.
Tampoco ve claro el papel que juega la Generalitat en una operación, a priori, entre dos empresas privadas. Desde la Generalitat no han explicado aún el por qué Incasòl ostenta la opción de compra de los terrenos propiedad de La Caixa, más allá de que se trata de un papel de intermediario en un proyecto beneficioso para la economía catalana y que no costará un euro a los catalanes.
Tanto Aragonés como Calvet tendrán que dar las oportunas explicaciones en la Comisión mixta del Parlament. En teoría tenían que haber comparecido en octubre, pero la Cámara Catalana cambió la agenda tras la sentencia del juicio de procés.
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