Las gasolineras de Cepsa en Cataluña, condenadas a pagar 5 millones por fraude a la Seguridad Social

Las gasolineras de Cepsa en Cataluña han sido condenadas a abonar casi cinco millones de euros por fraude a la Seguridad Social, después de una denuncia presentada por CGT de Cataluña a la Inspección de Trabajo, ha informado el sindicato en un comunicado este martes.

CGT de Cataluña ha explicado que Cedipsa, empresa encargada de la gestión de sus gasolineras, puso en marcha un plan de reestructuración del personal encargado de sus instalaciones, que consistía en "la substitución paulatina de los trabajadores directamente contratados en la compañía por falsos autónomos que supuestamente gestionaban las franquicias".

De este modo Cedipsa tendrá que liquidar las cuotas pendientes a la Seguridad social de un mínimo de 400 autónomos, a los que se ha dado de alta automáticamente.

Jornadas de 70-80 horas semanales

La organización ha ido recogiendo testimonios de trabajadores de las gasolineras de Cepsa: jornadas de 70-80 horas semanales y dormían en colchones en almacenes para "tener tiempo de hacer las asfixiantes tareas que la empresa exigía sin las garantías de horario y salario que recoge el convenio colectivo".

"Siempre bajo condiciones draconianas tanto en la facturación de combustible como de productos vendidos en las tiendas. Cuando a un trabajador le vencía el contrato temporal, la oferta era siempre la misma: Si quieres seguir trabajando, te tienes que hacer autónomo", ha expuesto la CGT. 

"La relación laboral recordaba contextos de semiesclavitud y ausencia de derechos de forma generalizada", ha alertado CGT de Cataluña.

Denuncias a Inspección de Trabajo

Es por ello que presentó denuncias a la Inspección de Trabajo para las cuatro provincias catalanas y ha indicado que es "muy probable" que Cedipsa haga alegaciones a esta cantidad, por lo que el organismo esperará al resultado final antes de estimar una sanción para la empresa.

"Exigimos a Cedipsa que ponga punto final al maltrato de su plantilla, que regularice la incorporación como trabajador a todos los efectos al cerca del millar de personas afectadas, antes que un juzgado le obligue", ha defendido.

El sindicato ha avisado de que, si no es así, pedirán "el máximo de penalización posible sin descartar responsabilidad individual por la hiperexplotación a la que han sometido a todo el colectivo".