El Liberal - Economía

Montadores, restauración y expositores preparan demandas por la cancelación del Mobile World Congress

Cientos de empresas estudian y analizan con bufetes de abogados las cláusulas de responsabilidad de los contratos con la Fira de Barcelona y GSMA para poder reclamar indemnizaciones

El coronavirus COVID-19 ha sido la principal causa de la cancelación del Mobile World Congress 2020, según han argumentado tanto los organizadores del evento -GSMA y Fira de Barcelona- como las administraciones del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, y en contra del criterio del Gobierno de España.

Empresas montadoras de los stands, servicios de restauración y expositores estudian demandar tanto a la Fira de Barcelona como a GSMA por esta decisión unilateral a falta de 12 días del inicio del evento. 

Sin embargo, nadie se cree que esta "causa de fuerza mayor" sea el principal motivo de la cancelación del Mobile World Congress. "Se están disputando con absoluta normalidad eventos deportivos, las ferias en toda España prosiguen sin que nadie haya puesto en duda su celebración", han señalado bufetes de abogados consultados por El Liberal, y recuerdan que en Amsterdam se está llevando a cabo estos días una feria tecnológica a la que acuden empresas que habían cancelado previamente su asistencia a la feria tecnológica más importante del mundo

Fira y GSMA tienen complicado defender "la fuerza de causa mayor"

A juicio de algunos de los bufetes, se trata de una excusa con "escasa validez ante un juez". Sin restar importancia a la pandemia, Miquel Morales, asociado de AGM Abogados, ha indicado que no hay ningún tipo de alarma sanitaria en España. Los organizadores del evento tendrían complicado justificar la cancelación por "causa de fuerza mayor". "Será difícil de defender en un juzgado" esta argumentación ante la ausencia de restricciones y alarma sanitaria en España por este virus, ha relatado.

Las defensas podrían argumentar en sus demandas la celebración de partidos de fútbol e incluso que algunas de las empresas que han cancelado su presencia en el Mobile World Congress antes de la suspensión del evento se han instalado en la feria de la capital holandesa, echando por tierra los argumentos esgrimidos el pasado miércoles.

Todos los pedidos cárnicos, cancelados

El presidente de Anafric (asociación empresarial cárnica), José Frigols, ha asegurado a El Liberal que espera el informe de las empresas afectadas por el Mobile World Congress. Según ha cifrado, cerca de medio centenar de empresas se han visto afectadas por la cancelación de "todos los pedidos" por parte de restaurantes y establecimientos hoteleros por la "nefasta medida" adoptada por GSMA. Según ha expuesto, la cancelación de la feria "no está justificada" ya que se está celebrando una similar en Amsterdam.

Según ha indicado, el Mobile World Congress iba a ser un revulsivo económico para estas empresas tras los números contabilizados en enero. "No ha sido un buen mes", ha indicado. Por otro lado, ha puesto en valor las medidas de prevención adoptadas por la Consejería de Salud de la Generalitat. "Ha actuado brillantemente", ha afirmado. 

Examen de la letra pequeña de cada contrato 

Morales también ha indicado que habría que estudiar cada uno de los contratos debido a la jurisdicción prevista en estos acuerdos en caso de cancelación. No descarta así que se hayan establecido en estos pactos que sean tribunales de arbitraje extranjeros u ordinarios para presentar la demanda, aunque recomienda antes de llegar a estas instancias alcanzar algún tipo de acuerdo.

Otro de los problemas se centra en los seguros contratados tanto por los organizadores como por la Fira, así como empresas al por mayor que han canalizado numerosas reservas hoteleras y alimentación. Los abogados consultados señalan que habría que mirar cada una de las pólizas y casi dan por descartado que las aseguradoras de las empresas afectadas asumirán las cantidades reclamadas. 

La pregunta que deberá responder en cada caso es si las pólizas de GSMA y la Fira cubren los costes, o por contra tendrán que abonar las millonarias cantidades que previsiblemente se pedirán ante los jueces.



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