El Liberal - Economía

Torra obliga a fondos y banca a ofrecer a los 'okupas' un alquiler social de 7 años

La Generalitat aprueba un polémico decreto sobre la vivienda en el que da facilidades a quienes hayan ocupado una vivienda de forma ilegal durante al menos seis meses

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. EFE

La banca y los fondos de inversión deberán ofrecer en Cataluña un alquiler social hasta siete años a quienes hayan ocupado ilegalmente una vivienda durante al menos seis meses y acrediten una situación de vulnerabilidad. 

Este es parte del decreto aprobado por el gobierno de Torra este lunes, en vísperas de Nochebuena. Según ha afirmado la Generalitat, se trata de solucionar problemas graves ante la escasa oferta de viviendas públicas. La medida se aplicará en las viviendas ocupadas durante al menos seis meses desde la entrada en vigor, previsiblemente el próximo 27 de diciembre, aunque deberá ser convalidada en el pleno del Parlament, ya en 2020. 

La Generalitat ha sumado a esta medida a En Comú Podem, junto a ERC y JxCat, por lo que superaría el trámite parlamentario, aunque varios aspectos del decreto están supeditados a la aprobación de los Presupuestos, una maniobra para continuar la legislatura incluso si Torra fuera inhabilitado.

Los grandes perjudicados son tanto las entidades financieras como los fondos de inversión ya que deberán solucionar también problemas asociados a los impagos de hipoteca o el alquiler antes de acudir a los tribunales. La medida eleva así en cuatro años los tres años de alquiler social obligatorio estipulados hasta ahora.

Expropiaciones a grandes propietarios

Además, redefine el concepto de grandes propietarios. Ahora se consideran como tales quienes dispongan de 15 o más viviendas, en lugar de los 1.250 metros cuadrados habitables. Estos dueños de viviendas deberán ofrecer a sus inquilinos vulnerables un alquiler social hasta cinco años.

La Generalitat de Torra podrá expropiar viviendas de los grandes propietarios si llevan vacías dos o más años. El precio a pagar será la mitad del valor del inmueble. La diferencia corresponde a la Administración expropiante, de acuerdo con la legislación sobre suelo y rehabilitación urbana, puesto que conlleva el "incumplimiento del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística", según afirma el ejecutivo catalán.

Los alquileres sociales se renovarán obligatoriamente cuando, finalizada su duración máxima, los ocupantes se encuentren aún dentro de los parámetros legales de exclusión residencial.

El 40% del suelo, destinado al alquiler social

A pesar de la caída de la construcción en Barcelona por las medidas impuestas por el Área Metropolitana, la Generalitat ha elevado la reserva de suelo a la vivienda social del 30% al 40% en suelos urbanos no consolidados y en suelos urbanizables delimitados.

El plan de la Generalitat es elevar este porcentaje al 50% en suelos urbanizables delimitados y un 40% en suelos urbanos no consolidados en los municipios catalanes con elevada demanda de vivienda acreditada.

Todos los Ayuntamientos de Cataluña tendrán que realizar inventario del suelo municipal durante el próximo curso y realizar una programación para su desarrollo en un plazo de dos años.

Construcción de pisos de protección oficial

La Generalitat ha fijado los precios de venta y alquiler de viviendas sociales en función del suelo, construcción y situación geográfica. Los 41 municipios del Área Metropolitana de Barcelona se simplifican a través de un único módulo.

De esta forma, aumentará el precio de las viviendas de protección oficial en algunas zonas de la AMB, pero se equipara con los costes, motivo por la construcción en Barcelona ha caído con fuerza en la actualidad por las pérdidas generadas.

Para el cálculo del precio de venta máximo de una vivienda de protección oficial, la Generalitat estipula un precio del suelo de 7,5 euros por metro cuadrado, actualizable mediante la ley de acompañamiento de los Presupuestos y los costes normales de urbanización y de edificación.

Correcciones del precio

El factor de las características del inmueble "permite corregir el precio básico a la baja o al alza en función de la eficiencia energética", con el fin de potenciar la promoción de viviendas de protección oficial energéticamente más eficientes, y en función de la antigüedad y el estado de conservación respecto de las viviendas usadas.

La renta máxima de una vivienda de protección oficial será de tan solo el 4,8%, sin perjuicio de que se pueda actualizar, también, mediante la ley de acompañamiento a la Ley de presupuestos.

Los déficits entre la renta máxima y la que podrían asumir razonablemente los usuarios más desfavorecidos deberán ser cubiertos mediante ayudas públicas a la promoción que permitan reducirla o mediante bonificaciones a la renta en función de su nivel de ingresos, según señala el decreto.

Por otra parte, se introducen cambios que afectan a la gestión del Registro de suelo. Se baja de tres a un año el período para la renovación de la inscripción, a fin de garantizar que dicho Registro responda lo mejor posible a la realidad de la demanda de vivienda de protección pública.

En cuanto a las adjudicaciones de viviendas de protección oficial de promoción privada, se regulan en función de la existencia de ayudas públicas a la promoción, de su destino al régimen de alquiler o de la calificación del suelo como vivienda de protección pública. La adjudicación se hará por orden de antigüedad.



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