Publicado: 27/01/2020 19:16
La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha vuelto a dar de nuevo el alto a Ada Colau. Y otra vez ha sido por un asunto turbio relacionado con los autobuses metropolitanos. En esta ocasión, la ACCO ha presentado un recurso contencioso administrativo por el contrato de explotación de una línea de autobús del puerto de Barcelona con pinta de haber sido amañado desde el consejo del área metropolitana (AMB) que preside la alcaldesa. Competència considera “altamente restrictivas” las cláusulas de la concesión de la nueva línea interurbana resultante de la unión de la actual línea 88 (Paral·lel -Zona Portuària) y la PR4 (El Prat-ZAL) y las ha recurrido para impedir su adjudicación.
El ente que vela por la libre competencia en Cataluña considera que las cláusulas del contrato, que asciende a 1,7 millones de euros, suponen una "falta de concurrencia y competencia en una licitación pública" porque podrían beneficiar a una determinada compañía. En palabras llanas, se sospecha que el contrato se habría amañado para favorecer a una compañía en concreto, aunque Competència no ha precisado de cuál se trataría.
Un precio más elevado por un servicio peor
La ACCO también sostiene que mantener el contrato de la línea de autobús en estas condiciones perjudicaría a la propia AMB y a los usuarios porque, restringir en número de empresas que pueden optar al concurso “con mucha probabilidad supondrá pagar un precio más elevado y los usuarios recibirán un servicio de peor calidad”.
La línea 88 está actualmente explotada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) denominada UTE Línea 88 que está integrada por las compañías Hispano Igualadina, Monforte Bus y Castromil, mientras que la PR4 tiene como concesionaria a la mercantil Transports Ciutat Comptal (TCC), una empresa mixta de la que forman parte la empresa de Transports Públics de Barcelona (TMB) y el holding privado Moventia.
Entre las condiciones de la licitación que Competència considera restrictiva, y por lo tanto irregulares, destaca que se exija a cualquier UTE que se presente al concurso que al menos una de las empresas que la integra tenga la solvencia técnica necesaria para prestar todo el servicio, algo que ahora solo se exige al conjunto de la UTE (es decir, la suma de todas las empresas es a que garantiza la solvencia). Además, resulta sospechoso que la licitación no se haya planteado “en lotes” como suele ocurrir en situaciones como esta, donde se fusionan dos concesiones diferentes.
Las cláusulas perjudican a la UTE que explota la L88
De entrada, y solo dando un vistazo al pliego de condiciones, queda bastante claro que las cláusulas aprobadas por el AMB perjudican a la empresa que explota la actual línea 88, mientras que benefician a la adjudicataria de la PR4. Eso sin tener en cuenta que las restricciones dejan fuera de poder optar al contrato del autobús del puerto de Barcelona a muchas otras posibles ofertas, UTE y compañías.
El recurso contencioso administrativo presentado por la ACCO no tiene carácter suspensivo por lo que la AMB podría proseguir con la contratación de la nueva línea de buses del puerto de Barcelona, si lo cree conveniente. No obstante, si el juez acabara dando la razón a la Autoritat Catalana de la Competència, el concurso y la adjudicación serían anulados con efecto retroactivo.
A esta denuncia que salpica a Colau se une a la investigación que la ACCO mantiene abierta por presuntas irregularidades en la concesión del Aerobús (el autobús que conecta el Aeropuerto de El Prat con el centro de Barcelona), Competència tiene indicios de que las empresas Tugsal y (de nuevo) TCC vulneraron la normativa del mercado, poniéndose de acuerdo para que el servicio acabara siendo adjudicado a Tugsal.
Dos impugnaciones más contra la AMB en 2019
La ACCO también impugnó el año pasado la contratación por parte del AMB de Colau del servicio colectivo de autobuses entre las ciudades Sant Boi, Sant Joan Despí, Cornellà y Sant Feliu de Llobregat (que asciende a 319 millones de euros) y la línea de bus urbana entre barrios barceloneses de Horta y Gràcia (licitada por 30,37 millones de euros).
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