El Liberal - Economía

Emergencia social y económica

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón (1i), y el ministro de Sanidad, Salvador Illa (1d), durante la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus.
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón (1i), y el ministro de Sanidad, Salvador Illa (1d), durante la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. EP

La cara dura del presidente Sánchez sobrepasa todos los límites aceptables. El pasado 15 de marzo, el escritor Javier Marías se lamentaba en su columna dominical del engaño que habían sufrido todos aquellos ciudadanos que votaron al PSOE confiando en que Sánchez se mantendría fiel a la palabra dada antes de las elecciones, y concluía decepcionado que “a este gobierno que nos han colado con mala fe, jamás lo habría votado”. No quiero hurgar en su herida, aunque me sorprende que un hombre tan perspicaz como Marías se fiara todavía de la ‘palabra’ de Sánchez porque había ya motivos suficientes para desconfiar de su palabra antes del 10-N.

Como el artículo de Marías fue escrito quince días antes de publicarse, el autor no se refiere a la transformación igualmente mefistofélica que ha experimentado Sánchez al abordar la plaga más dañina que ha sacudido la sociedad española desde el final de la Guerra Civil. La crisis que el presidente califica ahora con cara compungida en ruedas de prensa virtuales como la mayor amenaza a nuestra salud y a nuestra economía, no era motivo de alarma hasta la noche del 8 de marzo cuando se la asemejaba a una ola de gripe perfectamente asumible por nuestro magnífico sistema sanitario. La banalización de la amenaza en las etapas iniciales de la crisis me recuerda a su inefable antecesor, Rodríguez Zapatero, cuando afirmó sin pestañear en 2008 que “quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”. Sin comentarios.

El paquete de medidas

Sánchez compareció el 17 de marzo para anunciar “la mayor movilización de recursos económicos de la democracia” aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a la crisis sin “dejar a nadie atrás”. El Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias contempla movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca del 20% de PIB, 117.000 millones aportados íntegramente por las Administraciones Públicas y el resto a través de la movilización de recursos privados. Según afirmó el presidente, “el primer hito será frenar la caída de la producción y del empleo, el segundo hito será doblegar esa curva de caída, y la meta será iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás”.  

El paquete de medidas contempla cuatro ámbitos de actuación: apoyo a las familias, apoyo a los trabajadores, apoyo a las empresas y ayudas a la investigación,

  • Medidas de apoyo a las familias: 600 millones dedicados a la financiación de prestaciones básicas de servicios sociales realizados por CC. AA. y CC.LL. Se garantiza también el suministro de servicios públicos esenciales como agua y energía a las familias más vulnerables, el acceso a las telecomunicaciones y el derecho a la vivienda estableciendo una moratoria de las hipotecas para los deudores hipotecarios que vean reducirse sus ingresos.
  • Medidas de apoyo al empleo: los asalariados podrán adaptar o reducir su jornada de trabajo hasta el 100%, establecer el trabajo telemático y la flexibilización y agilización de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTES) que tendrán consideración de fuerza mayor y otorgarán a todos los trabajadores el derecho a percibir la prestación contributiva, aunque no cumplan el requisito para su percepción, y esas percepciones no disminuirán sus derechos futuros. Asimismo, se prevé la exoneración de cotizaciones a los trabajadores autónomos y la posibilidad de percibir la prestación por cese de actividad en caso de dificultad económica.
  • Medidas de apoyo a las empresas: se exonera a las empresas del pago de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios y se crea una línea de liquidez avalada por el Estado por 100.000 millones que permitiría movilizar hasta 150.000 y 200.000 mil millones. Se establece también una línea de avales especiales de hasta 2.000 millones a las empresas exportadores, se anuncia la puesta en marcha programas para propiciar la digitalización y la I+D para facilitar la implantación del teletrabajo y se reforma la normativa sobre inversiones extranjeras para impedir que empresas de fuera de la UE tomen el control de empresas aprovechando las caídas de las cotizaciones bursátiles.
  • Medidas de apoyo a la investigación: 30 millones de euros destinados a encontrar una vacuna destinados al CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.

Si tuviera que resumir en dos palabras el plan de Sánchez, éstas serían improvisación e inconcreción. Se aprecia que ni el gabinete del Gobierno ni los Ministerios de Sanidad, Economía, Hacienda, Industria y Turismo, etc., han aprovechado las últimas semanas para elaborar planes de contingencia precisos y detallados. De momento, sólo conocemos que la Administración Central va a destinar 600 millones a financiar prestaciones sociales a cargo de CC.AA. y CC.LL, 2.000 millones a avalar a empresas exportadoras y 30 millones a la investigación. La suma de las tres partidas asciende a 1,3% de los 200.000 millones anunciados, repito, 1,3% de los 200.000 millones. Incluso concediendo que las CC. AA. y CC. LL. estén ahora en condiciones de hacer llegar una parte de esos fondos a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, me pregunto cuánto quedará algo para reforzar la atención sanitaria.

En cuanto al resto, el plan de Sánchez suscita más preguntas que respuestas. ¿Ha estimado el Gobierno cuántos trabajadores quedarán afectados por ERTEs y cuánto aumentará el gasto del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) en prestaciones a desempleados y pago de las cotizaciones de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo? ¿Está el Tesoro en condiciones de aumentar las emisiones netas de deuda para aportar los 100.000 millones previstos para alimentar la línea de crédito que proporcionará liquidez a las empresas? ¿A cuánto ascenderá la caída de la recaudación y la necesidad de financiación del conjunto de las AA. PP. en 2020? El Gobierno ya mostró escasa diligencia en adoptar medidas para dificultar la llegada y expansión del virus y preparar a nuestro sistema sanitario para afrontar la emergencia, y el plan económico anunciado el pasado lunes por el presidente adolece del mismo defecto.

Las fuertes caídas de los mercados financieros en las últimas semanas y el repunte que registró la prima de riesgo de la deuda española el miércoles 18 de marzo demuestran que los inversores habían perdido la confianza y juzgaban insuficientes las medidas anunciadas por Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), el 12 de marzo. La decisión de aumentar en 120.000 millones las compras del BCE de activos hasta septiembre, 100.000 en deuda y 20.000 millones en activos con respaldo hipotecario, resultaba ridícula frente a los 700.000 millones anunciados por la Reserva Federal. Afortunadamente, el 19 de marzo el BCE rectificaba y ampliaba en una reunión extraordinaria aumentar las compras de activos públicos y privados a 750.000 millones.

Cuánto podría caer el PIB

La caída del PIB en 2020 dependerá del tiempo que se tarde en frenar la expansión del coronavirus y se restablezca la normalidad productiva en las empresas, no sólo en España sino en la Eurozona, en la UE-27 y en el mundo. En España, a la vista de la evolución de la epidemia y las medidas adoptadas, la caída de la actividad económica podría situarse en torno a 7% en el primer trimestre y alcanzar y el 40% en el segundo trimestre de 2020.  Asumiendo que el Estado se haga cargo del 75% de los salarios y de la totalidad de las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados por ERTEs, la caída de las rentas salariales en el primer y segundo trimestres quedaría mitigada en gran medida, pero la caída del Excedente de Explotación Bruto/Renta Mixta Bruta y de los Impuestos netos ligados a la producción e importación registrará un descenso muy importante. La caída del PIB podría alcanzar 12,5% del PIB en el primer semestre de 2020 y el aumento del déficit de las AA. PP. dispararse hasta el 11,5% del PIB del semestre. Estas consecuencias se amortiguarán en el segundo semestre, si logramos contener la pandemia en los próximos meses y recuperar los niveles de actividad en el tercer y cuarto trimestre de 2020, aunque lo más probable es que se produzcan también caídas de la actividad en el segundo semestre. Por ello, cabe anticipar que en el escenario más favorable el PIB caerá en torno a 7% y el déficit público superará holgadamente el 8% del PIB en 2020. En caso de que las caídas de actividad fueran elevadas también en el segundo semestre de 2020, la situación de las empresas y de las finanzas de las AA. PP. podría devenir insostenible.

El coronavirus constituye la mayor amenaza a la que se han enfrentado la sociedad y la economía españolas desde la Guerra Civil y sólo hay un camino para detener la sangría en vidas y amortiguar el previsible desplome de la actividad económica: seguir los pasos de China. La prioridad en estos momentos es concentrar todos los recursos públicos en reforzar nuestro sistema sanitario –asombra que los medios presten tanta atención a las fallidas Fallas y el alcalde de Valencia amplíe las subvenciones a las comisiones falleras del 25% al 75%– para salvar vidas y para frenar la expansión de la epidemia y controlarla en el menor tiempo posible. El tiempo vale oro y cuantos más euros se destinen a reforzar las medidas sanitarias para controlar la pandemia, antes recuperaremos la normalidad social y menor será el deterioro de nuestras empresas y nuestras finanzas públicas. Tiempo habrá para pedir responsabilidades a los ‘expertos’ y políticos que afirmaban sin inmutarse que “en España no hay riesgo de infectarse”, y para reflexionar con sosiego sobre los beneficios de la globalización.



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